ONPE garantiza legalidad en repliegue de actas electorales desde el extranjero

En respuesta a diversas dudas ciudadanas sobre el traslado de las actas de votación desde el exterior, la representante de la ONPE aclaró que no existió modificación alguna en el marco legal que rige los comicios. La funcionaria aseguró que el artículo 244 de la Ley Orgánica de Elecciones continúa intacto, detallando cómo debe ser el trabajo conjunto entre la Cancillería y la ONPE para garantizar el repliegue seguro de todas las actas electorales.

En la primera vuelta, se empleó una herramienta tecnológica de apoyo para digitalizar las actas en los consulados. Sin embargo, esta no reemplazó la obligación de enviar las actas físicas de vuelta al país. Tras evaluar técnicamente entre la primera y segunda vuelta, ambas instituciones determinaron retornar al método tradicional.

La vocera explicó que el procedimiento adoptado para esta segunda vuelta sigue los lineamientos técnicos establecidos para cada elección presidencial, garantizando que los documentos no sean manipulados antes de su llegada a las oficinas correspondientes del territorio nacional. Una vez que las actas arriban al país, el personal especializado procede con su digitalización y procesamiento inmediato.

El pasado 7 de junio miles de peruanos en el extranjero votaron. La vocera resaltó que los lineamientos son un conjunto de pautas que dictan cómo verificar locales y capacitar funcionarios, permitiendo que la jornada electoral se desarrolle con normalidad y protegiendo el derecho de todos los peruanos.

El protocolo actual asegura que la cadena de custodia no se vea comprometida en ningún momento. La digitalización centralizada permite que los votos de los peruanos en el exterior sean incorporados al conteo final con la misma transparencia aplicada a las mesas dentro del Perú.

“Esa herramienta de apoyo permitía digitalizar las actas desde el exterior, pero no dejaba o no excluía el envío posterior de los ejemplares de las originales con la misma mecánica que siempre se ha dado para todas las elecciones presidenciales”

La ONPE ratifica así su compromiso con la transparencia y legalidad en todo el proceso electoral.

El conflicto entre el Ejecutivo y la superintendencia escaló al plano legislativo tras acusaciones de que la ministra habría impulsado decisiones para desestabilizar la gestión institucional. Los críticos señalan que estas acciones ponen en riesgo los avances de la reforma universitaria y las garantías de calidad en la educación superior.

La moción, respaldada por diversas bancadas parlamentarias, exige que la funcionaria acuda al Pleno para responder un pliego de preguntas sobre el sustento técnico y legal de la resolución. El documento cuestiona específicamente cómo se respetó la interpretación vinculante del Tribunal Constitucional respecto a la independencia de los directivos.

El Parlamento también busca determinar si las medidas omitieron los plazos de la Ley Universitaria y si los cambios intempestivos buscan flexibilizar condiciones básicas para favorecer a universidades previamente denegadas en sus procesos de licenciamiento. La moción refleja un consenso político sobre la necesidad de transparencia ante estas decisiones administrativas.

Conflicto judicial por autonomía

En paralelo, el Poder Judicial admitió una demanda de amparo presentada por el superintendente de la SUNEDU, Vicente Espinoza. Esta acción legal busca frenar la imposición de un nuevo titular y proteger la independencia de la institución frente a las presiones del Ministerio de Educación.

La resolución ministerial cuestionada es la N.° 338-2026-MINEDU, la cual modificó la composición del Consejo Directivo. El debate parlamentario y el proceso judicial coinciden en señalar la gravedad institucional que este conflicto genera para la autonomía de la supervisión educativa.

La convocatoria oficial del partido no precisó la ubicación exacta donde se llevará a cabo la actividad ni los temas específicos que serán abordados durante la sesión informativa. La medida busca generar expectativa entre los simpatizantes y la opinión pública antes de las revelaciones programadas para mañana.

Esta convocatoria surge en un momento de alta actividad legal para la organización, tras haber generado atención por sus recientes acciones ante el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1. Dicha instancia admitió a trámite la apelación del partido para solicitar la nulidad de 1,751 mesas de sufragio instaladas en la capital.

Adicionalmente, Juntos por el Perú interpuso una apelación respecto a su pedido de nulidad de votos emitidos en el extranjero. La organización manifestó que confía en que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) realizará una evaluación rigurosa para fortalecer la legitimidad del proceso y la confianza ciudadana.

En un comunicado oficial, la agrupación destacó lo siguiente:

“Confiamos en que el Jurado Nacional de Elecciones realizará una evaluación rigurosa de nuestro recurso, contribuyendo a fortalecer la legitimidad del proceso electoral y la confianza ciudadana en las instituciones democráticas”

Por otro lado, el escenario político local incluye otras gestiones paralelas, como la solicitud de indulto humanitario para Alejandro Toledo por parte de Eliane Karp y las consideraciones de Jorge Nieto sobre un posible indulto para Pedro Castillo.