Rospigliosi había solicitado dejar sin efecto todo el proceso penal que culminó con su condena. Su objetivo era lograr la anulación de la sentencia específica que lo declaró responsable del delito. El exlegislador dirigió su demanda contra el propio Poder Judicial, alegando una vulneración a su libertad individual y al derecho al juez natural.

En el fondo, el excongresista cuestionaba la motivación de las resoluciones judiciales. Sostuvo que hubo una indebida motivación en los fallos que lo condenaron, e invocó la vulneración de su derecho a la tutela procesal efectiva. Sin embargo, el juzgado constitucional no encontró argumentos suficientes para darle curso a la petición.

Fundamento legal del rechazo judicial

El juez Jorge Luis Ramírez Niño de Guzmán sustentó su decisión en el artículo 9 del Código Procesal Constitucional. Esta norma establece las causales específicas de improcedencia para este tipo de demandas. Además, el juez aplicó, en sentido contrario, lo dispuesto en el artículo 1 del mismo para fundamentar el rechazo de la acción.

Un punto crucial que pesó en el fallo fue el estatus procesal de la resolución que Rospigliosi buscaba cuestionar. El juzgado señaló que dicha resolución aún no ostenta la calidad de firme. Por esta razón, consideró que no era procedente realizar un control de constitucionalidad sobre su motivación o sobre los fundamentos de la impugnación presentada.

El fallo también calificó como debatible el tema de los privilegios parlamentarios que el excongresista había puesto sobre la mesa. La sentencia original, que lo declaró autor del delito contra el honor, en la modalidad de difamación agravada, en perjuicio de Delia Espinoza, fiscal suprema y titular del Ministerio Público, salió del Segundo Juzgado Supremo Unipersonal de la Corte Suprema el 15 de abril de 2026.

Finalmente, el juzgado ordenó notificar la resolución a las partes. Una vez que esta decisión quede consentida o ejecutoriada, se procederá al archivo definitivo del expediente.

Keiko Fujimori informó que los recursos estarán orientados a mejorar la preparación nacional ante los efectos asociados al fenómeno climático. El anuncio contempla medidas preventivas en regiones expuestas, incluyendo una disposición para intervenir 70 puntos críticos ubicados en Áncash, La Libertad, Lambayeque, Piura, Tumbes y Lima.

El Ejecutivo aprobó medidas extraordinarias destinadas a atender cauces y quebradas que presentan alto riesgo de inundaciones y lluvias intensas. Estas labores incluyen trabajos de limpieza, descolmatación y conformación de bordos en los puntos identificados. La Autoridad Nacional del Agua (ANA) liderará estas tareas y deberá entregar informes detallados, registrando los lugares atendidos mediante georreferenciación.

Intervenciones específicas contra el riesgo climático

Para ejecutar estas acciones, se asignaron más de S/129 millones destinados a trabajos en cauces. Adicionalmente, otros S/50 millones se utilizarán para instalar barreras dinámicas en quebradas de Lima y Huarochirí, como Chosica, Santa Eulalio y Cieneguilla. En conjunto, estas dos partidas representan más de S/179 millones dirigidos a acciones específicas de mitigación.

El Decreto de Urgencia N.º 008-2026 fundamenta estas acciones al considerar información del ENFEN sobre la continuidad del Niño Costero hasta abril de 2027. La norma también contempla la protección de la infraestructura hidráulica y agrícola, además de los sistemas de riego vinculados a la producción alimentaria en los valles de la costa norte.

Las medidas buscan ejecutar trabajos antes de que se presenten los mayores efectos del fenómeno El Niño, abarcando tanto la costa norte como sectores de Lima y Huarochirí. El Gobierno mantiene, simultáneamente, acciones de preparación ante posibles periodos de sequía, buscando una respuesta integral al riesgo climático.

José Quispe, dirigente del Cono Este, confirmó que la cita con el Ejecutivo tiene como objetivo principal reforzar las medidas de seguridad para las empresas del sector. Quispe detalló que su gremio respalda el llamado «Plan Escudo» impulsado por el Gobierno, el cual busca contener la inseguridad que afecta a los transportistas diariamente.

En este sentido, el Plan Escudo contempla el despliegue de efectivos del Ejército en patios de maniobras. El dirigente reconoció que la medida ha tenido resultados en los espacios donde se ha instalado la presencia militar. Sin embargo, insistió en que es crucial ampliar la seguridad más allá de los patios, ya que los ataques han ocurrido en zonas sin presencia militar.

«Hemos recibido una invitación y vamos a reunirnos con la presidenta, quien entiende que Transportes Unidos son netamente empresarios. […] Hasta ahora vamos con 37 hombres del Ejército ubicados en patios de maniobras, aunque entendemos que no resuelve al cien por ciento esto»

Desafíos de seguridad y el diálogo con el Ejecutivo

La expectativa de la reunión con el Ejecutivo es que se definan compromisos más amplios para enfrentar la violencia que golpea al sector. Quispe también destacó el trabajo de la Policía Nacional, señalando que sería «mezquino» no reconocer su esfuerzo en la protección de los transportistas.

La diferencia de posturas dentro del gremio es notable. Mientras Transportes Unidos busca el diálogo y apoya el plan gubernamental, otros sectores de transportistas cuestionan la estrategia. Estos grupos señalan que la custodia en paraderos no es suficiente para garantizar la seguridad.

Según estos sectores, el problema es más profundo, pues el 80% de los atentados contra buses ocurre en ruta, y no en los patios de maniobras. Esta divergencia de posturas refleja la fragmentación del sector y la dificultad para alcanzar un consenso sobre las medidas de seguridad.

La reunión de Transportes Unidos con el Gobierno será clave para determinar si el Ejecutivo logra contener la creciente protesta de los gremios, que han anunciado un paro en Lima y Callao para el 25 de agosto.