Rospigliosi había solicitado dejar sin efecto todo el proceso penal que culminó con su condena. Su objetivo era lograr la anulación de la sentencia específica que lo declaró responsable del delito. El exlegislador dirigió su demanda contra el propio Poder Judicial, alegando una vulneración a su libertad individual y al derecho al juez natural.

En el fondo, el excongresista cuestionaba la motivación de las resoluciones judiciales. Sostuvo que hubo una indebida motivación en los fallos que lo condenaron, e invocó la vulneración de su derecho a la tutela procesal efectiva. Sin embargo, el juzgado constitucional no encontró argumentos suficientes para darle curso a la petición.

Fundamento legal del rechazo judicial

El juez Jorge Luis Ramírez Niño de Guzmán sustentó su decisión en el artículo 9 del Código Procesal Constitucional. Esta norma establece las causales específicas de improcedencia para este tipo de demandas. Además, el juez aplicó, en sentido contrario, lo dispuesto en el artículo 1 del mismo para fundamentar el rechazo de la acción.

Un punto crucial que pesó en el fallo fue el estatus procesal de la resolución que Rospigliosi buscaba cuestionar. El juzgado señaló que dicha resolución aún no ostenta la calidad de firme. Por esta razón, consideró que no era procedente realizar un control de constitucionalidad sobre su motivación o sobre los fundamentos de la impugnación presentada.

El fallo también calificó como debatible el tema de los privilegios parlamentarios que el excongresista había puesto sobre la mesa. La sentencia original, que lo declaró autor del delito contra el honor, en la modalidad de difamación agravada, en perjuicio de Delia Espinoza, fiscal suprema y titular del Ministerio Público, salió del Segundo Juzgado Supremo Unipersonal de la Corte Suprema el 15 de abril de 2026.

Finalmente, el juzgado ordenó notificar la resolución a las partes. Una vez que esta decisión quede consentida o ejecutoriada, se procederá al archivo definitivo del expediente.

Keiko Fujimori informó que los recursos estarán orientados a mejorar la preparación nacional ante los efectos asociados al fenómeno climático. El anuncio contempla medidas preventivas en regiones expuestas, incluyendo una disposición para intervenir 70 puntos críticos ubicados en Áncash, La Libertad, Lambayeque, Piura, Tumbes y Lima.

El Ejecutivo aprobó medidas extraordinarias destinadas a atender cauces y quebradas que presentan alto riesgo de inundaciones y lluvias intensas. Estas labores incluyen trabajos de limpieza, descolmatación y conformación de bordos en los puntos identificados. La Autoridad Nacional del Agua (ANA) liderará estas tareas y deberá entregar informes detallados, registrando los lugares atendidos mediante georreferenciación.

Intervenciones específicas contra el riesgo climático

Para ejecutar estas acciones, se asignaron más de S/129 millones destinados a trabajos en cauces. Adicionalmente, otros S/50 millones se utilizarán para instalar barreras dinámicas en quebradas de Lima y Huarochirí, como Chosica, Santa Eulalio y Cieneguilla. En conjunto, estas dos partidas representan más de S/179 millones dirigidos a acciones específicas de mitigación.

El Decreto de Urgencia N.º 008-2026 fundamenta estas acciones al considerar información del ENFEN sobre la continuidad del Niño Costero hasta abril de 2027. La norma también contempla la protección de la infraestructura hidráulica y agrícola, además de los sistemas de riego vinculados a la producción alimentaria en los valles de la costa norte.

Las medidas buscan ejecutar trabajos antes de que se presenten los mayores efectos del fenómeno El Niño, abarcando tanto la costa norte como sectores de Lima y Huarochirí. El Gobierno mantiene, simultáneamente, acciones de preparación ante posibles periodos de sequía, buscando una respuesta integral al riesgo climático.

El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, informó que estos recursos se sumarán a los 60 puntos críticos ya identificados por el Ejecutivo. El objetivo principal es mitigar los riesgos de desbordes ante lluvias intensas y proteger la vida de las personas, así como la infraestructura pública y privada.

Actualmente, el Gobierno tiene identificados cerca de 1,700 puntos críticos a nivel nacional, pero solo cuenta con presupuesto para intervenir aproximadamente 540 de ellos. Para cerrar esta brecha, el Ejecutivo promoverá la participación de empresas privadas mediante donaciones directas o el mecanismo de «servicios por impuestos», cuya normativa está en elaboración.

Este esquema permitirá que las empresas ejecuten labores de descolmatación y enrocado a cambio de certificados para la devolución de pagos por impuestos. El ministro Vinelli precisó que ya se han iniciado trabajos en Piura, Lambayeque y Tumbes, con intervenciones programadas también en La Libertad, Áncash, Lima, Ica y Arequipa.

Medidas de contingencia y obras

En Lima, se prevé la instalación de 10 mallas que se encontraban almacenadas en Santa Eulalia para retener rocas ante posibles huaicos o deslizamientos. No obstante, el ministro Vinelli aclaró que las soluciones estructurales para los problemas de drenaje en la capital no podrán ejecutarse en el corto plazo, ya que una intervención de fondo podría tomar entre dos y tres años.

Debido a esta limitación temporal, el Ejecutivo priorizará durante los próximos meses medidas de contingencia. Estas acciones incluyen la limpieza de drenes y cauces, la instalación de albergues y la disponibilidad permanente de maquinaria y equipos de emergencia.