La posible salida de Guilfoyle surge tras reportes que indican que la embajadora aceptó regalos lujosos durante su gestión y solicitó dinero a cambio de facilitar acceso a figuras del Gobierno antes de su nombramiento oficial. Estos hechos generaron malestar entre altos funcionarios del Ejecutivo, especialmente porque las acusaciones surgieron mientras el secretario de Estado, Marco Rubio, visitaba Atenas para un discurso sobre la democracia occidental.

La Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Estado investiga actualmente a la diplomática por estas presuntas irregularidades. Aunque la oficina de prensa de la OIG no emite declaraciones sobre casos en curso, una fuente familiarizada con el proceso confirmó que la investigación está en marcha.

Ante las preguntas de la prensa sobre el futuro de la embajadora, el presidente Trump no ofreció una defensa inmediata. «Acabo de enterarme. Qué lástima. Quiero decir, no sé», declaró el mandatario, añadiendo que, aunque no conocía los , la funcionaria siempre había sido amable.

Los abogados de Guilfoyle han rechazado las acusaciones de corrupción, calificando los informes sobre sus viajes como engañosos. Aseguran que la embajadora cumplió con las normativas federales de declaración y que las solicitudes de pago eran simplemente cobros por servicios de consultoría previos a su ingreso al servicio público.

El vicepresidente J. D. Vance evitó pronunciarse sobre las consecuencias directas para la embajadora, pero manifestó su incomodidad con los acuerdos que ofrecen acceso a funcionarios de alto rango a cambio de dinero. Por su parte, el exdonante de Trump, Eric Deters, afirmó que planea demandar a Guilfoyle por difamación tras las aclaraciones de sus abogados sobre los mensajes de texto que involucran una supuesta deuda de 100,000 dólares.

La embajadora, quien mantuvo una relación cercana con la familia Trump tras su ruptura con Donald Trump Jr., podría enfrentar consecuencias inmediatas. El presidente ha manifestado anteriormente su rechazo a que sus aliados obtengan beneficios económicos derivados de su cercanía con él.

El proceso de debate en la Cámara Alta iniciará el martes 13, con el objetivo de emitir un dictamen final el jueves 15. Esta celeridad responde a las críticas del fujimorista Carlos Mesía, presidente de la Comisión de Constitución del Senado, hacia el trámite en la Cámara Baja, el cual calificó como «atroz» y fruto de una institución «joven e inexperta».

A pesar de la urgencia, surge una contradicción sobre el alcance del texto. Mientras el presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Reto, advirtió que el Senado no debe «desnaturalizar» lo aprobado, Mesía admitió que podrían incluirse materias adicionales. El legislador precisó que, si bien el enfoque principal es seguridad ciudadana y el Fenómeno El Niño, se podrían incorporar temas tributarios, laborales o de reactivación económica si se consideran necesarios para complementar las medidas originales.

La senadora fujimorista Patricia Juárez detalló las áreas específicas que Fuerza Popular busca integrar en el marco de las facultades legislativas senado Perú. Entre sus prioridades destacan la regulación de la participación de las Fuerzas Armadas en los penales y la creación de medidas para la micro y pequeña empresa, sectores que, según la parlamentaria, no fueron abordados por la Cámara de Diputados.

En el marco de estas negociaciones, el senador Daniel Barragán manifestó su disposición para dialogar e incluir puntos adicionales en el pedido. Por su parte, el presidente del Tribunal Constitucional, Pedro Hernández, aclaró que su institución no tiene competencias para emitir opiniones sobre el asunto, a menos que los actores involucrados soliciten formalmente su intervención.

La disputa sobre la inclusión de nuevos temas se centra en la interpretación de las facultades de la Cámara Alta. Mesía señaló que, ante la falta de un consenso sobre lo que constituye «desnaturalizar», la decisión final recaerá en el pleno del Senado mediante una interpretación que combine lo político y lo jurídico.

La senadora Patricia Juárez enfatizó la necesidad de regular la participación de las fuerzas del orden en las cárceles para evitar procesos judiciales prolongados contra los efectivos. Asimismo, señaló la urgencia de atender a los sectores de pesca y textil mediante la flexibilización de requisitos para la formalización.

El debate sobre la inclusión de temas adicionales se fundamenta en la búsqueda de un punto medio entre las posturas que exigen mantener el texto intacto y las que defienden la amplitud de funciones de la Cámara Alta. El proceso busca equilibrar las demandas de seguridad y reactivación económica dentro del marco legal vigente.

El Tribunal Constitucional ha sido informado sobre el proceso, aunque su participación queda supeditada a la voluntad de los actores involucrados. El Senado definirá la composición final del texto antes de la sesión del próximo lunes 19.

Segunda vuelta en Lima: Avanza País solicita al JNE aplicar la norma de elecciones regionales

Avanza País sostiene que, como Lima no integra ninguna región y su alcalde ejerce las funciones de un gobernador regional, debería aplicarse el artículo 5 de la Ley de Elecciones Regionales, que exige al menos 30% de votos válidos para ganar en primera elección. Actualmente, un alcalde provincial solo necesita la mayoría simple.

Con el 92.92945% de actas contabilizadas por la ONPE, Renovación Popular lidera con 27.715%, mientras que Avanza País le sigue con 26.836%. La diferencia es de 45,923 votos, equivalente a 0.879 puntos porcentuales. Sin embargo, Avanza País argumenta que es altamente improbable que alguna lista alcance el 30%.

El partido también ha pedido que el Jurado Electoral Especial se abstenga de proclamar al alcalde y de entregar credenciales hasta que el Pleno decida sobre la segunda vuelta.

Francis Allison, candidato de Avanza País, afirmó en una entrevista con Exitosa que la solicitud de segunda vuelta en Lima es «absolutamente válida» y pidió a las autoridades electorales que se pronuncien sobre su viabilidad.

Allison sostuvo que Lima no es una provincia ordinaria por sus competencias y por ser la más poblada del país, y recordó que las municipalidades provinciales no tienen segunda vuelta, pero los gobiernos regionales sí.

El resultado aún no está definido, ya que quedan cerca de 500.000 votos en actas impugnadas. Allison aseguró que reconocerá el resultado final aunque no lo favorezca.

«En el Perú, la municipalidad provincial no tiene segunda vuelta, el gobierno regional sí. Pero ¿qué cosa es la Municipalidad Provincial de Lima? ¿Es solamente una municipalidad? No»

Fuente: La República