Economía
China presiona a empresas occidentales con nuevas normativas
Las autoridades chinas han intensificado la presión sobre empresas occidentales, utilizando amplias facultades para castigar a corporaciones que intentan trasladar su producción fuera del país. Este creciente escenario de coerción está forzando a las multinacionales a navegar una red de normas complejas, lo que marca un nuevo capítulo en las tensiones comerciales globales.
La decisión de las empresas occidentales de reducir su dependencia de China, conocida como desacoplamiento o reducción de riesgos, ha generado una reacción regulatoria en Pekín. Aunque teóricamente China no puede impedir la desvinculación global, las autoridades han demostrado en la práctica que sí pueden ejercer un control. Este control se hizo evidente el mes pasado cuando las autoridades chinas bloquearon la adquisición de la startup de inteligencia artificial (IA) Manus, de fuertes raíces chinas, por parte de Meta, valorada en 2.000 millones de dólares (1.700 millones de euros).
Con estas nuevas normativas, Pekín advierte a gobiernos y compañías extranjeras sobre los riesgos de la desvinculación. Las autoridades chinas ahora tienen la capacidad de tomar represalias contra empresas que reubiquen sus fábricas en países como Vietnam o India, o que simplemente repatrien su producción. Además, estas compañías podrían enfrentar multas o ser incluidas en listas negras de las cadenas de suministro si cumplen con los controles de exportación o las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea (UE) contra entidades chinas.
Impacto de la presión China empresas occidentales
Esta creciente tensión se enmarca en los esfuerzos de la UE y EE. UU. por fortalecer sus cadenas de suministro desde la pandemia. Las disputas comerciales, aceleradas significativamente por los aranceles impuestos por Donald Trump a productos chinos en 2025, han precipitado la transición de la globalización a un sistema comercial más fragmentado y basado en bloques. En respuesta, la Comisión Europea publicó la Ley de Aceleración Industrial (IAA) para reducir la dependencia estratégica de Europa de bienes e inversiones chinos.
Esta lucha regulatoria coloca a las multinacionales, especialmente a los fabricantes de automóviles alemanes, en una posición difícil. Empresas como Volkswagen, BMW y Mercedes-Benz, que dependen de producir una parte considerable de sus vehículos en China para exportarlos, se ven presionadas. Deben reducir su dependencia de componentes chinos, mientras compiten con el rápido crecimiento de los fabricantes chinos de vehículos eléctricos (VE).
«Podrían darse situaciones en las que las empresas se vean atrapadas entre las medidas regulatorias impuestas en Estados Unidos o Europa y en China, y que sea imposible cumplirlas todas»
Jens Eskelund, presidente de la Cámara de Comercio de la UE en China, describió los nuevos poderes de Pekín como una «caja de herramientas extraterritorial» que aumentará la complejidad del comercio mundial. Según Rebecca Arcesati, analista del Instituto Mercator de Estudios sobre China (MERICS), los líderes chinos han determinado que la mejor manera de asegurar su liderazgo nacional es volverse más autosuficiente. Este objetivo implica que el mundo dependa aún más de China para sus cadenas de suministro y tecnología.
A pesar de que el déficit comercial de la UE con China alcanzará los 360.000 millones de euros (424.000 millones de dólares) en 2025, la Unión Europea podría tener dificultades para mantenerse firme. Expertos advierten que, si se sigue aceptando la amenaza de China, los países europeos tendrán cada vez menos margen de maniobra para proteger su futuro industrial.
Redaccion basada en reportes de DW Español. Ver fuente original.
Economía
ProInversión destina 475 millones de dólares para apoyar a Petroperú
La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) anunció el desembolso de US$ 475 millones destinados a Petroperú. Estos recursos, otorgados mediante un crédito puente, buscan garantizar la continuidad operativa y el abastecimiento de combustibles en el mercado nacional.
El financiamiento se concretó a inicios de septiembre de 2026, en el marco de las medidas impulsadas por el Gobierno para fortalecer la situación financiera de la petrolera estatal. Este apoyo se otorga bajo el amparo de los decretos de urgencia N.° 010-2025 y N.° 003-2026, buscando asegurar la liquidez de la compañía.
Distribución de los fondos y objetivos operativos
Los US$ 475 millones están estructurados para cubrir necesidades inmediatas de la empresa. La asignación de los fondos se divide en tres rubros principales, priorizando la adquisición de insumos vitales para la actividad petrolera.
Específicamente, el 57% del monto total se destinará a la compra de crudo y combustibles. Este rubro es clave para sostener el funcionamiento de la Nueva Refinería de Talara y mantener el abastecimiento en el mercado. Además, el 30% cubrirá el cumplimiento de obligaciones financieras de corto plazo, mientras que el 13% está destinado al pago de deudas comerciales vencidas con proveedores.
La gestión de estos recursos prioriza la estabilidad operativa. ProInversión, como entidad facultada, tendrá a su cargo instruir el uso de los fondos, lo cual busca garantizar la transparencia en la aplicación del dinero. El crédito puente, que asciende a US$ 475 millones, se estructuró con un límite autorizado de hasta US$ 500 millones.
El objetivo general de esta inyección de capital es contribuir a la estabilidad operativa de la petrolera, al tiempo que se establecen condiciones para avanzar en su proceso de reorganización patrimonial integral. Esta coordinación entre ProInversión y Petroperú busca fortalecer la capacidad de la compañía para atender sus compromisos financieros y comerciales.
Redacción basada en reportes de Gestión. Ver fuente original.
Economía
SUNAT notifica tasa adicional del 5% a contribuyentes con gastos no sustentados
La SUNAT está notificando a contribuyentes con gastos no sustentados la obligación de pagar la tasa adicional del 5% por presunta distribución indirecta de renta a los accionistas. Esta medida busca sancionar el uso de gastos no deducibles como un mecanismo para evitar el pago de impuestos sobre dividendos.
La normativa vigente, específicamente el artículo 24-A de la Ley del Impuesto a la Renta (LIR), establece que cualquier entrega en especie que resulte renta gravable de tercera categoría se considera una distribución de utilidades. Bajo este marco, los gastos que no cumplen con requisitos sustanciales o formales son rechazados por la administración tributaria y pueden ser catalogados como dividendos presuntos.
Sin embargo, la aplicación de la tasa adicional SUNAT no es automática para todos los casos de reparo. El contribuyente puede evitar esta obligación si cuenta con medios de prueba que acrediten fehacientemente a quién se realizó el pago del dinero, incluso si el gasto fue rechazado para efectos del Impuesto a la Renta.
Criterios del Tribunal Fiscal
El Tribunal Fiscal ha establecido precedentes importantes para limitar el alcance de esta medida. Según la resolución RTF 16300-1-2010, no todos los gastos reparables deben cuantificarse para la aplicación de la tasa, sino únicamente aquellos cuyo destino no pueda ser acreditado de forma clara.
La propia administración tributaria reconoció en su Informe No. 000105-2025-SUNAT/770000 que esta tasa se estableció para evitar que los gastos no deducibles funcionen como una vía de distribución de utilidades sin el acuerdo formal correspondiente. No obstante, el Tribunal Fiscal precisó en la RTF 11541-11-2024 que este tipo de reparo no genera, por sí mismo, dividendos presuntos al no tratarse de un ingreso real entregado a los socios.
El experto Francisco Pantigoso Velloso da Silveira, catedrático de las universidades de la Pacífico y UPC, señala que estas resoluciones sirven como base de defensa para evitar abusos en las actuaciones de la administración. La normativa exige que la SUNAT motive y sustente de manera expresa la aplicación de la tasa para evitar perjuicios injustificados a las empresas.
Finalmente, la resolución RTF 2160-4-2023 aclara que el dividendo presunto solo se aplica cuando no es posible demostrar el destino final del dinero gastado. Este criterio refuerza la necesidad de una fiscalización basada en la falta de trazabilidad del gasto y no en el simple hecho de que el gasto no sea deducible.
Redacción basada en reportes de Gestión. Ver fuente original.
Economía
Ministerio de Energía y Minas propone ley MAPE para formalizar la pequeña minería
El Ministerio de Energía y Minas presentará este 15 de octubre una propuesta de ley MAPE para formalizar la pequeña minería y establecer un marco normativo claro. La iniciativa busca superar la fragmentación actual y consolidar una actividad competitiva y responsable frente a los constantes prórrogas del Reinfo.
El sector minero artesanal y de pequeña escala ha enfrentado durante años un proceso de formalización con resultados insuficientes. Debido a la falta de un marco definitivo, el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) —concebido originalmente como un mecanismo transitorio— corre el riesgo de volverse permanente ante la falta de voluntad política para ejecutar cambios estructurales.
La propuesta del Ejecutivo plantea el Reinfo el próximo 31 de diciembre para trasladar a unos 30,000 mineros con inscripción vigente a un régimen de consolidación. Este periodo excepcional y temporal durará hasta fines de 2028, mientras que los nuevos operadores deberán ingresar bajo un régimen ordinario permanente.
El éxito de esta transición dependerá de la capacidad del Estado para resolver obstáculos pendientes y exigir resultados concretos en el plazo de dos años. La credibilidad de la norma está en juego, pues el Ejecutivo enfrentará un Congreso donde sus iniciativas no siempre cuentan con respaldo y donde existen presiones para extender los plazos actuales.
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Desafíos ante la informalidad y el mercado
El contexto económico actual, marcado por los elevados precios del oro, incrementa la rentabilidad de la actividad y fortalece los incentivos para mantener la informalidad. Ante este escenario, la propuesta busca diferenciar a los miles de pequeños mineros que desean operar legalmente de los operadores ilegales, quienes se benefician de la falta de reglas claras.
Para evitar que la nueva normativa se convierta en otro capítulo de compromisos incumplidos, el Estado debe garantizar transparencia y fiscalización ambiental y laboral. La implementación de la ley MAPE busca que el proceso de formalización deje de ser una meta en constante postergación y se convierta en un camino viable hacia la legalidad.
Algunos sectores han planteado la realización de un censo minero como condición previa para avanzar en las decisiones. Si bien conocer el universo de productores es necesario, esta tarea no debe utilizarse como una excusa para aplazar la aplicación de las reglas y la fiscalidad del sector.
La resolución de este conflicto dependerá de la capacidad del Congreso y del Ejecutivo para poner fin a la formalización interminable. El objetivo final es establecer un marco que permita a los productores locales operar bajo estándares de seguridad y responsabilidad ambiental.
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Redacción basada en reportes de Gestión. Ver fuente original.
