El OEFA identificó un total de 36 zonas afectadas por residuos sólidos municipales en la región Lambayeque. Estas áreas, conocidas como botaderos, abarcan aproximadamente 609 hectáreas y están distribuidas en tres provincias: Chiclayo, con 17 sitios; Lambayeque, con 14 unidades; y Ferreñafe, con cinco.

La jefa de la Oficina Desconcentrada del OEFA en Lambayeque, Glendy Paola Zabarburú Belloso, explicó que los espacios deben cumplir criterios mínimos para reducir impactos ambientales. Sin embargo, las supervisiones detectaron diversas situaciones de riesgo que podrían causar daños graves a los recursos naturales y al ambiente.

Incumplimiento y multas por botaderos ambientales Lambayeque OEFA

Ante este panorama, el organismo ambiental dictó 69 medidas preventivas en 16 unidades fiscalizables administradas por 20 municipalidades. No obstante, solo siete de las unidades fiscales correspondientes a diez gobiernos locales han acreditado haber cumplido con las disposiciones emitidas.

«Las áreas en proceso de recuperación deben cumplir criterios mínimos de operación destinados a reducir los impactos ambientales y proteger la salud de la población»

Por su parte, el OEFA informó que se han impuesto multas coercitivas equivalentes a 82 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) para exigir el cumplimiento de las medidas. Entre las municipalidades señaladas por observaciones e incumplimientos figuran Monsefú, Pimentel, Ciudad Eten, Puerto Eten, Santa Rosa, Olmos, Pucalá, Pomalca y Pátapo.

Las acciones son fundamentales para prevenir incendios, evitar la proliferación de roedores y moscas, y reducir la contaminación del suelo, el aire y las aguas subterráneas. La entidad reiteró que es crucial garantizar condiciones mínimas de operación mientras avanzan los proyectos integrales de gestión de residuos sólidos.

De acuerdo con el informe, estas medidas buscan proteger directamente la salud de la población y asegurar la sostenibilidad ambiental en toda la región Lambayeque.

La decisión del mandatario surge tras las movilizaciones de colectivos, gremios y ciudadanos que exigen transparencia electoral en Lima y en las regiones de Chiclayo, Arequipa, Puno y Ayacucho. Aunque el Congreso autorizó su viaje entre el 15 y el 19 de junio para reunirse con el papa León XIV, Balcázar ahora solo viajará el día 18 para cumplir con la audiencia papal antes de retornar a la capital.

El Ejecutivo prioriza su presencia en el país mientras se completa el escrutinio del balotaje entre la candidata de la ultraderecha, Keiko Fujimori (Fuerza Popular), y el aspirante de la izquierda, Roberto Sánchez (Juntos por el Perú). El mandatario informó que mantendrá reuniones con la Policía y las FF.AA. para anticipar escenarios que puedan requerir la intervención de las autoridades competentes.

Impugnaciones y reclamos en el conteo

La organización Juntos por el Perú presentó un recurso de nulidad sobre 294 mesas en Argentina, además de solicitar la anulación de 1,657 mesas en Lima y 652 en Estados Unidos. En total, la coalición de izquierda alega haber detectado comportamientos anómalos en unas 2,400 mesas que buscan someter a escrutinio.

Durante su recorrido por el sur del país, Roberto Sánchez exigió un reconteo de los votos y llamó a sus seguidores a defender la democracia mediante movilizaciones pacíficas. El candidato planteó una demanda conjunta de revisión del escrutinio con Fujimori, propuesta que fue rechazada por la candidata de Fuerza Popular.

Al reporte, el conteo oficial de la ONPE alcanzó el 98.593 por ciento, con 1,305 actas pendientes de ser enviadas al Jurado Electoral Especial (JEE). En este escenario, Fujimori lidera con 9,075,116 votos frente a los 9,056,638 respaldos de Sánchez, una diferencia de apenas 18,478 papeletas.

«Nos reafirmamos exigiendo transparencia, respeto a la democracia y al voto de nuestro pueblo. Nadie tiene por qué oponerse a ese reconteo, para que todo el pueblo sepa, así fuere por un voto, quién obtendrá la victoria electoral».

El candidato de Juntos por el Perú subrayó que la aclaración de las irregularidades detectadas por sus personeros es fundamental para garantizar la estabilidad del país y resolver cualquier controversia tras el balotaje.

Los usuarios reportan que múltiples autoridades municipales o policiales están autorizando convertir tramos de esta vía expresa en pistas atléticas exclusivas para eventos deportivos. Esta práctica ha provocado congestiones vehiculares y dificulta el acceso a zonas clave, afectando tanto al transporte cotidiano como a las actividades laborales. De hecho, desde el 1 de enero de 2026, se han registrado doce instancias de cierres parciales en la Costa Verde, lo que implica un patrón de bloqueos con una frecuencia de dos veces al mes, coincidiendo sistemáticamente con días fines de semana.

Frecuencia e impacto del

El a miles de personas que dependen del tramo para moverse entre distritos como Chorrillos y Miraflores o Barranco y San Isidro. Además, el bloqueo impide la labor diaria de trabajadores locales, incluyendo pescadores artesanales, cocineros, mozos y instructores de surf.

Desde una perspectiva legal, se recuerda que la Constitución garantiza el libre tránsito en su artículo 2, inciso 11, salvo restricciones expresamente previstas por ley. Los críticos cuestionan la proporcionalidad de cerrar la vía pública doce veces en solo seis meses.

Los afectados señalan que las acciones de amparo y denuncias legales han sido insuficientes para detener el fenómeno. La responsabilidad recae tanto en quienes firman las autorizaciones como en los gremios, concesionarios o empresarios locales cuyo silencio es visto como complicidad ante el abuso del espacio público.

La Costa Verde debe mantenerse como una vía pública de libre circulación y no puede convertirse en la cancha privada para eventos deportivos sin considerar a los usuarios habituales, trabajadores y negocios que dependen de su paso constante.