El anuncio del Ejecutivo busca ajustar las remuneraciones frente al contexto económico actual. Sin embargo, la medida ha generado alertas inmediatas entre los organismos técnicos que supervisan la estabilidad de las finanzas públicas y el comportamiento del mercado laboral.

Alonso Segura, presidente del Consejo Fiscal, advirtió que este incremento podría generar distorsiones en la economía y en el mercado laboral. Según el funcionario, el impacto negativo recaerá principalmente sobre las micro y pequeñas empresas debido al mayor costo de la formalidad.

Segura precisó que las grandes empresas apenas se verán afectadas por el cambio. No obstante, subrayó que el aumento del sueldo mínimo —que ha subido cerca de un 20% en los últimos tiempos— no responde a una presión por precios ni a un crecimiento real de la productividad.

Respecto al incentivo para el sector pequeño, el representante del Consejo Fiscal cuestionó la estructura del bono compensatorio. Señaló que, aunque se destinaría a empresas formales, resulta inusual otorgar un beneficio temporal para cubrir un gasto que se volverá permanente en las cuentas del Estado.

El Ministerio de Economía (MEF) ya trabaja en la revisión de las leyes que generan gasto público. El ministro Elmer Cuba indicó que estas normativas serán evaluadas y modificadas, de ser necesario, para mitigar riesgos para la caja fiscal.

En relación con la justificación técnica del ajuste salarial, el representante del Consejo Fiscal manifestó lo siguiente:

«La remuneración mínima vital ha subido como 20% en los últimos tiempos en línea con la inflación. No había una presión por precios y tampoco se justificaba por crecimiento de productividad. Vamos a ver cómo lo sustenta el Ministerio de Economía, el Ministerio de Trabajo. Un aumento de esta naturaleza va a generar distorsiones en el mercado laboral y en la economía».

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Durante su discurso de asunción, Fujimori se refirió a la minería ilegal desde una perspectiva de seguridad. «Allí donde el crimen organizado, el narcotráfico y la minería ilegal hayan arrebatado el control al Estado, haremos uso de todas las herramientas que la Constitución pone a disposición del Gobierno», aseguró.

La presidenta también abordó el fenómeno climático El Niño y sus consecuencias. «Para enfrentar los retos urgentes que nos trae el fenómeno El Niño y la inseguridad ciudadana emitiremos decretos de urgencia y solicitaremos al Congreso de la República facultades delegadas», dijo.

Fujimori ha sido vinculada a sectores mineros, pero durante su discurso no mencionó la contaminación por mercurio producto de la minería en ríos, el tráfico de fauna, la deforestación y los incendios ni el avance de las economías ilícitas en la Amazonía peruana. Tampoco habló de la violencia contra los defensores ambientales.

Fuente: Mongabay Perú

El llamado de Simon hace referencia directa al informe remitido por el fiscal Edward Casaverde al Ministerio Público el pasado 10 de julio. Dicho documento solicitó autorización para ejercer la acción penal contra Gorriti por presunto delito de cohecho. El periodista, a quien se acusa, ha sido objeto de este proceso que, según Simon, no tiene sustento legal ni periodístico.

«Iniciar un proceso acusatorio a Gustavo Gorriti en represalia por su trabajo periodístico representaría una clara violación a la libertad de prensa»

Simon, quien previamente fue director ejecutivo del Comité para la Protección de Periodistas entre 2006 y 2021, señaló que el informe de Casaverde no solo es conceptualmente débil, sino que también contradice radicalmente lo que este fiscal había ordenado archivar sobre el mismo caso hace menos de un año. Esta inconsistencia ha generado cuestionamientos sobre la motivación detrás del cambio de postura.

Contradicciones y acusaciones en el Ministerio Público

El periodista sugirió que todo indica una irracionalidad peligrosa, entendiendo el proceso actual como una venganza contra los investigadores vinculados al caso Lava Jato. Según su análisis, se está utilizando la desinformación para presentar investigaciones de corrupción público-privada, transformándolas en lo que él denomina un «vulgar trueque de influencias e informaciones».

En el ámbito político, las acusaciones apuntan a fuerzas políticas como protagonistas. Se menciona que los principales actores detrás de la ofensiva desinformadora contra la investigación Lava Jato fueron los investigados de Fuerza Popular, apoyados por una maquinaria aprista. Además, se señala que Keiko Fujimori aplaudió los «testimonios» de Jaime Villanueva e inició una contraofensiva fiscal a través de una denuncia penal.

El análisis periodístico concluye señalando un retorno al control del Ministerio Público por parte de sectores considerados corruptos, reviviendo la situación previa al desencadenamiento de las investigaciones Lava Juez o Cuellos Blancos. El Fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, y otros altos funcionarios han sido mencionados en contextos de destitución y restitución institucional.

La contradicción más palpable se centra en el fiscal Edward Casaverde: hace menos de un año examinó el mismo caso y resolvió declarar que los cargos eran insuficientes, mandando el proceso al archivo. Sin embargo, su informe actual presenta acusaciones sin ningún factor inductivo o evaluación deductiva que respalde el cambio.

El texto fuente también detalla que la fuente de Casaverde para esta nueva acusación depende casi enteramente de los testimonios de Jaime Villanueva. Este mismo testimonio fue la base central de la investigación fiscal previa, material que en su momento fue desestimado y mandado al archivo por el propio fiscal.

A pesar de las críticas, se subraya que el núcleo de la disposición del fiscal Gálvez sigue refiriéndose a la llamada “Operación Valkiria” y a las confesiones de Jaime Villanueva.