El vocero del partido, Ernesto Zunini, sostuvo que su agrupación no acusa de fraude sistemático. Sin embargo, exige explicaciones detalladas sobre las directivas administrativas que modificaron las reglas de juego en pleno desarrollo del proceso electoral. El punto central de la controversia es una directiva emitida el 29 de mayo, que alteró la forma de procesar la información proveniente de las mesas electorales ubicadas fuera del país.
Según Zunini, esta modificación generó dudas razonables sobre la cadena de custodia y la transparencia del cómputo. El reclamo se articula en torno a seis tensiones que, para Juntos por el Perú, han convergido en posibles irregularidades. Estas incluyen la modificación de lineamientos operacionales para las mesas en el exterior, la gestión del personal consular encargado del proceso, la falta o presencia de digitalización de actas, los plazos establecidos para el traslado del material electoral y eventuales fallas en la custodia de dichos materiales, como ocurrió en Argentina.
Vías legales y distinción entre irregularidad y fraude
El vocero detalló que estos puntos deben ser aclarados técnicamente. Zunini subrayó que su postura no busca promover la violencia ni la insurrección política. En cambio, el partido recurrirá estrictamente a los mecanismos establecidos en el sistema electoral: impugnaciones, recursos y solicitudes de fiscalización.
«Si las revisiones confirman la legitimidad del resultado, acatarán la proclamación. Es vital diferenciar entre irregularidad —que amerita investigación administrativa y penal— y fraude, que requeriría pruebas de colusión generalizada entre autoridades electorales y partidos»
Más allá del litigio electoral, Zunini señaló que Juntos por el Perú tiene la intención de ejercer una oposición responsable en la próxima composición bicameral del Parlamento. En este ámbito, mencionó prioridades como restituir los controles institucionales, defender la independencia de los organismos de control y atender las demandas de justicia y reparación frente a violaciones de derechos humanos.
Finalmente, el vocero hizo un llamado directo a la calma y a la transparencia institucional. Insistió en que es necesario primero aclarar las inquietudes sobre el procedimiento llevado a cabo en el exterior. Solo después de ello, y si corresponde legalmente, se deberá asumir la voluntad ciudadana proclamada por las autoridades competentes.
Redaccion basada en reportes de La República. Ver fuente original.
