El partido Juntos por el Perú, liderado por Roberto Sánchez, presentó una demanda ante la Corte Superior de Justicia de Lima buscando anular todos los votos emitidos desde el extranjero. La acción busca revertir procedimientos electorales desarrollados en la segunda vuelta del domingo 7 de junio, alegando que las recientes modificaciones a la forma de procesar actas vulneraron principios fundamentales.
Dos hombres con gafas y camisas blancas hablan frente a un micrófono en un evento con el logo de APEP. Foto de: news.google.com
La demanda se centra en un cambio normativo ocurrido en mayo: las actas electorales ya no son digitalizadas directamente en los consulados. En su lugar, deben ser enviadas físicamente desde el exterior hacia Lima en valijas diplomáticas para su contabilización centralizada. Este procedimiento, según Juntos por el Perú, violaría la «intangibilidad electoral» y pondría en riesgo principios de seguridad jurídica y debido proceso.
El conteo de votos genera controversia legal
A pesar del reclamo judicial, los resultados parciales muestran una ventaja considerable para Keiko Fujimori. Con el 99,05 % del escrutinio reportado, la candidata derechista mantiene una diferencia que asciende a un estimado de 33,000 votos sobre Sánchez.Imagen ilustrativa: Ciudad de Lima, Perú Foto: flickr.com
«La exigencia de cero controversias y defensa del voto ciudadano y popular y debido proceso de la justicia electoral es lo mínimo que logrará dar legitimidad y confianza al pueblo»
En paralelo, el candidato Roberto Sánchez ha escalado su disputa legal. Más allá de las demandas sobre votos extranjeros Perú, Juntos por el Perú ya había solicitado previamente la anulación de cientos de mesas en Argentina y Estados Unidos ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Sin embargo, estos pedidos fueron desestimados porque se ingresaron después de la fecha límite.
Roberto Sánchez en un discurso Video: YouTube · feddepo-impacto social — El discurso que está impactando a miles de seguidores de Roberto Sánchez
Sánchez rechazó esta decisión, argumentando que el retraso no fue culpa suya. Explicó que las actas provenientes de Argentina llegaron días después de lo previsto, generando una «imposibilidad material» para ejercer plenamente los derechos electorales en tiempo y forma. Por su parte, la Cancillería había asegurado previamente haber realizado una “rigurosa cadena de custodia” del material electoral recopilado en las 119 oficinas consulares.
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El líder de Juntos por el Perú insistió en que cualquier proceso debe garantizar la transparencia total. Así, reafirmó su postura sobre la necesidad de defender el debido proceso y asegurar la legitimidad ante los ciudadanos.