Congreso presenta moción de interpelación contra ministra de Educación por SUNEDU
El Congreso presentó una moción de interpelación contra la ministra de Educación, María Esther Cuadros Espinoza, tras denuncias de presunta injerencia en la autonomía de la SUNEDU. La medida busca esclarecer las implicancias de la Resolución Ministerial N.° 338-2026-MINEDU sobre la composición del Consejo Directivo de la entidad.
Fachada del Palacio del Congreso y autoridades peruanas en el marco de la polémica por la presunta injerencia en SUNEDU. Foto de: Exitosa Noticias
El conflicto entre el Ejecutivo y la superintendencia escaló al plano legislativo tras acusaciones de que la ministra habría impulsado decisiones para desestabilizar la gestión institucional. Los críticos señalan que estas acciones ponen en riesgo los avances de la reforma universitaria y las garantías de calidad en la educación superior.
La moción, respaldada por diversas bancadas parlamentarias, exige que la funcionaria acuda al Pleno para responder un pliego de preguntas sobre el sustento técnico y legal de la resolución. El documento cuestiona específicamente cómo se respetó la interpretación vinculante del Tribunal Constitucional respecto a la independencia de los directivos.
El Parlamento también busca determinar si las medidas omitieron los plazos de la Ley Universitaria y si los cambios intempestivos buscan flexibilizar condiciones básicas para favorecer a universidades previamente denegadas en sus procesos de licenciamiento. La moción refleja un consenso político sobre la necesidad de transparencia ante estas decisiones administrativas.Foto de archivo (2012): Ministra de Educación, María Esther Cuadros Espinoza Foto: commons.wikimedia.org
Conflicto judicial por autonomía
En paralelo, el Poder Judicial admitió una demanda de amparo presentada por el superintendente de la SUNEDU, Vicente Espinoza. Esta acción legal busca frenar la imposición de un nuevo titular y proteger la independencia de la institución frente a las presiones del Ministerio de Educación.
La resolución ministerial cuestionada es la N.° 338-2026-MINEDU, la cual modificó la composición del Consejo Directivo. El debate parlamentario y el proceso judicial coinciden en señalar la gravedad institucional que este conflicto genera para la autonomía de la supervisión educativa.