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Juez descarta indictment contra Kilmar Ábrego
Un juez federal de Tennessee descartó el criminal indictment contra Kilmar Ábrego García, determinando que la administración Trump no habría iniciado cargos en su contra si no hubiera impugnado su deportación de alto perfil. La decisión judicial pone fin a una acusación que había estado en el centro de un escándalo legal sobre la agenda de deportaciones masivas.
El fallo del juez Waverly David Crenshaw Jr. se basó en que los argumentos presentados por el gobierno federal no lograron demostrar lo contrario. Aunque el juez no encontró que el gobierno actuara con «vindictividad actual», sí determinó que existía suficiente evidencia de «vindictividad presumida», lo que tacha completamente el caso contra Ábrego.
Hallazgos judiciales sobre la persecución legal
Los elementos que sustentaron la «vindictividad presumida» incluyeron el momento en que se presentó la acusación, declaraciones hechas por el actual fiscal general, Todd Blanche, y la supervisión sostenida del caso por altos funcionarios del Departamento de Justicia de EE. UU. Ábrego, quien se declaró no culpable de los cargos de contrabando de humanos, argumentó que estaba siendo procesado en represalia por demandar al gobierno estadounidense.
Foto: flickr.com
El caso se originó a partir de una detención de tránsito en Tennessee en 2022, cuando conducía un vehículo registrado a un hombre de Texas condenado por «el transporte ilegal de extranjeros». El juicio se había convertido en un punto de confrontación legal, mientras Donald Trump impulsaba su agenda de deportación masiva.
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El contexto de la deportación y el desafío legal
El drama legal se intensificó tras el envío de Ábrego, junto a otras 260 personas, principalmente venezolanas, a la notoria mega-prisión antiterrorista Cecot en El Salvador el 15 de marzo de 2025. Este traslado ocurrió a pesar de una orden previa de un juez federal de EE. UU. que prohibía su retorno debido al riesgo de persecución.
La administración Trump envió a Ábrego a El Salvador, y posteriormente admitió que el envío fue un «error administrativo». El escándalo generó un gran enfrentamiento legal, culminando con que el caso fuera llevado ante la Corte Suprema de EE. UU., la cual ordenó a la administración facilitar su regreso a Estados Unidos en junio pasado.
«Hoy, la declaración de que el indictment fue descartado prueba que nuestro movimiento impulsado por la gente no retrocederá, y envía un mensaje resonante de que la represalia contra las comunidades inmigrantes no prevalecerá. Se ha realizado justicia»
Ama Frimpong, jefa de servicios en We Are Casa, organización de derechos de los inmigrantes en Maryland, señaló que la administración federal intentó «descaradamente utilizar el sistema legal penal para castigar a Kilmar por exponer sus acciones ilegales».
Ábrego, de 30 años, creció en El Salvador y emigró a Maryland, donde su hermano vive como ciudadano estadounidense, sin tener autorización para permanecer. En 2018, se mudó con su futura esposa, Jennifer Vasquez Sura, y sus dos hijos. Su trayectoria lo llevó a ser un símbolo de la campaña de deportaciones de la administración Trump.
Redaccion basada en reportes de The Guardian. Ver fuente original.