Perú
Fiscalía solicita ocho años de prisión para Zanabria y Chang por omisión
La Fiscalía especializada en Derechos Humanos ha solicitado ocho años de prisión efectiva contra el general Víctor Zanabria y el coronel Frank Chang por presunta omisión de deber durante las manifestaciones de diciembre de 2022. La acusación se centra en la represión ocurrida el 12 de ese año, donde dos ciudadanos sufrieron graves lesiones tras los incidentes.
El proceso judicial, que actualmente se encuentra en la fase de control de acusación del Poder Judicial, investiga las circunstancias de la violencia policial. Según la Fiscalía, durante las protestas, el ciudadano Renato Murillo quedó en estado de coma por doce días luego de recibir un impacto de bomba lacrimógena directamente en la cabeza, mientras que Benedicto Huaccachi fue herido en la pelvis con un proyectil similar.
Además de la privación de libertad para los altos mandos, las autoridades exigen una reparación económica a las víctimas y la prohibición de ejercer cargos públicos por tres años y ocho meses para Zanabria y Chang. El Ministerio Público también ha solicitado siete años de cárcel para el teniente Luis Bazán, señalado como el autor directo del disparo contra Murillo.
Acusaciones múltiples y penas solicitadas
Foto: flickr.com
La Fiscalía detalló las peticiones penales para otros oficiales involucrados en la represión. Se piden seis años de prisión para el mayor Luis Ávila y el comandante Jorge Celadita, tres años para el suboficial Dino Tarrillo, y dos años cada uno para los suboficiales Eder Tasayco y el mayor José Solari, acusados también por omitir su deber.
En un contexto de múltiples procesos judiciales contra Zanabria, la Fiscalía recordó que existe una segunda acusación pendiente. Esta se refiere al delito de homicidio calificado y conlleva un pedido de 35 años de cárcel. Este segundo caso corresponde a la muerte de Víctor Santisteban, manifestante fallecido tras recibir el impacto de gas lacrimógeno en la cabeza durante las marchas de Lima en enero de 2023.
El proceso se desarrolla ante el Poder Judicial y busca determinar si los altos mandos policiales incurrieron en omisión al no evitar las lesiones sufridas por los ciudadanos. La acusación fiscal mantiene su foco en la cadena de mando que habría permitido o minimizado los abusos durante las manifestaciones.
La Fiscalía, además de las penas de cárcel y reparación económica, enfatizó el alcance institucional del caso, señalando que se busca responsabilizar a quienes estuvieron al frente de la represión ocurrida en diciembre pasado. Este proceso judicial es un hito clave para determinar responsabilidades dentro de la institución.
Redaccion basada en reportes de La República. Ver fuente original.