Protestas en Bolivia ponen en jaque al presidente Paz

El conflicto político se ha intensificado en Santa Cruz, Bolivia, donde la administración de Paz se enfrenta a oleadas de manifestaciones y bloqueos de carreteras. El descontento surgió hace poco más de un mes, impulsado por la convergencia de diversas demandas sectoriales. Inicialmente, los grupos protestaron por aumentos salariales y por el combustible contaminado que dañó miles de vehículos, además de oponerse a una ley que autorizaba cambios en las clasificaciones de tierras, vista por sus críticos como un favor a la concentración de la propiedad en manos de grandes empresarios.

Aunque el gobierno logró calmar algunas disputas al derogar la ley de tierras y ofrecer bonos financieros a maestros, los grupos indígenas de las tierras altas decidieron llevar las manifestaciones al límite. El 6 de mayo, cientos de manifestantes comenzaron a erigir barricadas que rodearon la ciudad de La Paz, sede del gobierno. El líder sindical de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, fue contundente al señalar la causa del malestar:

«La demanda es que el presidente renuncie debido a su incapacidad para resolver los problemas estructurales del país; nos está llevando a la deriva… está hipotecando el país. ¿Qué futuro espera a nuestros hijos y nietos?»

El giro político de Rodrigo Paz

Analistas señalan que el descontento va más allá de las demandas inmediatas. Paz, un senador centrista, llegó a la presidencia después de la era del Movimiento al Socialismo (MAS), que gobernó el país por casi 20 años. Tras las elecciones de 2025, el MAS perdió poder, y Paz, quien obtuvo el 55% de los votos, adoptó un discurso moderado. Sin embargo, seis meses después de asumir el cargo, los votantes originales se sienten excluidos, pues Paz no ha nombrado a personas indígenas o de clase trabajadora en puestos clave.

Esta sensación de exclusión se agrava por las políticas adoptadas por la administración. Entre ellas, destacan la eliminación de un impuesto a las grandes fortunas, la designación de miembros de la élite empresarial en su gabinete, y la aprobación de leyes favorables al agronegocio. Además, Paz cambió su postura de rechazar préstamos internacionales a buscar financiamiento en organizaciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI), y se alineó con Estados Unidos e Israel, países con los que Bolivia no tenía relaciones diplomáticas.

La tensión se ha elevado con la movilización de figuras políticas históricas. El ex presidente Evo Morales, quien gobernó de 2006 a 2019, convocó a sus seguidores a una marcha de 190 kilómetros hacia La Paz. El objetivo de esta marcha es exigir la renuncia de Paz y la suspensión de los procedimientos judiciales en contra del ex líder. Por su parte, las autoridades presidenciales han acusado a Morales de orquestar un “plan macabro” para desestabilizar el gobierno.

La situación ha escalado recientemente con reportes de violencia en La Paz. En días recientes, la ciudad ha sido escenario de múltiples marchas alrededor de oficinas gubernamentales, donde mineros armados con dinamita y materiales explosivos chocaron con la policía. A pesar de que muchos residentes piden una respuesta más firme para restablecer el orden, el gobierno ha descartado declarar un estado de emergencia.

El contexto económico subyacente es de deterioro gradual. El país ha enfrentado una escasez de dólares debido al declive de la industria petrolera y gasífera, lo que ha generado inflación y un profundo malestar social que afecta a los centros urbanos de La Paz y El Alto.