La convulsión social, que se ha extendido por más de tres semanas, se ha disparado tras la decisión del presidente Rodrigo Paz de eliminar subsidios al combustible. Los manifestantes cuestionan no solo el aumento de precios, sino también la calidad del producto, denunciando la venta de lo que describen como «gasolina basura».
El descontento va más allá de lo económico. Los sectores más críticos, incluidos campesinos y trabajadores afines al expresidente Evo Morales, exigen la renuncia del mandatario. La situación política se ha agravado con el anuncio de Paz de crear una comisión para una «reforma parcial» de la Constitución, que rige desde 2009.
De la reforma agraria a la crisis del combustible
Los antecedentes de las protestas se remontan a finales de abril, cuando Paz anunció una reforma agraria que buscaba transformar pequeñas propiedades rurales en medianas. Aunque el objetivo oficial era habilitar tierras para créditos, grupos campesinos interpretaron la medida como un intento de favorecer a grandes propietarios. En respuesta, la Federación de Campesinos Túpac Katari, con apoyo de la Central Obrera Boliviana (COB), bloquearon principales rutas del país.
«Nos han vendido gasolina basura, gasolina de mala calidad, que arruina los motores de nuestros autos»
Ante la crisis, el Departamento de Estado de Estados Unidos describió la situación como una «crisis humanitaria», tildando las acciones de los manifestantes como «acciones destinadas a desestabilizar al gobierno democráticamente elegido de Rodrigo Paz».
La tensión entre el Estado y las comunidades
La protesta ha generado un impacto inmediato en la vida diaria, llevando incluso a la alcaldía de La Paz a suspender temporalmente el servicio de recolección de basura por falta de combustible. La politóloga Luciana Jáuregui señaló que la revuelta no responde solo a la deslegitimación del gobierno, sino a un «problema estructural asociado a la ruptura del pacto entre las comunidades y el Estado».
Los datos económicos reflejan la preocupación general: Bolivia terminó 2025 con una inflación del 20%, uno de los niveles más altos de los últimos años. A pesar de que el Ministerio de Educación llegó a un acuerdo con los maestros sobre un bono docente, las manifestaciones se expandieron a nuevos sectores.
El Instituto de Investigaciones Químicas de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) realizó un análisis técnico que concluyó que las gasolinas evaluadas incumplen los estándares de calidad, recomendando que no deberían ser aceptadas. Por su parte, Argentina envió un avión militar para el transporte de alimentos, mientras que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, calificó la situación como una «insurrección popular».
La Constitución vigente, aprobada en los años de Evo Morales, es la que estableció al Estado boliviano como un Estado Plurinacional. Los críticos de las reformas apuntan a que estos cambios buscan habilitar la privatización de recursos naturales, un argumento que el gobierno ha desmentido.
