López Aliaga manifestó que su postura responde a la desconfianza hacia la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), instituciones que calificó como entidades que «deben desaparecer». El dirigente argumentó que estas instituciones fallaron en las elecciones de 2021, periodo en el cual considera que le restaron la presidencia.

El líder político enfatizó que, aunque no ocupará una curul, acompañará a la bancada de Renovación Popular en el Congreso desde una posición externa. Aseguró que los representantes del partido en el Senado y la Cámara de Diputados cuentan con un perfil profesional sólido y trayectoria para ejercer sus funciones.

El exaspirante presidencial denunció irregularidades en la primera vuelta del proceso electoral de este 2026, afirmando que las condiciones actuales han afectado la representación parlamentaria. Según su declaración, sin los problemas logísticos y técnicos ocurridos en el pasado, el partido contaría con un mayor número de legisladores.

Críticas al sistema electoral

López Aliaga calificó las acciones de ciertos sectores como una estrategia para frenar su carrera política. En sus declaraciones, sostuvo que los «empresauros» han intentado limitar su influencia en el escenario nacional mediante la creación de concentraciones monopólicas.

«He decidido no asumir el rol de Senador. En estas condiciones no, sería avalar el fraude, sería avalar la corrupción. Va a quedar en la historia del Perú»

El dirigente subrayó que no requiere financiamiento estatal para continuar con sus actividades políticas como presidente de Renovación Popular. Además, manifestó su intención de que los legisladores no perciban remuneraciones por sus funciones, una postura que habría mantenido si hubiera asumido el cargo.

Finalmente, el líder del partido reafirmó que cuenta con voz y voto en ambas cámaras según los estatutos de su organización. Su decisión marca un distanciamiento formal de la estructura oficial para evitar lo que él define como la validación de un sistema corrupto.

La convocatoria surge en un contexto preocupante: según la Encuesta Permanente de Empleo Nacional (EPEN) del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la tasa de desempleo juvenil alcanzó el 9.6% durante el primer trimestre de 2026. Esta cifra casi duplica el promedio nacional, que se ubicó en el 5.1%, evidenciando serios retos para el desarrollo económico y social del país.

Ante esta realidad, Pronabec organizará el Segundo Seminario de Investigación titulado “Educación Superior, financiamiento estudiantil e inserción laboral: retos y perspectivas para el desarrollo del Perú”. La cita está programada para los días 16 y 17 de julio en el auditorio de la Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN), ubicado en San Isidro.

Debate sobre capital humano y empleabilidad

El certamen se concibe como un espacio clave para fortalecer la institucionalidad, promoviendo el intercambio de evidencias y perspectivas entre diversos actores. Participarán estudiantes, investigadores, universidades, centros de estudio y organismos especializados tanto del sector público como privado, a nivel nacional e internacional.

«Uno de los principales retos del país es lograr que los jóvenes culminen con éxito sus estudios superiores y accedan a empleos de calidad. Solo así la inversión que realiza el Estado en educación se traducirá en mayor productividad, innovación y desarrollo para el Perú. En tal sentido, las becas constituyen una inversión estratégica en capital humano y no un gasto público».

Enrique Chon Yamasato, director ejecutivo de Pronabec, destacó que este encuentro permitirá contrastar estudios sobre la formación profesional, técnica y tecnológica con la empleabilidad reportada por el sector productivo. Por su parte, María Esther Cuadros, ministra de Educación, señaló que el propósito es generar un diálogo académico para fortalecer la toma de decisiones basada en evidencia.

Entre los ejes temáticos a ser abordados se encuentran la transición al empleo formal, la inserción laboral de egresados y becarios, y el impacto en la reducción de brechas socioeconómicas. Asimismo, se analizarán los desafíos del financiamiento estudiantil y el retorno social y económico que genera la inversión pública en capital humano.

El seminario forma parte de un proceso más amplio que busca promover el intercambio de conocimientos sobre cómo mejorar la formación de capital humano y facilitar la inserción laboral. De esta manera, se espera contribuir al diseño de mejores políticas públicas en materia de educación superior y financiamiento estudiantil.

Walter Ayala, vocero del partido Juntos por el Perú (JPP), presentó formalmente esta demanda contra la Resolución Jefatural de la ONPE. El objetivo principal es lograr la declaración de nulidad de los resultados obtenidos en el exterior, pues consideran que estos se desarrollaron bajo un marco normativo ilegal.

«Yo no estoy diciendo que hubo fraude ni nada de eso. Estoy diciendo que hubo una norma que nunca debió existir y bajo esa norma se han llevado elecciones en el extranjero y al declararse nula esa norma todo se cae»

Normativa electoral: El centro del litigio legal

Según JPP, la norma impugnada comprende las principales etapas del proceso electoral fuera del país. Específicamente, regula aspectos como la autorización para que los personeros registren el escrutinio mediante fotografías o videos, siempre que no interfiera con las funciones de los miembros de mesa.

Además, dicha disposición establece que los personeros están prohibidos de captar imágenes o grabaciones de los rostros de los integrantes de la mesa, en cumplimiento de las normas vigentes de protección de datos personales. También detalla cómo deben operar los funcionarios consulares para recoger y trasladar las cédulas de sufragio, garantizando una estricta cadena de custodia.

En el ámbito legal previo, el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 2 ya había rechazado tres recursos presentados por JPP. Estos reclamos buscaban anular mesas en varias ciudades de Estados Unidos —incluyendo Nueva York, Carolina del Norte y Salt Lake City— así como en Argentina.

El tribunal electoral determinó que las solicitudes fueron inadmisibles porque llegaron fuera del plazo legal o no cumplieron con el pago de la tasa electoral obligatoria. Sin embargo, por otra vía, el JEE de Lima Centro 1 sí aceptó un recurso de apelación presentado por JPP para invalidar los resultados de **1,751 mesas** en Lima, ya que esta solicitud cumplió con adjuntar el pago correspondiente.

La demanda se presentó después de estos rechazos. Los pedidos iniciales buscaban anular faltas cometidas por funcionarios o miembros de mesa, incluso argumentando demoras en el traslado de maletines desde Buenos Aires. El tribunal había señalado que los plazos para presentar tales reclamos habían vencido días antes.

El recurso aceptado será remitido al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para su resolución en una segunda instancia, lo cual mantiene el debate sobre la validez de las votaciones en curso.