ONPE garantiza legalidad en repliegue de actas electorales desde el extranjero

En respuesta a diversas dudas ciudadanas sobre el traslado de las actas de votación desde el exterior, la representante de la ONPE aclaró que no existió modificación alguna en el marco legal que rige los comicios. La funcionaria aseguró que el artículo 244 de la Ley Orgánica de Elecciones continúa intacto, detallando cómo debe ser el trabajo conjunto entre la Cancillería y la ONPE para garantizar el repliegue seguro de todas las actas electorales.

En la primera vuelta, se empleó una herramienta tecnológica de apoyo para digitalizar las actas en los consulados. Sin embargo, esta no reemplazó la obligación de enviar las actas físicas de vuelta al país. Tras evaluar técnicamente entre la primera y segunda vuelta, ambas instituciones determinaron retornar al método tradicional.

La vocera explicó que el procedimiento adoptado para esta segunda vuelta sigue los lineamientos técnicos establecidos para cada elección presidencial, garantizando que los documentos no sean manipulados antes de su llegada a las oficinas correspondientes del territorio nacional. Una vez que las actas arriban al país, el personal especializado procede con su digitalización y procesamiento inmediato.

El pasado 7 de junio miles de peruanos en el extranjero votaron. La vocera resaltó que los lineamientos son un conjunto de pautas que dictan cómo verificar locales y capacitar funcionarios, permitiendo que la jornada electoral se desarrolle con normalidad y protegiendo el derecho de todos los peruanos.

El protocolo actual asegura que la cadena de custodia no se vea comprometida en ningún momento. La digitalización centralizada permite que los votos de los peruanos en el exterior sean incorporados al conteo final con la misma transparencia aplicada a las mesas dentro del Perú.

“Esa herramienta de apoyo permitía digitalizar las actas desde el exterior, pero no dejaba o no excluía el envío posterior de los ejemplares de las originales con la misma mecánica que siempre se ha dado para todas las elecciones presidenciales”

La ONPE ratifica así su compromiso con la transparencia y legalidad en todo el proceso electoral.

El conflicto entre el Ejecutivo y la superintendencia escaló al plano legislativo tras acusaciones de que la ministra habría impulsado decisiones para desestabilizar la gestión institucional. Los críticos señalan que estas acciones ponen en riesgo los avances de la reforma universitaria y las garantías de calidad en la educación superior.

La moción, respaldada por diversas bancadas parlamentarias, exige que la funcionaria acuda al Pleno para responder un pliego de preguntas sobre el sustento técnico y legal de la resolución. El documento cuestiona específicamente cómo se respetó la interpretación vinculante del Tribunal Constitucional respecto a la independencia de los directivos.

El Parlamento también busca determinar si las medidas omitieron los plazos de la Ley Universitaria y si los cambios intempestivos buscan flexibilizar condiciones básicas para favorecer a universidades previamente denegadas en sus procesos de licenciamiento. La moción refleja un consenso político sobre la necesidad de transparencia ante estas decisiones administrativas.

Conflicto judicial por autonomía

En paralelo, el Poder Judicial admitió una demanda de amparo presentada por el superintendente de la SUNEDU, Vicente Espinoza. Esta acción legal busca frenar la imposición de un nuevo titular y proteger la independencia de la institución frente a las presiones del Ministerio de Educación.

La resolución ministerial cuestionada es la N.° 338-2026-MINEDU, la cual modificó la composición del Consejo Directivo. El debate parlamentario y el proceso judicial coinciden en señalar la gravedad institucional que este conflicto genera para la autonomía de la supervisión educativa.

La lideresa de Fuerza Popular se encontraba fuera del país para atender asuntos universitarios de su hija, Kyara Villanela. El secretario general de Forza Popular y aspirante a la primera vicepresidencia, Luis Galarreta, había anticipado previamente que la candidata retornaría al territorio nacional durante la noche.

Con más del 99% de las actas ya contabilizadas por el organismo electoral, Keiko Fujimori se posiciona como la favorita para la presidencia del periodo 2026-2031. Actualmente, la candidata lidera la contienda frente a su oponente, Roberto Sánchez, candidato por Juntos por el Perú, con una ventaja de casi 40 mil votos.

En el ámbito de las elecciones regionales y municipales, se reportó que Carlos Bruce, actual alcalde de Surco, se convirtió en el primer postulante inscrito para la Alcaldía de Lima. Su candidatura fue presentada a través del partido Somos Perú.

El proceso electoral continúa con la consolidación de los resultados finales mientras las autoridades completan el escrutinio total. La participación de figuras clave como Jhosselyn Molero también se registra en el marco de las candidaturas para los gobiernos locales.