La resolución judicial se produce tras la declaración de inaplicabilidad de las resoluciones legislativas N.º 007-2025-2026-CR y 008-2025-2026-CR, emitidas el 5 de diciembre de 2025. La Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima fundamentó su decisión en que el informe del Congreso no justificaba cómo un reglamento interno podía constituir delitos o infracciones constitucionales.

El fallo también detectó una «grave incongruencia» en el proceso parlamentario, ya que Espinoza Valenzuela fue la única fiscal suprema sancionada. En contraste, otros magistrados como Juan Carlos Villena, Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos se encontraban en la misma situación jurídica pero no recibieron ninguna sanción por parte del Legislativo.

Impugnación de las medidas del Congreso

Desde el Congreso, a través de su Procuraduría Pública, han apelado la Resolución N.º 6 de la Tercera Sala Constitucional para reafirmar las causales de suspensión. El proceso inició con la Denuncia Constitucional 528, presentada por los congresistas Fernando Rospigliosi Capurro, José Cueto Aservi y Alfredo Azurín Loayza contra la ex titular del Ministerio Público.

El Legislativo sostiene que la abogada incurrió en delitos como abuso de autoridad, falsedad genérica y prevaricato tras la emisión de la Resolución 2246-2024. Dicho documento se vincula a la elaboración del reglamento de la Ley 32130, el cual busca fortalecer las facultades de investigación de la Policía Nacional del Perú y agilizar los procesos penales.

La defensa de Espinoza Valenzuela presentó un informe de la Secretaría de la Junta de Fiscales Supremos que la deslinda de cualquier acuerdo o redacción del documento cuestionado. El caso ahora queda en manos de la Corte Suprema, instancia que decidirá si la inhabilitación se mantiene o si la abogada recupera su cargo como fiscal suprema titular.

En el marco de este conflicto jurídico, el presidente (e) del Congreso, Fernando Rospigliosi, fue condenado a nueve meses de prisión suspendida por el delito de difamación tras haber calificado a la letrada como «desquiciada».

El núcleo de la controversia radica en que la norma reduce el mínimo de candidaturas regionales necesarias para mantener la inscripción de una agrupación política. Originalmente se exigían listas en al menos 13 gobernaciones; sin embargo, la reforma baja este requisito a solo ocho regiones. Este cambio permite retroactivamente que partidos que no lograron presentar un número suficiente de candidatos durante las primarias mantengan su estatus.

Según Palacios, esta disposición evita que dichas agrupaciones pierdan tanto su inscripción como el acceso al financiamiento público directo. De hecho, esto protege el acceso a recursos públicos por un monto aproximado de 3 millones de soles anuales para los partidos involucrados.

Impacto y cuestionamientos sobre la reforma

«En sus primarias no habían logrado presentar 13 candidatos a gobernaciones regionales (…) es un requisito de presencia nacional, lo mínimo que puedes hacer es presentar candidaturas en la mitad del país»

La conductora señaló que esta modificación se introdujo en medio del proceso electoral y altera las reglas desde el inicio. Palacios describió la disposición como una forma de proteger recursos públicos para partidos que, de lo contrario, habrían sido sancionados con la pérdida de financiamiento directo.

Ante este escenario, la periodista calificó el cambio como inconstitucional. Señaló que existen varias vías legales para impugnar la norma, incluyendo un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional o acciones ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para declarar su inaplicabilidad en el proceso.

Palacios cuestionó además la falta de pronunciamientos públicos por parte del presidente y otros actores políticos clave. Específicamente, demandó explicaciones a Arturo Alegría, presidente de la Comisión de Constitución, sobre los de la historia detrás de esta modificación.

La periodista advirtió que si la norma se mantiene, podría alterar gravemente la competitividad de las elecciones regionales y municipales. Esto plantea un precedente peligroso: la posibilidad de cambiar reglas electorales en pleno proceso para beneficiar a ciertas organizaciones con déficit territorial demostrado.

El desarrollo de los próximos días será decisivo para determinar si esta modificación se consolida o si, finalmente, es declarada inaplicable por las autoridades judiciales. La discusión sobre el futuro del financiamiento político seguirá concentrada en los tribunales.

La restricción se aplicará en el perímetro delimitado por las avenidas Tacna, Garcilaso de la Vega, 9 de diciembre y Miguel Grau, además de los jirones Paruro y Amazonas, con contorno al río Rímac. El responde a la condición del Centro como zona intangible para manifestaciones públicas y políticas debido a su estatus de Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO.

El control del tránsito durante las movilizaciones estará bajo la responsabilidad de la Policía Nacional del Perú (PNP), con el apoyo de las unidades operativas de la comuna. Respecto al transporte público, la MML indicó que la PNP tendrá la facultad de habilitar o restringir la circulación del Metropolitano y los corredores complementarios según las necesidades de seguridad.

La municipalidad advirtió que tomará acciones legales contra quienes resulten responsables de alterar el orden público o causar daños en la zona. En su misiva, la entidad enfatizó que estas medidas son necesarias para salvaguardar a los transeúntes y proteger la integridad del sector frente a posibles actos vandálicos.

La medida busca mitigar los efectos de lo que la comuna calificó como «mensajes altisonantes» de sectores políticos que podrían comprometer la paz de la capital. En caso de que los dirigentes de las organizaciones políticas decidan ignorar el marco jurídico vigente, la entidad aplicará todo el peso de la ley.

La Municipalidad de Lima, a través de su Procuraduría Pública, iniciará denuncias penales contra quienes resulten responsables de disturbios o actos vandálicos. El principio de autoridad es la base sobre la cual se ejecutarán estas medidas para garantizar la seguridad en el corazón de la capital.

«Que quede claro que la Municipalidad de Lima se ve obligada a adoptar estas estrictas medidas a fin de proteger el Centro Histórico por mensajes altisonantes de cierto sector político que contribuye a exacerbar la paz de la ciudad»

La entidad precisó que se mantendrá en alerta constante ante el desarrollo de las movilizaciones convocadas por Juntos por el Perú. El objetivo principal es asegurar que las actividades políticas no afecten el patrimonio ni la seguridad pública.