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Perú

Congreso peruano aprueba denuncia contra jueces por caso Odebrecht

El Congreso de Perú aprobó un informe para denunciar a jueces, fiscales y procuradores que participaron en el proceso para develar la corrupción de Odebrecht en el país, con una proyección favorable a Keiko Fujimori.

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Integrantes de la Junta de Portavoces del caso Odebrecht son señalados por el Congreso tras las denuncias contra jueces y fiscales. Foto de: El Búho
Integrantes de la Junta de Portavoces del caso Odebrecht son señalados por el Congreso tras las denuncias contra jueces y fiscales. Foto de: El Búho

Al la legislatura, un pleno del Congreso más envalentonado aprobó este viernes un informe para denunciar a jueces, fiscales y procuradores que participaron en el proceso para develar la corrupción de Odebrecht en el Perú y sus alcances en la clase política peruana. El documento incluye al periodista Gustavo Gorriti, cuyas investigaciones también resultaron incómodas para el fujimorismo y otros grupos políticos afines.

El informe fue elaborado por una comisión investigadora presidida por Alejandro Muñante, de Renovación Popular, partido que también resultó enlodado por el caso Odebrecht: este grupo político recibió en el año 2011 la suma de 200 mil dólares y en el 2014 recibió 500 mil dólares, cuando llevaba por nombre Solidaridad Nacional. Esta información fue revelada precisamente en el curso de las investigaciones a cargo de autoridades que ahora son objeto de persecución política.

La comisión presidida por Muñante llega a ser la cuarta conformada en el Congreso de la República. En este último caso el objetivo fue básicamente emprender una cacería contra las autoridades y el pretexto es la firma del acuerdo de colaboración con Odebrecht; algo que fue cuestionado por quienes no querían que se conozca la verdad sobre la corrupción generada por la empresa brasileña en la clase política peruana.

En su momento dimos cuenta en este portal sobre algunos vicios de la comisión de Muñante, como el hecho de haber contratado como asesor a Luis Alberto Pacheco Mandujano , un abogado que tuvo a su cargo el patrocinio legal del prófugo investigado por lavado por el caso Odebrecht Gonzalo Monteverde . Mandujano también fue abogado de la organización violenta conocida como La Pestilencia, la misma que se dedicó a atacar al Equipo Especial Lava Jato del Ministerio Público.

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El informe final de Muñante fue entregado en diciembre de 2025. Desde entonces el documento había quedado en la congeladora. Pero esta semana, y luego de que el conteo oficial de la ONPE inclinara ligeramente la balanza a favor de Keiko Fujimori, las bancadas decidieron desempolvarlo para avanzar con la arremetida contra los jueces y fiscales. Fue así que este jueves 11 de junio, la Junta de Portavoces acordó incorporarlo en la agenda del pleno.

Esta decisión contó con el apoyo de Alianza Para el Progreso (Salhuana), Perú Libre (Flavio Cruz), Renovación Popular (Yarrow), Lealtad Nacional (Bellido), Acción Popular (Alva), Somos Perú (Paredes G.), Avanza País (Paredes F.), Bancada Socialista (Pariona) y Honor y Democracia (Montoya). Ya en el pleno, el informe fue aprobado con 76 votos a favor. Fuerza Popular de Keiko Fujimori apoyó con 16 votos a favor.

Son siete las autoridades del sistema de justicia en el Perú que forman parte del informe final de persecución política de Muñante. Los dos fiscales del Equipo Especial Lava Jato Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez Gómez , los exprocuradores Jorge Ramírez y Silvana Carrión, los exfiscales de la nación Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos, y la jueza María Álvarez Camacho Jueza, quien en el marco de sus funciones homologó el acuerdo de colaboración con Odebrecht. También se incluyó en el informe al periodista de investigación Gustavo Gorriti, a quien le atribuyen sin sustento el supuesto delito de tráfico de influencias.

Todos ellos ahora serán denunciados por el Congreso ante un Ministerio Público que ya está controlado por Fuerza Popular y sus aliados políticos, con un Tomás Aladino Gálvez al frente. Rafael Vela Barba, fiscal que lideró el Equipo Especial Lava Jato, comentó que era previsible el resultado de esta última comisión conformada en el Congreso. «Ya se sabía el resultado desde el inicio. Fue una comisión arbitraria dirigida por Renovación Popular y el fujimorismo, ambos partidos investigados en el caso Lava Jato, con el único propósito de atacar al sistema de justicia que los investiga, criminalizando a los operadores de justicia, con denuncias penales y administrativas, por hechos ya archivados en el pasado; específicamente, contra fiscales supremos, superiores y provinciales, procuradores públicos del estado y periodistas. Es también la primera vez que acosan a una jueza, la doctora Álvarez Camacho», comentó el fiscal.


Redaccion basada en reportes de El Búho. Ver fuente original.

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Ciencias de la Comunicación, maestría en Docencia Superior e Investigación Universitaria y redactor de noticias en la plataforma Visto Bueno.

Perú

ONPE extiende plazo para reporte de gastos de campaña hasta el 18 de setiembre

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) extendió el plazo para que los candidatos a las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026 presenten su información financiera. El nuevo plazo para el reporte de gastos de campaña ONPE se fijó hasta el viernes 18 de setiembre.

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ONPE extiende plazo — Representantes de la ONPE presentan información sobre el financiamiento de campañas electorales para las elecciones regionales y municipales de 2026. Foto de: Gestión
Representantes de la ONPE presentan información sobre el financiamiento de campañas electorales para las elecciones regionales y municipales de 2026. Foto de: Gestión

La decisión fue formalizada mediante la Resolución Gerencial N.° 000012-2026-GSFP/ONPE, la cual otorga siete días adicionales a los actores políticos que participaban en el proceso. Esta prórroga permite que las organizaciones políticas y candidatos ajusten sus registros antes de la fecha límite establecida por el organismo electoral.

La primera entrega de información financiera debe cubrir los aportes, ingresos y gastos registrados entre el 7 de enero y el 5 de setiembre. Este periodo comprende los 30 días previos a la jornada electoral, tiempo en el cual se contabilizan las actividades de campaña y la captación de recursos.

Los actores pueden presentar la documentación de manera digital a través del portal de financiamiento CLARIDAD de la ONPE. También está permitida la entrega física en la sede central, en las Oficinas Regionales de Coordinación (ORC) o en las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE).

Requisitos y formatos de reporte

Los partidos políticos, movimientos regionales y alianzas electorales deben utilizar el formato 5 para declarar aportes e ingresos, mientras que el formato 6 se emplea para informar los gastos. Por su parte, los candidatos individuales deben emplear el formato 7 para sus ingresos y el formato 8 para sus gastos de campaña.

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En el caso de los candidatos que cuenten con un responsable de campaña, la designación de este debe ser comunicada formalmente a través del formato 14. Una misma persona puede asumir esta responsabilidad para varios candidatos, facilitando la gestión de los reportes ante la autoridad electoral.

La información puede ser presentada directamente por el candidato o por su responsable de campaña designado. El cumplimiento de estos requisitos es fundamental para garantizar la transparencia en el financiamiento de las próximas elecciones regionales y municipales.


Redacción basada en reportes de Gestión. Ver fuente original.

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Perú

Oposición peruana exige modificar facultades legislativas del Ejecutivo

Las bancadas de oposición solicitaron al presidente del Gabinete Ministerial, Luis Galarreta, la modificación del pedido de facultades legislativas para concentrarlo exclusivamente en seguridad ciudadana, gestión de riesgos de desastres y atención ante el Fenómeno El Niño.

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Diputados en el Congreso de la República discuten las facultades legislativas solicitadas por el Gobierno. Foto de: Gestión
Diputados en el Congreso de la República discuten las facultades legislativas solicitadas por el Gobierno. Foto de: Gestión

Los voceros de Juntos por el Perú, Obras y Ahora Nación enviaron un oficio formal exigiendo que el Ejecutivo retire del proyecto original aquellos temas que generan mayor controversia. El objetivo es priorizar materias que cuentan con un mayor consenso ciudadano y responden a necesidades urgentes del país.

La oposición manifestó su preocupación por las declaraciones de los senadores oficialistas Martha Chávez y Carlos Mesía sobre la posible reincorporación de temas descartados por la Cámara de Diputados. Los parlamentarios advirtieron que dicha acción podría contravinir las reglas que regulan el procedimiento legislativo bicameral.

De acuerdo con el oficio, las iniciativas del Ejecutivo para solicitar facultades son competencia de la Cámara de Diputados. Si bien el Senado puede modificar las propuestas aprobadas por esta cámara, los voceros sostienen que no puede incorporar materias distintas de aquellas enviadas originalmente por la cámara de origen.

Exigencia de respeto a las reglas bicamerales

Foto de archivo (2013): Edificio del Congreso de Perú
Foto de archivo (2013): Edificio del Congreso de Perú
Foto: commons.wikimedia.org

El documento técnico cita el artículo 104 de la Constitución, referido a la delegación de facultades legislativas sobre materias específicas, además de las disposiciones del Reglamento del Congreso y del Reglamento del Senado. Los parlamentarios enfatizaron que el Ejecutivo debe formular un nuevo texto que respete los fueros de ambas cámaras para garantizar la validez de la norma.

En el marco de su bloque de oposición democrática, los parlamentarios expresaron su intención de que el Gobierno salga del entrampamiento actual. El objetivo es asegurar que el proceso legislativo se ajuste estrictamente a la normativa vigente antes de proceder con la votación.

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Redacción basada en reportes de Gestión. Ver fuente original.

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Perú

APCI articula US$ 1.8 millones de cooperación de Corea para fortalecer resiliencia climática en zonas rurales

La APCI articuló US$ 1.8 millones en cooperación de Corea del Sur para fortalecer la gestión de riesgos en zonas rurales. Esta iniciativa busca mejorar los servicios nacionales de información climática, vital para la resiliencia de las comunidades ante fenómenos meteorológicos extremos.

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Representantes de Corea del Sur y Perú sostienen documentos de cooperación para fortalecer la resiliencia climática en zonas rurales. Foto de: El Peruano
Representantes de Corea del Sur y Perú sostienen documentos de cooperación para fortalecer la resiliencia climática en zonas rurales. Foto de: El Peruano

El convenio se enmarca en el proyecto denominado “Mejora de los Servicios Nacionales de Información Climática para Fortalecer la Resiliencia de las Comunidades Rurales en el Perú”. Este esfuerzo busca proporcionar información climática de alta calidad directamente a poblaciones rurales que son particularmente vulnerables a los efectos del cambio climático.

Para la ejecución del proyecto participaron la directora ejecutiva de la APCI, María Soledad Garagorri; la jefa (e) del Senamhi, Grinia Ávalos; y el director País de la Oficina de KOICA en el Perú, Jeongwook Lee. Los actores se coordinarán para establecer mecanismos de colaboración y comunicación que permitan fortalecer la respuesta de las comunidades locales.

Fortaleciendo la resiliencia con cooperación climática APCI

La meta principal de la cooperación es reducir los impactos generados por fenómenos meteorológicos extremos. Además de la información, la iniciativa contempla el desarrollo de capacidades técnicas específicas para el Senamhi, fortaleciendo su capacidad operativa a nivel nacional.

La ejecución de este ambicioso plan de mejora de servicios se ha programado para extenderse hasta el 31 de diciembre de 2027. Con estos fondos, se espera que el país pueda contar con herramientas más robustas para la toma de decisiones en materia de gestión de riesgos.

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Cabe recordar que la cooperación de KOICA con el Perú no es un esfuerzo nuevo. Esta colaboración se remonta al año 2000 y ha evolucionado significativamente. Inicialmente, el apoyo se centró en el envío de voluntarios y el respaldo a la infraestructura pública, para luego orientarse hacia proyectos más integrales de fortalecimiento institucional y mejora de servicios públicos.


Redacción basada en reportes de El Peruano. Ver fuente original.

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