El decomiso se realizó en los puertos de San Antonio y Valparaíso, en la zona central de Chile, y en el puerto de Arica, al norte. Según un comunicado de Aduanas, la droga estaba impregnada principalmente en maderas provenientes de Bolivia. De haber llegado a su destino, la droga podría haber generado ganancias criminales superiores a los 8.334 millones de dólares en los mercados europeos.

La incautación es resultado de seis meses de investigación y se logró la detección de 45 contenedores con maderas impregnadas principalmente con cocaína y ketamina. Las autoridades informaron que aún quedan contenedores por revisar, por lo que la cifra de droga incautada podría ser mayor.

Incautación récord: La incautación de más de 100 toneladas de cocaína y ketamina en Chile es la mayor registrada hasta ahora en el país. La droga fue hallada en contenedores con madera procedente de Bolivia, lo que sugiere una posible ruta de tráfico desde ese país hacia Europa.

El operativo se desarrolló sin detenidos, lo que indica que las autoridades chilenas lograron interceptar la droga antes de que pudiera ser distribuida. La incautación es un golpe para el narcotráfico y demuestra el compromiso del gobierno chileno en combatir el tráfico de drogas en su territorio.

Tensión en Bolivia: Mientras tanto, en Bolivia, el presidente Rodrigo Paz denunció que «narcoterroristas» están impulsando protestas contra el gobierno. El mandatario boliviano aseguró que su gobierno cumplirá con lo que manda la Constitución y hará frente a cualquier amenaza a la estabilidad del país.

Antecedentes: La incautación de drogas en Chile no es un hecho aislado. En los últimos años, el país ha sido utilizado como ruta de tráfico para enviar cocaína hacia Europa. Esta última incautación es una muestra más de la lucha contra el narcotráfico que lleva a cabo el gobierno chileno.

Contexto: La incautación de drogas en Chile se produce en un momento de creciente preocupación por el tráfico de estupefacientes en América Latina. Los gobiernos de la región están trabajando juntos para combatir el narcotráfico y reducir su impacto en la sociedad.

Vamos a hacer cumplir lo que manda la Constitución

Reacción del gobierno chileno: El gobierno chileno ha manifestado su compromiso en la lucha contra el narcotráfico. La incautación de más de 100 toneladas de cocaína y ketamina es un ejemplo de la efectividad de las políticas implementadas por el país para combatir el tráfico de drogas.

La crisis en el país altiplánico se ha intensificado debido a bloqueos de carreteras que, durante cinco semanas, han asfixiado a las principales ciudades. Estas interrupciones, ejecutadas por obreros, campesinos, mineros, transportistas y maestros, han provocado la escasez de productos básicos en la región.

El mandatario, quien cumple siete meses en el poder, cuenta ahora con facultades legales para emplear a las fuerzas armadas con el fin de contener las manifestaciones. Esta medida busca restringir las libertades de reunión y movimiento para restablecer el orden público ante la presión de los grupos que exigen su renuncia.

El Gobierno boliviano denunció además que cuatro policías resultaron heridos de bala durante enfrentamientos por liberar las vías. Las autoridades aseguran que estos actos violentos son ejecutados por facciones criminales con vínculos directos con el tráfico de drogas.

Medidas contra la violencia en las vías

La parálisis logística ha generado un impacto crítico en la economía local y el abastecimiento básico. En ciudades como La Paz y El Alto, los precios de carnes y vegetales se han duplicado en los mercados mientras escasean medicamentos en los hospitales.

Durante un acto en el palacio de gobierno junto a sus ministros, el mandatario enfatizó la firmeza de su postura frente a los grupos violentos.

«A los violentos, a los narcoterroristas (…), sus días están contados. Vamos a hacer cumplir lo que manda la Constitución»

La nueva normativa reglamenta específicamente el uso de las fuerzas militares para garantizar la seguridad nacional y la libre circulación en las zonas afectadas por los bloqueos.

Las protestas continúan generando tensiones mientras el Ejecutivo busca restablecer la normalidad mediante el uso de la fuerza legalmente facultada.

La lista de desafíos ambientales que tendrá que enfrentar el nuevo gobierno del Perú es larga. Expertos entrevistados por Mongabay Latam advierten que el avance de la minería ilegal y la criminalidad organizada se mantienen como dos de los temas más urgentes por resolver. Los pueblos indígenas también reclaman una mayor autonomía en su gobernanza territorial.

Recientemente, documentamos que la minería ilegal de oro se expandió a 11 regiones amazónicas de Perú y volvió a afectar la Reserva Nacional Tambopata, una de las áreas protegidas más emblemáticas de la Amazonía peruana. En entrevista con Mongabay Latam, Sidney Novoa, biólogo y director de Sistemas de Información Geográfica de Conservación Amazónica, advierte que el aumento del precio internacional del oro, los vacíos legales y el debilitamiento institucional están acelerando la expansión de la minería ilegal en ese país.

Este panorama se ve agravado por el hecho de que bloques de hidrocarburos, concesiones mineras y de madera, carreteras y actividades ilícitas se superponen con el principal corredor habitado por pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial en Perú: el Territorial Yavari-Tapiche, que abarca más de 16 millones de hectáreas —el doble de Panamá— en ambos lados de la frontera Perú-Brasil. Es el territorio con los bosques vírgenes contiguos más extensos de la Amazonía.

El crimen organizado es otro de los temas espinosos que enfrenta el Perú. Un equipo de Mongabay Latam recorrió el Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes, un área protegida que resguarda la mayor extensión de manglares del país y alberga una gran diversidad de aves, peces, crustáceos y mamíferos. Durante la visita constatamos que este ecosistema fronterizo también está bajo presión por actividades ilícitas como la pesca ilegal, el contrabando, el narcotráfico y la presencia de bandas criminales que operan entre Perú y Ecuador.

La pesca y el mar quedaron fuera del debate o presas de propuestas populistas. Pese a que estos sectores son importantes para la seguridad alimentaria del país, un análisis de Mongabay Latam revela que las propuestas de los candidatos son escasas, superficiales o incluso contrarias a las recomendaciones científicas. Mientras tanto, problemas como la pesca ilegal, la sobreexplotación y la violencia en el mar siguen creciendo.

Una nueva iniciativa legislativa alerta al sector pesquero y ambiental. El Ministerio de la Producción otorgó «viabilidad con observaciones» a un proyecto de ley que podría reabrir el proceso de formalización pesquera artesanal concluido en 2023. Expertos y dirigentes del sector consideran que este proyecto es una maniobra para legalizar embarcaciones ilegales. El Ministerio del Ambiente señala que la iniciativa representa riesgos para la sostenibilidad de los recursos marinos y podría aumentar la presión sobre especies que ya se encuentran plenamente explotadas.

Imagen principal: Madre de Dios, la región más afectada por la minería ilegal, tiene entre sus candidatos a segunda vuelta electoral al propietario de concesiones mineras. Foto: CEVAN – Fuerza Aérea del Perú.