Perú
Perú enfrenta crisis carcelaria con sobrepoblación del 152%
La situación del sistema carcelario es crítica: solo 17 establecimientos penitenciarios en todo el país no presentan sobrepoblación. Las cifras revelan una crisis estructural por la masiva concentración de internos, evidenciando un estado de cosas inconstitucional.
El déficit de capacidad en los centros de reclusión es alarmante. A marzo de 2026, la diferencia entre el cupo disponible y la población interna asciende a 63.392 personas, lo que representa un índice del 152% de saturación. De las 69 cárceles registradas en el país, solo una minoría está operando dentro de sus límites normativos.
Este panorama se agrava con la concentración de reclusos en pocos puntos. Establecimientos como Tacna (446%), Abancay (439%) y Sarita Colonia del Callao (422%) reportan niveles de hacinamiento extremos, superando dramáticamente su capacidad prevista. Por el contrario, otras cárceles, como San Ignacio en Cajamarca o Cochamarca en Cerro de Pasco, mantienen tasas mucho más bajas.
La magnitud de la crisis penitenciaria
A nivel nacional, se registra una población total de 214.083 reclusos. De esta cifra, casi la mitad (50,8%) son personas que cumplen penas limitativas o beneficios penitenciarios, mientras que el 49% restante está bajo prisión preventiva o sentencia efectiva. Este flujo constante y creciente ha generado un aumento del número de internos en un 7,1% entre marzo de 2025 y marzo de 2026.
«Mi hijo está en prisión, está en una celda bipersonal donde duermen cinco», sostiene Irma Castro, ilustrando cómo el hacinamiento supera los límites humanos básicos. Este tipo de condiciones exponen a los internos al riesgo constante de enfermedades y violencia.
Respuesta estatal ante la sobrepoblación cárceles Perú
Ante este contexto crítico, el Gobierno aprobó recientemente el Plan de Deshacinamiento Penitenciario 2026-2028. Esta medida busca revertir la situación mediante una articulación entre el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia, y la Dirección de Gracias Presidenciales.
El plan responde directamente al mandato del Tribunal Constitucional, que declaró un «estado de cosas inconstitucional» respecto al hacinamiento carcelario. El presidente del Inpe, Henry Cotos Ochoa, ha señalado que el personal penitenciario está coordinando la evaluación y el traslado de la población penal para gestionar esta compleja tarea.
Más allá de las cifras macro, el impacto social afecta profundamente a los familiares. Los allegados asumen el costo de la reclusión —alimentación, ropa, gastos de desplazamiento— mientras lidian con el agotamiento burocrático y emocional. La estigmatización resultante genera exclusión social que va más allá del muro penitenciario.
Finalmente, en cuanto a la población interna, los jóvenes entre 18 y 29 años representan el 23,7% de los reclusos. Para los grupos de edad mayores (30 a 59 años), el Inpe enfatiza la importancia de programas educativos para el trabajo, buscando que adquieran competencias útiles para su futura inserción en el mercado laboral.
Redaccion basada en reportes de La República. Ver fuente original.
Perú
ONPE extiende plazo para reporte de gastos de campaña hasta el 18 de setiembre
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) extendió el plazo para que los candidatos a las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026 presenten su información financiera. El nuevo plazo para el reporte de gastos de campaña ONPE se fijó hasta el viernes 18 de setiembre.
La decisión fue formalizada mediante la Resolución Gerencial N.° 000012-2026-GSFP/ONPE, la cual otorga siete días adicionales a los actores políticos que participaban en el proceso. Esta prórroga permite que las organizaciones políticas y candidatos ajusten sus registros antes de la fecha límite establecida por el organismo electoral.
La primera entrega de información financiera debe cubrir los aportes, ingresos y gastos registrados entre el 7 de enero y el 5 de setiembre. Este periodo comprende los 30 días previos a la jornada electoral, tiempo en el cual se contabilizan las actividades de campaña y la captación de recursos.
Los actores pueden presentar la documentación de manera digital a través del portal de financiamiento CLARIDAD de la ONPE. También está permitida la entrega física en la sede central, en las Oficinas Regionales de Coordinación (ORC) o en las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE).
Requisitos y formatos de reporte
Los partidos políticos, movimientos regionales y alianzas electorales deben utilizar el formato 5 para declarar aportes e ingresos, mientras que el formato 6 se emplea para informar los gastos. Por su parte, los candidatos individuales deben emplear el formato 7 para sus ingresos y el formato 8 para sus gastos de campaña.
En el caso de los candidatos que cuenten con un responsable de campaña, la designación de este debe ser comunicada formalmente a través del formato 14. Una misma persona puede asumir esta responsabilidad para varios candidatos, facilitando la gestión de los reportes ante la autoridad electoral.
La información puede ser presentada directamente por el candidato o por su responsable de campaña designado. El cumplimiento de estos requisitos es fundamental para garantizar la transparencia en el financiamiento de las próximas elecciones regionales y municipales.
Redacción basada en reportes de Gestión. Ver fuente original.
Perú
Oposición peruana exige modificar facultades legislativas del Ejecutivo
Las bancadas de oposición solicitaron al presidente del Gabinete Ministerial, Luis Galarreta, la modificación del pedido de facultades legislativas para concentrarlo exclusivamente en seguridad ciudadana, gestión de riesgos de desastres y atención ante el Fenómeno El Niño.
Los voceros de Juntos por el Perú, Obras y Ahora Nación enviaron un oficio formal exigiendo que el Ejecutivo retire del proyecto original aquellos temas que generan mayor controversia. El objetivo es priorizar materias que cuentan con un mayor consenso ciudadano y responden a necesidades urgentes del país.
La oposición manifestó su preocupación por las declaraciones de los senadores oficialistas Martha Chávez y Carlos Mesía sobre la posible reincorporación de temas descartados por la Cámara de Diputados. Los parlamentarios advirtieron que dicha acción podría contravinir las reglas que regulan el procedimiento legislativo bicameral.
De acuerdo con el oficio, las iniciativas del Ejecutivo para solicitar facultades son competencia de la Cámara de Diputados. Si bien el Senado puede modificar las propuestas aprobadas por esta cámara, los voceros sostienen que no puede incorporar materias distintas de aquellas enviadas originalmente por la cámara de origen.
Exigencia de respeto a las reglas bicamerales
Foto: commons.wikimedia.org
El documento técnico cita el artículo 104 de la Constitución, referido a la delegación de facultades legislativas sobre materias específicas, además de las disposiciones del Reglamento del Congreso y del Reglamento del Senado. Los parlamentarios enfatizaron que el Ejecutivo debe formular un nuevo texto que respete los fueros de ambas cámaras para garantizar la validez de la norma.
En el marco de su bloque de oposición democrática, los parlamentarios expresaron su intención de que el Gobierno salga del entrampamiento actual. El objetivo es asegurar que el proceso legislativo se ajuste estrictamente a la normativa vigente antes de proceder con la votación.
Redacción basada en reportes de Gestión. Ver fuente original.
Perú
APCI articula US$ 1.8 millones de cooperación de Corea para fortalecer resiliencia climática en zonas rurales
La APCI articuló US$ 1.8 millones en cooperación de Corea del Sur para fortalecer la gestión de riesgos en zonas rurales. Esta iniciativa busca mejorar los servicios nacionales de información climática, vital para la resiliencia de las comunidades ante fenómenos meteorológicos extremos.
El convenio se enmarca en el proyecto denominado “Mejora de los Servicios Nacionales de Información Climática para Fortalecer la Resiliencia de las Comunidades Rurales en el Perú”. Este esfuerzo busca proporcionar información climática de alta calidad directamente a poblaciones rurales que son particularmente vulnerables a los efectos del cambio climático.
Para la ejecución del proyecto participaron la directora ejecutiva de la APCI, María Soledad Garagorri; la jefa (e) del Senamhi, Grinia Ávalos; y el director País de la Oficina de KOICA en el Perú, Jeongwook Lee. Los actores se coordinarán para establecer mecanismos de colaboración y comunicación que permitan fortalecer la respuesta de las comunidades locales.
Fortaleciendo la resiliencia con cooperación climática APCI
La meta principal de la cooperación es reducir los impactos generados por fenómenos meteorológicos extremos. Además de la información, la iniciativa contempla el desarrollo de capacidades técnicas específicas para el Senamhi, fortaleciendo su capacidad operativa a nivel nacional.
La ejecución de este ambicioso plan de mejora de servicios se ha programado para extenderse hasta el 31 de diciembre de 2027. Con estos fondos, se espera que el país pueda contar con herramientas más robustas para la toma de decisiones en materia de gestión de riesgos.
Cabe recordar que la cooperación de KOICA con el Perú no es un esfuerzo nuevo. Esta colaboración se remonta al año 2000 y ha evolucionado significativamente. Inicialmente, el apoyo se centró en el envío de voluntarios y el respaldo a la infraestructura pública, para luego orientarse hacia proyectos más integrales de fortalecimiento institucional y mejora de servicios públicos.
Redacción basada en reportes de El Peruano. Ver fuente original.
