El déficit de capacidad en los centros de reclusión es alarmante. A marzo de 2026, la diferencia entre el cupo disponible y la población interna asciende a 63.392 personas, lo que representa un índice del 152% de saturación. De las 69 cárceles registradas en el país, solo una minoría está operando dentro de sus límites normativos.
Este panorama se agrava con la concentración de reclusos en pocos puntos. Establecimientos como Tacna (446%), Abancay (439%) y Sarita Colonia del Callao (422%) reportan niveles de hacinamiento extremos, superando dramáticamente su capacidad prevista. Por el contrario, otras cárceles, como San Ignacio en Cajamarca o Cochamarca en Cerro de Pasco, mantienen tasas mucho más bajas.
La magnitud de la crisis penitenciaria
A nivel nacional, se registra una población total de 214.083 reclusos. De esta cifra, casi la mitad (50,8%) son personas que cumplen penas limitativas o beneficios penitenciarios, mientras que el 49% restante está bajo prisión preventiva o sentencia efectiva. Este flujo constante y creciente ha generado un aumento del número de internos en un 7,1% entre marzo de 2025 y marzo de 2026.
«Mi hijo está en prisión, está en una celda bipersonal donde duermen cinco», sostiene Irma Castro, ilustrando cómo el hacinamiento supera los límites humanos básicos. Este tipo de condiciones exponen a los internos al riesgo constante de enfermedades y violencia.
Respuesta estatal ante la sobrepoblación cárceles Perú
Ante este contexto crítico, el Gobierno aprobó recientemente el Plan de Deshacinamiento Penitenciario 2026-2028. Esta medida busca revertir la situación mediante una articulación entre el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia, y la Dirección de Gracias Presidenciales.
El plan responde directamente al mandato del Tribunal Constitucional, que declaró un «estado de cosas inconstitucional» respecto al hacinamiento carcelario. El presidente del Inpe, Henry Cotos Ochoa, ha señalado que el personal penitenciario está coordinando la evaluación y el traslado de la población penal para gestionar esta compleja tarea.
Más allá de las cifras macro, el impacto social afecta profundamente a los familiares. Los allegados asumen el costo de la reclusión —alimentación, ropa, gastos de desplazamiento— mientras lidian con el agotamiento burocrático y emocional. La estigmatización resultante genera exclusión social que va más allá del muro penitenciario.
Finalmente, en cuanto a la población interna, los jóvenes entre 18 y 29 años representan el 23,7% de los reclusos. Para los grupos de edad mayores (30 a 59 años), el Inpe enfatiza la importancia de programas educativos para el trabajo, buscando que adquieran competencias útiles para su futura inserción en el mercado laboral.
