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Perú

Roberto Sánchez impugna 2.400 mesas por votación anómala en Perú

La candidatura de Roberto Sánchez enfrenta un obstáculo financiero crucial en su esfuerzo por exigir transparencia electoral. Para solicitar la impugnación de 2.400 mesas con patrones de votación anómalos, se requiere una recaudación que asciende a casi un millón de dólares.

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Roberto Sánchez — Un hombre habla frente a un micrófono en el marco de la denuncia sobre las impugnaciones de mesas de votación en Perú. Foto de: news.google.com
Un hombre habla frente a un micrófono en el marco de la denuncia sobre las impugnaciones de mesas de votación en Perú. Foto de: news.google.com

El proceso ha puesto en evidencia cómo el sistema electoral peruano mercantiliza el acceso a la justicia. La izquierda, agrupada detrás del candidato Sánchez, debe costear legalmente los recursos para cuestionar actas electorales ante las autoridades competentes. Este requisito económico es el principal reto para poder avanzar con la impugnación de mesas votación anómala Perú.

«El coste de exigir transparencia democrática se tasaba en casi un millón de dólares. Si no los tienes, pues te quedas sin poder exigir transparencia»

Costo económico detiene la fiscalización electoral

Expertos han denunciado que el derecho a la transparencia está condicionado al poder adquisitivo de las organizaciones políticas. De acuerdo con estos análisis, solicitar la nulidad de actas tiene un costo fijo y elevado: 1.337 soles (aproximadamente $393 dólares) por cada mesa que se pretenda impugnar formalmente.

Esta estructura de cobros determina que una elección en el país pueda definirse, en parte, por la capacidad económica para costear los recursos legales. La imposibilidad de pagar las tasas electorales consolida los resultados observados en las mesas cuestionadas, limitando drásticamente el derecho a la fiscalización del proceso.

A pesar de estos desafíos financieros, el conteo continúa muy ajustado: la diferencia entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez es de poco más de 18.000 votos. Al la información, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) reportaba que el sufragio contaba con un 98.593% de las actas contabilizadas.

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En cuanto a los números, Fujimori registraba 9 millones 075 mil 116 votos, mientras que Sánchez movilizaba 9 millones 056 mil 638 respaldos. Este suma al esfuerzo de Juntos por el Perú, que presentó un recurso de nulidad sobre 294 mesas en Argentina y anunció la solicitud de anular actas en Lima y EE.UU.

Reclamos judiciales ante resultados ajustados

Ante este escenario, las bases del progresismo convocaron a una colecta solidaria para costear la impugnación de 2.400 mesas con patrones de votación calificados como muy anómalos. El partido Fuerza Popular, por su parte, rechazó la propuesta que Sánchez había hecho el viernes de pedir conjuntamente un recuento total de votos en la segunda vuelta.

El antecedente más reciente es que Juntos por el Perú presentó ayer por la noche nulidad sobre 294 mesas en Argentina. Estas actas fueron procesadas el 10 de junio a las 10 p.m., y desde ese momento se contabiliza un plazo de tres días para su revisión.


Redaccion basada en reportes de news.google.com. Ver fuente original.

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Ciencias de la Comunicación, maestría en Docencia Superior e Investigación Universitaria y redactor de noticias en la plataforma Visto Bueno.

Perú

ONPE extiende plazo para reporte de gastos de campaña hasta el 18 de setiembre

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) extendió el plazo para que los candidatos a las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026 presenten su información financiera. El nuevo plazo para el reporte de gastos de campaña ONPE se fijó hasta el viernes 18 de setiembre.

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ONPE extiende plazo — Representantes de la ONPE presentan información sobre el financiamiento de campañas electorales para las elecciones regionales y municipales de 2026. Foto de: Gestión
Representantes de la ONPE presentan información sobre el financiamiento de campañas electorales para las elecciones regionales y municipales de 2026. Foto de: Gestión

La decisión fue formalizada mediante la Resolución Gerencial N.° 000012-2026-GSFP/ONPE, la cual otorga siete días adicionales a los actores políticos que participaban en el proceso. Esta prórroga permite que las organizaciones políticas y candidatos ajusten sus registros antes de la fecha límite establecida por el organismo electoral.

La primera entrega de información financiera debe cubrir los aportes, ingresos y gastos registrados entre el 7 de enero y el 5 de setiembre. Este periodo comprende los 30 días previos a la jornada electoral, tiempo en el cual se contabilizan las actividades de campaña y la captación de recursos.

Los actores pueden presentar la documentación de manera digital a través del portal de financiamiento CLARIDAD de la ONPE. También está permitida la entrega física en la sede central, en las Oficinas Regionales de Coordinación (ORC) o en las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE).

Requisitos y formatos de reporte

Los partidos políticos, movimientos regionales y alianzas electorales deben utilizar el formato 5 para declarar aportes e ingresos, mientras que el formato 6 se emplea para informar los gastos. Por su parte, los candidatos individuales deben emplear el formato 7 para sus ingresos y el formato 8 para sus gastos de campaña.

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En el caso de los candidatos que cuenten con un responsable de campaña, la designación de este debe ser comunicada formalmente a través del formato 14. Una misma persona puede asumir esta responsabilidad para varios candidatos, facilitando la gestión de los reportes ante la autoridad electoral.

La información puede ser presentada directamente por el candidato o por su responsable de campaña designado. El cumplimiento de estos requisitos es fundamental para garantizar la transparencia en el financiamiento de las próximas elecciones regionales y municipales.


Redacción basada en reportes de Gestión. Ver fuente original.

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Perú

Oposición peruana exige modificar facultades legislativas del Ejecutivo

Las bancadas de oposición solicitaron al presidente del Gabinete Ministerial, Luis Galarreta, la modificación del pedido de facultades legislativas para concentrarlo exclusivamente en seguridad ciudadana, gestión de riesgos de desastres y atención ante el Fenómeno El Niño.

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Diputados en el Congreso de la República discuten las facultades legislativas solicitadas por el Gobierno. Foto de: Gestión
Diputados en el Congreso de la República discuten las facultades legislativas solicitadas por el Gobierno. Foto de: Gestión

Los voceros de Juntos por el Perú, Obras y Ahora Nación enviaron un oficio formal exigiendo que el Ejecutivo retire del proyecto original aquellos temas que generan mayor controversia. El objetivo es priorizar materias que cuentan con un mayor consenso ciudadano y responden a necesidades urgentes del país.

La oposición manifestó su preocupación por las declaraciones de los senadores oficialistas Martha Chávez y Carlos Mesía sobre la posible reincorporación de temas descartados por la Cámara de Diputados. Los parlamentarios advirtieron que dicha acción podría contravinir las reglas que regulan el procedimiento legislativo bicameral.

De acuerdo con el oficio, las iniciativas del Ejecutivo para solicitar facultades son competencia de la Cámara de Diputados. Si bien el Senado puede modificar las propuestas aprobadas por esta cámara, los voceros sostienen que no puede incorporar materias distintas de aquellas enviadas originalmente por la cámara de origen.

Exigencia de respeto a las reglas bicamerales

Foto de archivo (2013): Edificio del Congreso de Perú
Foto de archivo (2013): Edificio del Congreso de Perú
Foto: commons.wikimedia.org

El documento técnico cita el artículo 104 de la Constitución, referido a la delegación de facultades legislativas sobre materias específicas, además de las disposiciones del Reglamento del Congreso y del Reglamento del Senado. Los parlamentarios enfatizaron que el Ejecutivo debe formular un nuevo texto que respete los fueros de ambas cámaras para garantizar la validez de la norma.

En el marco de su bloque de oposición democrática, los parlamentarios expresaron su intención de que el Gobierno salga del entrampamiento actual. El objetivo es asegurar que el proceso legislativo se ajuste estrictamente a la normativa vigente antes de proceder con la votación.

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Redacción basada en reportes de Gestión. Ver fuente original.

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Perú

APCI articula US$ 1.8 millones de cooperación de Corea para fortalecer resiliencia climática en zonas rurales

La APCI articuló US$ 1.8 millones en cooperación de Corea del Sur para fortalecer la gestión de riesgos en zonas rurales. Esta iniciativa busca mejorar los servicios nacionales de información climática, vital para la resiliencia de las comunidades ante fenómenos meteorológicos extremos.

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Representantes de Corea del Sur y Perú sostienen documentos de cooperación para fortalecer la resiliencia climática en zonas rurales. Foto de: El Peruano
Representantes de Corea del Sur y Perú sostienen documentos de cooperación para fortalecer la resiliencia climática en zonas rurales. Foto de: El Peruano

El convenio se enmarca en el proyecto denominado “Mejora de los Servicios Nacionales de Información Climática para Fortalecer la Resiliencia de las Comunidades Rurales en el Perú”. Este esfuerzo busca proporcionar información climática de alta calidad directamente a poblaciones rurales que son particularmente vulnerables a los efectos del cambio climático.

Para la ejecución del proyecto participaron la directora ejecutiva de la APCI, María Soledad Garagorri; la jefa (e) del Senamhi, Grinia Ávalos; y el director País de la Oficina de KOICA en el Perú, Jeongwook Lee. Los actores se coordinarán para establecer mecanismos de colaboración y comunicación que permitan fortalecer la respuesta de las comunidades locales.

Fortaleciendo la resiliencia con cooperación climática APCI

La meta principal de la cooperación es reducir los impactos generados por fenómenos meteorológicos extremos. Además de la información, la iniciativa contempla el desarrollo de capacidades técnicas específicas para el Senamhi, fortaleciendo su capacidad operativa a nivel nacional.

La ejecución de este ambicioso plan de mejora de servicios se ha programado para extenderse hasta el 31 de diciembre de 2027. Con estos fondos, se espera que el país pueda contar con herramientas más robustas para la toma de decisiones en materia de gestión de riesgos.

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Cabe recordar que la cooperación de KOICA con el Perú no es un esfuerzo nuevo. Esta colaboración se remonta al año 2000 y ha evolucionado significativamente. Inicialmente, el apoyo se centró en el envío de voluntarios y el respaldo a la infraestructura pública, para luego orientarse hacia proyectos más integrales de fortalecimiento institucional y mejora de servicios públicos.


Redacción basada en reportes de El Peruano. Ver fuente original.

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