El proceso ha puesto en evidencia cómo el sistema electoral peruano mercantiliza el acceso a la justicia. La izquierda, agrupada detrás del candidato Sánchez, debe costear legalmente los recursos para cuestionar actas electorales ante las autoridades competentes. Este requisito económico es el principal reto para poder avanzar con la impugnación de mesas votación anómala Perú.
«El coste de exigir transparencia democrática se tasaba en casi un millón de dólares. Si no los tienes, pues te quedas sin poder exigir transparencia»
Costo económico detiene la fiscalización electoral
Expertos han denunciado que el derecho a la transparencia está condicionado al poder adquisitivo de las organizaciones políticas. De acuerdo con estos análisis, solicitar la nulidad de actas tiene un costo fijo y elevado: 1.337 soles (aproximadamente $393 dólares) por cada mesa que se pretenda impugnar formalmente.
Esta estructura de cobros determina que una elección en el país pueda definirse, en parte, por la capacidad económica para costear los recursos legales. La imposibilidad de pagar las tasas electorales consolida los resultados observados en las mesas cuestionadas, limitando drásticamente el derecho a la fiscalización del proceso.
A pesar de estos desafíos financieros, el conteo continúa muy ajustado: la diferencia entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez es de poco más de 18.000 votos. Al la información, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) reportaba que el sufragio contaba con un 98.593% de las actas contabilizadas.
En cuanto a los números, Fujimori registraba 9 millones 075 mil 116 votos, mientras que Sánchez movilizaba 9 millones 056 mil 638 respaldos. Este suma al esfuerzo de Juntos por el Perú, que presentó un recurso de nulidad sobre 294 mesas en Argentina y anunció la solicitud de anular actas en Lima y EE.UU.
Reclamos judiciales ante resultados ajustados
Ante este escenario, las bases del progresismo convocaron a una colecta solidaria para costear la impugnación de 2.400 mesas con patrones de votación calificados como muy anómalos. El partido Fuerza Popular, por su parte, rechazó la propuesta que Sánchez había hecho el viernes de pedir conjuntamente un recuento total de votos en la segunda vuelta.
El antecedente más reciente es que Juntos por el Perú presentó ayer por la noche nulidad sobre 294 mesas en Argentina. Estas actas fueron procesadas el 10 de junio a las 10 p.m., y desde ese momento se contabiliza un plazo de tres días para su revisión.
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