Durante su discurso de asunción, Fujimori se refirió a la minería ilegal desde una perspectiva de seguridad. «Allí donde el crimen organizado, el narcotráfico y la minería ilegal hayan arrebatado el control al Estado, haremos uso de todas las herramientas que la Constitución pone a disposición del Gobierno», aseguró.

La presidenta también abordó el fenómeno climático El Niño y sus consecuencias. «Para enfrentar los retos urgentes que nos trae el fenómeno El Niño y la inseguridad ciudadana emitiremos decretos de urgencia y solicitaremos al Congreso de la República facultades delegadas», dijo.

Fujimori ha sido vinculada a sectores mineros, pero durante su discurso no mencionó la contaminación por mercurio producto de la minería en ríos, el tráfico de fauna, la deforestación y los incendios ni el avance de las economías ilícitas en la Amazonía peruana. Tampoco habló de la violencia contra los defensores ambientales.

Fuente: Mongabay Perú

El llamado de Simon hace referencia directa al informe remitido por el fiscal Edward Casaverde al Ministerio Público el pasado 10 de julio. Dicho documento solicitó autorización para ejercer la acción penal contra Gorriti por presunto delito de cohecho. El periodista, a quien se acusa, ha sido objeto de este proceso que, según Simon, no tiene sustento legal ni periodístico.

«Iniciar un proceso acusatorio a Gustavo Gorriti en represalia por su trabajo periodístico representaría una clara violación a la libertad de prensa»

Simon, quien previamente fue director ejecutivo del Comité para la Protección de Periodistas entre 2006 y 2021, señaló que el informe de Casaverde no solo es conceptualmente débil, sino que también contradice radicalmente lo que este fiscal había ordenado archivar sobre el mismo caso hace menos de un año. Esta inconsistencia ha generado cuestionamientos sobre la motivación detrás del cambio de postura.

Contradicciones y acusaciones en el Ministerio Público

El periodista sugirió que todo indica una irracionalidad peligrosa, entendiendo el proceso actual como una venganza contra los investigadores vinculados al caso Lava Jato. Según su análisis, se está utilizando la desinformación para presentar investigaciones de corrupción público-privada, transformándolas en lo que él denomina un «vulgar trueque de influencias e informaciones».

En el ámbito político, las acusaciones apuntan a fuerzas políticas como protagonistas. Se menciona que los principales actores detrás de la ofensiva desinformadora contra la investigación Lava Jato fueron los investigados de Fuerza Popular, apoyados por una maquinaria aprista. Además, se señala que Keiko Fujimori aplaudió los «testimonios» de Jaime Villanueva e inició una contraofensiva fiscal a través de una denuncia penal.

El análisis periodístico concluye señalando un retorno al control del Ministerio Público por parte de sectores considerados corruptos, reviviendo la situación previa al desencadenamiento de las investigaciones Lava Juez o Cuellos Blancos. El Fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, y otros altos funcionarios han sido mencionados en contextos de destitución y restitución institucional.

La contradicción más palpable se centra en el fiscal Edward Casaverde: hace menos de un año examinó el mismo caso y resolvió declarar que los cargos eran insuficientes, mandando el proceso al archivo. Sin embargo, su informe actual presenta acusaciones sin ningún factor inductivo o evaluación deductiva que respalde el cambio.

El texto fuente también detalla que la fuente de Casaverde para esta nueva acusación depende casi enteramente de los testimonios de Jaime Villanueva. Este mismo testimonio fue la base central de la investigación fiscal previa, material que en su momento fue desestimado y mandado al archivo por el propio fiscal.

A pesar de las críticas, se subraya que el núcleo de la disposición del fiscal Gálvez sigue refiriéndose a la llamada “Operación Valkiria” y a las confesiones de Jaime Villanueva.

El magistrado Leodan Cristóbal Ayala determinó que no es posible ejecutar la sentencia del máximo intérprete de la Constitución debido a que existen mandatos judiciales actuales. Estas resoluciones impiden, en los términos establecidos por el Tribunal Constitucional, levantar la medida cautelar contra el dirigente político.

La investigación contra Cerrón se centra en el presunto financiamiento ilegal de las campañas electorales de su partido entre los años 2008 y 2021. El líder del partido enfrenta actualmente una situación jurídica compleja debido a que, aunque fue absuelto en el caso Aeródromo Wanka, persiste la orden por la investigación de financiamiento ilícito.

El juez precisó que las resoluciones del 4 de diciembre de 2025 y del 7 de enero de 2026 cuentan con autoridad de cosa juzgada. Por este motivo, el Poder Judicial no puede dejarlas sin efecto de manera unilateral debido a las limitaciones establecidas en la Constitución y en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Consulta ante el Tribunal Constitucional

Ante la falta de claridad sobre si la sentencia del TC alcanza por conexión a las resoluciones posteriores, el magistrado ordenó elevar una consulta al órgano constitucional. Solo tras recibir dicha aclaración podrá ejecutarse plenamente lo dispuesto por la justicia constitucional respecto a la situación de Vladimir Cerrón.

El líder de Perú Libre permanece en condición de no habido desde el 6 de octubre de 2023, fecha en la que se emitió una orden de captura. A pesar de la revocación de su condena por tres años y seis meses de prisión en marzo pasado, continúa siendo requerido por la justicia debido a la medida cautelar vigente.