El OEFA identificó un total de 36 zonas afectadas por residuos sólidos municipales en la región Lambayeque. Estas áreas, conocidas como botaderos, abarcan aproximadamente 609 hectáreas y están distribuidas en tres provincias: Chiclayo, con 17 sitios; Lambayeque, con 14 unidades; y Ferreñafe, con cinco.

La jefa de la Oficina Desconcentrada del OEFA en Lambayeque, Glendy Paola Zabarburú Belloso, explicó que los espacios deben cumplir criterios mínimos para reducir impactos ambientales. Sin embargo, las supervisiones detectaron diversas situaciones de riesgo que podrían causar daños graves a los recursos naturales y al ambiente.

Incumplimiento y multas por botaderos ambientales Lambayeque OEFA

Ante este panorama, el organismo ambiental dictó 69 medidas preventivas en 16 unidades fiscalizables administradas por 20 municipalidades. No obstante, solo siete de las unidades fiscales correspondientes a diez gobiernos locales han acreditado haber cumplido con las disposiciones emitidas.

«Las áreas en proceso de recuperación deben cumplir criterios mínimos de operación destinados a reducir los impactos ambientales y proteger la salud de la población»

Por su parte, el OEFA informó que se han impuesto multas coercitivas equivalentes a 82 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) para exigir el cumplimiento de las medidas. Entre las municipalidades señaladas por observaciones e incumplimientos figuran Monsefú, Pimentel, Ciudad Eten, Puerto Eten, Santa Rosa, Olmos, Pucalá, Pomalca y Pátapo.

Las acciones son fundamentales para prevenir incendios, evitar la proliferación de roedores y moscas, y reducir la contaminación del suelo, el aire y las aguas subterráneas. La entidad reiteró que es crucial garantizar condiciones mínimas de operación mientras avanzan los proyectos integrales de gestión de residuos sólidos.

De acuerdo con el informe, estas medidas buscan proteger directamente la salud de la población y asegurar la sostenibilidad ambiental en toda la región Lambayeque.

Los usuarios reportan que múltiples autoridades municipales o policiales están autorizando convertir tramos de esta vía expresa en pistas atléticas exclusivas para eventos deportivos. Esta práctica ha provocado congestiones vehiculares y dificulta el acceso a zonas clave, afectando tanto al transporte cotidiano como a las actividades laborales. De hecho, desde el 1 de enero de 2026, se han registrado doce instancias de cierres parciales en la Costa Verde, lo que implica un patrón de bloqueos con una frecuencia de dos veces al mes, coincidiendo sistemáticamente con días fines de semana.

Frecuencia e impacto del

El a miles de personas que dependen del tramo para moverse entre distritos como Chorrillos y Miraflores o Barranco y San Isidro. Además, el bloqueo impide la labor diaria de trabajadores locales, incluyendo pescadores artesanales, cocineros, mozos y instructores de surf.

Desde una perspectiva legal, se recuerda que la Constitución garantiza el libre tránsito en su artículo 2, inciso 11, salvo restricciones expresamente previstas por ley. Los críticos cuestionan la proporcionalidad de cerrar la vía pública doce veces en solo seis meses.

Los afectados señalan que las acciones de amparo y denuncias legales han sido insuficientes para detener el fenómeno. La responsabilidad recae tanto en quienes firman las autorizaciones como en los gremios, concesionarios o empresarios locales cuyo silencio es visto como complicidad ante el abuso del espacio público.

La Costa Verde debe mantenerse como una vía pública de libre circulación y no puede convertirse en la cancha privada para eventos deportivos sin considerar a los usuarios habituales, trabajadores y negocios que dependen de su paso constante.

Según Rojas, la base de votantes está conformada por 407.462 hombres y 376.245 mujeres. Además del total registrado, el funcionario destacó que el grupo demográfico más numeroso dentro del electorado loretano corresponde a la población joven entre los 18 y 29 años.

En un llamado de atención sobre la documentación, Rojas advirtió que aún hay 7.396 jóvenes mayores de edad utilizando el DNI amarillo de menor de edad. Por ello, exhortó a estos ciudadanos a actualizar su documento lo antes posible para garantizar la plena participación en las elecciones.

Avance y actualización del sistema de identificación

Respecto al proceso de modernización, se señaló que el padrón electoral se construye con la información que los propios ciudadanos registran ante Reniec. De acuerdo con los datos presentados, actualmente el 18% de la población electoral en Loreto ya cuenta con DNI electrónico.

Este porcentaje es un indicador del avance continuo en el sistema de identificación civil. Rojas precisó que esta tasa sigue aumentando conforme se desarrolla el proceso de modernización de la documentación a nivel regional.