La controversia surge tras la publicación de una resolución del Ministerio de Educación que retira a Espinoza Santillán y propone al exrector de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Chauca Valqui cuenta con un historial de denuncias penales por presunto acoso sexual, extorsión y peculado.

El objetivo estratégico del Gobierno es lograr que estas instituciones educativas dejen de depender del presupuesto del Minedu para ser financiadas directamente por el MEF. Con este esquema, cada una de las 60 universidades aprobadas bajo la gestión de José María Balcázar recibiría un monto mínimo de 10 millones de soles.

Riesgos a la autonomía institucional

Fuentes de la Sunedu cuestionan la decisión por vulnerar la independencia del organismo y poner en duda su profesionalismo. La entidad advierte que cualquier intento de debilitar su autonomía convierte las decisiones técnicas en conveniencias políticas, afectando los procesos de licenciamiento y fiscalización.

El conflicto central radica en el acceso a la educación superior sin condiciones mínimas de calidad o infraestructura adecuada. El Ejecutivo defiende su postura como una medida para ampliar oportunidades, mientras que especialistas advierten que someter a la Sunedu a intereses políticos compromete la seguridad del sistema universitario.

La decisión final sobre la conducción de la entidad determinará si el Estado mantiene una supervisión independiente o si la calidad educativa queda subordinada al cálculo político. La medida busca consolidar un modelo donde las instituciones educativas operen bajo un marco financiero directo y menos fiscalizado por el sector educación.

El incidente ocurrió cuando Yábar abordó un vehículo en Los Olivos, luego de cenar cerca de Mega Plaza. Según su relato, al avanzar unas cuadras, el taxi se detuvo repentinamente y dos sujetos ingresaron: uno por la parte delantera y otro por la posterior. Los atacantes lo sujetaron con fuerza e impidieron que bajara, obligándolo a permanecer sentado bajo amenazas.

Durante la retención forzada, los individuos amenazaron al periodista con un arma de fuego mientras le despojaban de sus pertenencias: cartera, celular, lentes y llaves. Posteriormente, revisaron el contenido del teléfono móvil e insistieron en conocer su trabajo y postura política.

Amenazas a la libertad de prensa

Los sujetos también interrogaron a Yábar sobre su voto, momento en que escuchó una frase que consideró clave para entender el contexto: “¿por qué no aceptan que ganó Keiko?”. Además del robo físico, los atacantes le exigieron y lo obligaron a transferir un total de S/3 mil 500 soles.

«No podemos dejar estos casos en la nebulosa, tienen que esclarecerse rápidamente», afirmó Zuliana Lainez, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP).

Ante este tipo de hechos, la ANP ha manifestado su preocupación por evitar que las represalias sean interpretadas como ataques a la labor periodística o a una línea editorial específica. La dirigente señaló que el caso de Yábar forma parte de un conjunto de episodios recientes que mantienen en alerta al gremio.

La asociación también recordó otros incidentes de riesgo. En Arequipa, el periodista Julio Aquise denunció haber sido atacado con artefactos explosivos contra su vivienda en Cerro Colorado; este ataque ocurrió días después de que él presentara una denuncia por presuntas pruebas de corrupción policial ante la Fiscalía Especializada en Crimen Organizado. Por otra parte, Pauner Portal Talexi reportó encontrar un sobre con dos balas y una carta amenazante en su domicilio en Iquitos, exigiendo dejar de cuestionar en su programa radial.

Ante esta situación recurrente, la ANP ha solicitado a las autoridades competentes que actúen inmediatamente para garantizar la protección e investigar estos casos sin interferencias. El gremio exige una respuesta clara del Estado ante la reiteración de ataques que ponen en riesgo la integridad de los comunicadores.

La tesorera del partido, Luzmila Ayay, confirmó que el proceso de recaudación mediante billeteras digitales se detendrá debido a la insuficiencia de fondos para procesar las solicitudes. Inicialmente, la agrupación buscaba obtener la anulación de aproximadamente 1,700 mesas en Lima y regiones como Lambayeque, Amazonas y Áncash.

El JNE rechazó previamente el pedido de invalidación por parte de Juntos por el Perú debido al impago de las tasas correspondientes. El costo por cada mesa afectada asciende a 1,375 soles (404 dólares), cifra que la organización no logró reunir en el tiempo previsto para cumplir con los requisitos legales.

La agrupación denunció la existencia de «indicios graves, concordantes y sistemáticos» en las zonas afectadas. Según el partido, se identificaron patrones repetitivos de votación que beneficiaron directamente a Fuerza Popular en dichos departamentos.

Situación actual del conteo

La ONPE finalizó el sábado pasado el conteo de actas pendientes, mientras los jurados especiales electorales (JEE) continúan revisando 1,495 actas impugnadas por ambos contendientes. Actualmente, las cifras oficiales otorgan a Fujimori el 50.007 % de la votación, equivalente a 9,112,789 votos.

En contraste, el candidato Roberto Sánchez obtuvo el 49.923 % con un total de 9,084,684 votos. Aún resta la revisión de 970 actas que permanecen en disputa por ambos sectores políticos.

Ante la imposibilidad de continuar con la recaudación, la tesorera del partido comunicó a sus seguidores el cese de las donaciones voluntarias.

«No hemos llegado a esa meta. Ya no esperamos recaudar más, vamos a parar»

Ayay precisó que un portavoz del partido informará en los próximos días sobre el monto total logrado durante la campaña de recaudación y reafirmó el carácter democrático de sus actividades.