El anuncio se realizó durante una declaración en el Parlamento venezolano, donde el dirigente chavista detalló que las personas beneficiadas incluyen a antiguos funcionarios de la Policía Metropolitana, vinculados a los acontecimientos de abril de 2002. Rodríguez explicó que, además de la ley de amnistía, se está implementando un proceso de beneficios para individuos considerados por su edad o estado de salud.
Entre los casos destacados, se mencionó la liberación de una adolescente de 16 años, identificada como Samantha, y de una mujer mayor de 70 años. Asimismo, un grupo de 16 detenidos recuperó su libertad este martes, pues sus casos estaban relacionados con investigaciones sobre operaciones de PDVSA (Petróleos de Venezuela S.A.) realizadas entre 2024 y 2025.
Debate sobre el alcance de la amnistía
La ley de amnistía, que cubre hechos ocurridos durante los 27 años de régimen chavista, excluye específicamente los casos ligados a presuntos intentos de golpe de Estado o acusaciones de magnicidio. Sin embargo, las cifras sobre el impacto de la medida generan diferencias. Mientras el gobierno de Delcy Rodríguez afirma que más de 8.000 personas han sido beneficiadas, organizaciones independientes sostienen que gran parte de estos casos correspondían a personas que ya gozaban de libertad condicional.
Por su parte, la ONG Foro Penal confirmó la excarcelación de al menos trece presos políticos en la cárcel de Yare II, ubicada en el estado Miranda. Estas nuevas salidas se producen en un contexto de atención internacional, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara el pasado 12 de mayo que su administración trabajaría para lograr la liberación de todos los presos políticos en Venezuela.
«Vamos a sacarlos a todos», declaró Trump.
La medida de excarcelación se suma a otras liberaciones recientes, como la de Merys Torres de Sequea, madre del capitán Antonio Sequea, quien fue condenado por participar en la “Operación Gedeón”, un intento marítimo fallido contra la dictadura de Maduro ocurrido en 2020.
En paralelo, la ONG Cecodap (Centro de Derechos Humanos de la Academia de Ciencias Políticas) señaló que la joven Samantha, detenida en noviembre de 2025, fue inicialmente excluida de la amnistía. La organización también destacó que la familia de la adolescente ha sido perseguida, manteniendo privados de libertad a su tío, su hermana mayor y un primo.
