El ataque fue llevado a cabo por grupos insurgentes respaldados por al-Qaida, incluyendo Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM) y el Frente de Liberación del Azawad (FLA), que son un movimiento separatista tuareg. Estos grupos atacaron ciudades estratégicas como Kati, Gao, Mopti y Sévaré.

Según el ministerio militar maliense, las fuerzas rebeldes utilizaron vehículos cargados con explosivos y drones armados en sus ataques. Además, se reportó que un helicóptero Mi-8AMTSh de la Corporación Africana (antigua Fuerza Wagner), fue derribado cerca de Gao.

Las fuerzas rusas retiraron a sus tropas del estratégico Kidal después de acuerdos con las autoridades malienses. El general Oumar Diarra, jefe del Estado Mayor, declaró que el ejército había neutralizado a más de 200 terroristas en todo el país.

El ataque ha sido visto como un revés para los esfuerzos rusos en la región. Según Ulf Laessing, director del programa Sahel de la Fundación Konrad Adenauer, “para Rusia este ataque ha sido una desgracia”. Además, el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, expresó profunda preocupación por la violencia y subrayó la vulnerabilidad de unos 5 millones de personas que necesitan ayuda humanitaria en Mali.

Desde hace años, Mali ha enfrentado una serie de conflictos con insurgentes vinculados a al-Qaida e IS, así como un movimiento separatista en el norte del país. La situación se complicó tras los golpes militares de 2020 y 2021 que llevaron a Assimi Goïta a la cabeza del junta militar.

Allen llevaba consigo una escopeta de caza, una pistola y varios cuchillos cuando entró al hotel Hilton donde se celebraba el evento. Según declaraciones del presidente estadounidense, Allen fue reducido por la seguridad antes de poder acercarse a Trump o los periodistas presentes.

El atacante había enviado un manifiesto en parte a familiares poco antes del incidente, en el que expresaba su intención de realizar un ataque contra responsables de la administración republicana. La policía informó que Allen ha sido acusado de asalto y portar armas de fuego.

Según las autoridades, Allen no representaba una amenaza pública después del incidente y estaba registrado como huésped en el hotel Hilton donde ocurrió la agresión. La policía también confirmó que Allen tenía licencia para portar dos armas, incluyendo la pistola utilizada durante el ataque.

Además de ser maestro, Allen estudió ingeniería y ciencias de la computación en prestigiosas universidades como Caltech y Dominguez Hills. También desarrollaba videojuegos como actividad adicional a su trabajo docente.

Torrance, el lugar donde vivía Allen y ejercía como maestro, es una localidad con cerca de 150.000 habitantes situada al sur de Los Ángeles, cerca del puerto marítimo de Long Beach.

Desde septiembre pasado, Estados Unidos ha llevado a cabo una serie de ataques contra barcos que supuestamente transportan droga en el Pacífico. Estos operativos han sido justificados por el gobierno estadounidense como parte de su estrategia para combatir la producción y distribución de drogas ilícitas desde América Latina.

El Pentágono ha publicado videos que muestran barcos moviéndose rápidamente en aguas del Pacífico antes de ser atacados. En este último incidente, el barco fue incendiado tras la explosión causada por el ataque militar.

Según expertos legales y organizaciones defensoras de los derechos humanos, estos ataques podrían considerarse ejecuciones extrajudiciales ya que aparentemente han afectado a civiles que no representan una amenaza inmediata para Estados Unidos. Además, la administración Trump ha afirmado que el país está en «conflicto armado» con los carteles de drogas en América Latina.

El Departamento del Tesoro de EE.UU., por su parte, ha sancionado a varias organizaciones y personas vinculadas al tráfico de drogas, calificándolas como grupos terroristas. Según el Pentágono, la operación más reciente tuvo lugar en aguas internacionales del Pacífico Oriental.

Desde que comenzaron estos ataques, no se ha proporcionado evidencia definitiva por parte del gobierno estadounidense de que los barcos atacados estén realmente involucrados en actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de drogas. El informe de Agence France-Presse indica que la cifra total de muertes asciende a 185, aunque se desconoce si todos los fallecidos eran miembros de organizaciones dedicadas al narcotráfico.

Estos operativos militares han sido llevados a cabo en el contexto del aumento de la presencia militar estadounidense en América Latina desde hace varios años. Además, estos ataques se han producido meses antes de un raid enero que resultó en la detención de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela.

El Pentágono ha informado que no hubo bajas entre las fuerzas militares estadounidenses durante esta operación.