La iniciativa del PP busca modificar tres leyes, entre ellas la Ley de Enjuiciamiento Civil, con el objetivo de facilitar las licencias urbanísticas y acortar los plazos para abandonar una vivienda tras un desahucio judicial. La propuesta también incluye eliminar la posibilidad de declarar zonas tensionadas donde se establecen topes al precio del alquiler.
Maribel Vaquero, del PNV, cuestionó durante el debate si una familia puede sobrevivir con solo 900 euros al mes y señaló que el PP no comprende la realidad económica de los hogares más afectados. Oskar Matute, del partido EH Bildu, acusó al PP de tener miedo y desprecio hacia las personas en situación vulnerable.
La propuesta fue aprobada para su consideración por el pleno del Congreso, pero resulta improbable que llegue a convertirse en ley dada la oposición unánime de partidos más izquierdistas. El PP argumentó que estas medidas facilitarían la construcción de vivienda nueva y apelaron al consenso para impulsar políticas urbanísticas.
El PNV, que inicialmente había presentado una propuesta similar, decidió abstenerse debido a las diferencias en el texto del PP. Los partidos más izquierdistas rechazaron la propuesta del PP por considerarla una respuesta a la demanda de ayuntamientos de diferentes signos políticos.
El pleno también accedió a tramitar una proposición de ley del PSOE para que las mujeres puedan mantener indefinidamente sus óvulos criogenizados, sin depender de una decisión médica.
Redaccion basada en reportes de El País. Ver fuente original.
