La vocera de la ONPE, Katiuska Valencia, explicó que el procedimiento para el transporte de las actas se ajustó a lo establecido en el artículo 244 de la Ley Orgánica de Elecciones. Según la autoridad, cada acta cuenta con una cinta de seguridad colocada por los miembros de mesa tras el escrutinio, lo cual impide cualquier alteración de los resultados.
El traslado del material electoral estuvo bajo la custodia de funcionarios de Cancillería, quienes garantizaron la integridad de las actas en coordinación con la ONPE. Valencia enfatizó que la resolución jefatural que regula este proceso no modificó las reglas fundamentales, sino que añadió capas de seguridad para el resguardo de los documentos y las cédulas, las cuales fueron transportadas en bolsas lacradas.
Por su parte, el abogado y vocero de Juntos por el Perú, Walter Ayala, cuestionó la emisión de una norma días antes de la segunda vuelta. Ayala sostiene que esta decisión contravendría el principio de intangibilidad de la ley, argumentando que en la primera vuelta se aplicó la digitalización inmediata mientras que en la segunda se optó por el traslado físico en valija diplomática.
El debate ha generado una contradicción en el discurso del partido opositor, ya que, aunque cuestionan el método de transporte, exigen un reconteo total de votos. Dicho proceso solo es posible gracias a que las actas y cédulas llegaron físicamente al país. Además, la ONPE recordó que la Resolución Jefatural N.° RJ-21-2026-JN, que introdujo la digitalización en la primera vuelta, no generó reclamos similares.
La institución busca despejar dudas sobre la transparencia del voto extranjero y reafirma que el documento físico es el único válido. Mientras tanto, la acción de amparo presentada por Ayala mantiene abierto el debate sobre la normativa vigente frente a las críticas que la ONPE considera como una estrategia política.
Redaccion basada en reportes de Exitosa Noticias. Ver fuente original.
