El juicio contra Lafarge se desarrolló tras la guerra civil siria que estalló en marzo de 2011 y la posterior expansión del Estado Islámico. La cementera adquirió la fábrica de Jalabiya en 2008, comenzando sus operaciones apenas unos meses antes del inicio del conflicto.
Según el tribunal, los pagos realizados por Lafarge a grupos yihadistas permitieron al EI financiar ataques terroristas. La Fiscalía Nacional Antiterrorista calificó la conducta de Lafarge como una «perversión» que llevó a la empresa a financiar organizaciones terroristas con el único objetivo del lucro.
«Esta no será ni la primera ni la última vez que una decisión de los jueces de primera instancia sea revocada por los jueces del Tribunal de Apelación», afirmó Jacqueline Laffont, abogada del exdirector ejecutivo Bruno Lafont.
El fallo tiene un impacto significativo en el mundo empresarial y legal. Según Didier Rebut, profesor de derecho y ciencias penales, es la primera vez que una gran empresa internacional y sus dirigentes son condenados por terrorismo sin adhesión ideológica a los grupos involucrados.
La sentencia podría cambiar las reglas para las multinacionales operando en zonas conflictivas, elevando el nivel de exigencia en términos de cumplimiento legal y ético. Las empresas ya no podrán simplemente adaptarse al contexto local si sus actividades benefician a grupos armados.
La empresa Lafarge reconoce la sentencia del tribunal y asegura que la conducta «que tuvo lugar hace más de una década constituyó una violación flagrante del código de conducta de Lafarge». La decisión podría marcar un hito en los esfuerzos de la compañía para abordar este asunto heredado.
Redaccion basada en reportes de BBC Mundo. Ver fuente original.
