La iniciativa busca revertir la situación actual tras el conteo de actas por parte de la ONPE. Con el 100% de las actas computadas, la candidata Keiko Fujimori lidera con un 50.055% de los sufragios, mientras que el candidato Roberto Sánchez registra un 49.949%, una diferencia de 18,488 votos.
El partido del izquierdista Sánchez identificó «indicios graves, concordantes y sistemáticos» en las actas de Lima y las regiones de Lambayeque, Amazonas y Áncash. Según el documento presentado, estos patrones repetitivos beneficiarían directamente a Fuerza Popular, la organización política de Fujimori.
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) rechazó inicialmente el pedido del partido debido a que no se había completado el pago correspondiente por cada mesa afectada. El costo para invalidar una unidad es de 1,375 soles (404 dólares), lo que suma un total de 2.4 millones de soles (705,000 dólares) para las 1,751 mesas identificadas.
Recaudación para la impugnación
A través de sus redes sociales, el partido Juntos por el Perú solicitó la solidaridad de sus simpatizantes para financiar el proceso legal. El objetivo es anular las mesas donde se presume una manipulación de actas que compromete el resultado final del escrutinio.
Actualmente, los ciudadanos permanecen a la espera de que los jurados especiales electorales (JEE) finalicen la observación de 1,495 actas impugnadas. Este proceso técnico es fundamental para determinar la validez definitiva de las votaciones en las zonas señaladas como irregulares.
La solicitud de anulación se centra específicamente en distritos donde el partido opositor detectó anomalías que favorecen a la candidata de Fuerza Popular. El éxito de esta recaudación permitiría al bando de Sánchez proceder con la impugnación formal ante las autoridades electorales.
El conteo oficial concluyó ayer tras la validación de las actas pendientes por parte de la ONPE. La disputa por los 18,488 votos de diferencia mantiene en suspenso el desenlace definitivo de la segunda vuelta presidencial.
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