Perú
Gustavo Gorriti enfrenta amenaza penal tras informe del Congreso sobre Odebrecht
El periodista de investigación Gustavo Gorriti enfrenta una nueva amenaza penal tras la aprobación del informe final de una comisión parlamentaria que investiga los acuerdos entre el Poder Judicial y Odebrecht. El documento recomienda denunciar al director de IDL-Reporteros por presuntos delitos como cohecho y obstrucción a la justicia.
El reporte, aprobado por el Congreso el 12 de junio, se basa en las revelaciones que Gorriti y su portal han realizado sobre el caso Lava Jato. El periodista fue acusado de ofrecer supuestos favores mediáticos para influir en decisiones del Ministerio Público tras la firma de acuerdos de «colaboración eficaz» en 2019.
Gorriti calificó la situación como un «ejemplo casi grotesco de conflicto de intereses», debido a que los cinco congresistas que integraron la comisión investigadora están siendo procesados en el marco del caso Lava Jato. El informe fue impulsado por el congresista Alejandro Muñante, miembro de Renovación Popular.
El periodista denunció una campaña de desinformación y descrédito coordinada por una coalición que incluye a sectores de la ultraderecha, el fujimorismo y Perú Libre. Según Gorriti, esta ofensiva busca anular las revelaciones del caso Lava Jato y castigar su labor informativa.
Presión sobre la libertad de prensa
La situación judicial ha impactado el entorno mediático nacional, donde Perú ha perdido 67 puestos en la clasificación mundial de la libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras desde 2022. El periodista ha enfrentado ataques constantes por sus investigaciones sobre corrupción que involucran a altos funcionarios y exmandatarios.
En el marco del conflicto, los dos fiscales del Equipo Especial Lava Jato han sido apartados: José Domingo Pérez fue expulsado del Ministerio Público y Rafael Vela fue suspendido de su cargo. El caso ha involucrado a decenas de autoridades y empresarios en toda la región durante la última década.
Gorriti sostiene que el trabajo realizado por IDL-Reporteros desde 2011 ha sido objeto de una «contraofensiva» para proteger a los implicados. La investigación del portal sobre las tramas de Odebrecht permitió identificar sobornos a políticos y funcionarios en diversos países.
El periodista, quien fue secuestrado en 1992 tras investigar vínculos entre el narcotráfico y altos cargos del gobierno de Alberto Fujimori, ha recibido medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2023 por los riesgos que enfrenta.
Redaccion basada en reportes de IDL-Reporteros. Ver fuente original.