Este juicio masivo es una respuesta directa a los ataques brutales que las pandillas han llevado a cabo durante años, lo que llevó al presidente Nayib Bukele a declarar la «guerra» a estas organizaciones criminales en 2022. Desde entonces, el país ha estado bajo un régimen de excepción que permite arrestos sin orden judicial y suspensiones de derechos constitucionales.
Según datos oficiales del gobierno, desde la implementación del régimen de excepción se han registrado más de 91.000 detenciones relacionadas con pandillas. Sin embargo, organizaciones locales e internacionales de derechos humanos han criticado esta medida por considerar que ha llevado a detenciones arbitrarias y sin orden judicial.
«No puede pisotear el derecho a un juicio justo en nombre de la seguridad pública», advirtieron expertos de la ONU al gobierno salvadoreño.
La Fiscalía entregó este lunes a la prensa local un video donde se detalla que a los acusados en el proceso masivo se les atribuyen 47.000 delitos cometidos entre 2012 y 2022, incluidos 29.000 homicidios, feminicidios y desapariciones. Más de 250 imputados están recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la cárcel de máxima seguridad para pandilleros construida por el gobierno.
Este no es el primer juicio multitudinario celebrado en El Salvador. Fueron reformas a la Ley Contra el Crimen Organizado, aprobadas bajo el régimen de excepción, las que permitieron estos procesos colectivos. Estas disposiciones han sido criticadas por amenazar el derecho al acceso a la justicia y el debido proceso.
La Fiscalía asegura tener pruebas abundantes para pedir penas máximas para los imputados, sin precisar si se trata de la cadena perpetua recientemente aprobada en el país. El juez Juan Antonio Durán Ramírez considera que deberían valorarse procedimientos abreviados para dar aplicación a principios de celeridad y economía procesal.
Muchos familiares alegan la inocencia de algunos detenidos y esperan una justicia independiente, imparcial y objetiva. El juicio masivo ha generado debate sobre el equilibrio entre seguridad pública y garantías judiciales.
Redaccion basada en reportes de BBC Mundo. Ver fuente original.
