Según el fiscal general, esta medida busca abordar la violencia extrema que ha afectado al país durante años. Sin embargo, expertos de las Naciones Unidas han expresado preocupación por la posibilidad de que estos juicios masivos socaven los derechos de defensa y la presunción de inocencia de los detenidos.
El fiscal general del país ha declarado que cuentan con pruebas «contundentes» para garantizar penas máximas a quienes sean encontrados culpables. Además, el juicio se lleva a cabo mediante videoconferencias debido a la gran cantidad de acusados.
«Los juicios masivos subminan los derechos fundamentales de las personas detenidas», afirmó un portavoz del sistema de Naciones Unidas.
Este enfoque judicial es parte de una estrategia más amplia implementada por el gobierno salvadoreño para combatir la violencia criminal. Desde 2019, El Salvador ha experimentado un aumento significativo en los niveles de homicidios y extorsiones atribuidas a bandas criminales como MS-13.
La decisión del Ministerio Público se basa en investigaciones exhaustivas que han identificado a estos individuos como responsables de una amplia gama de crímenes, incluyendo asesinatos, extorsión y tráfico de drogas y armas. La fiscalía asegura que este enfoque permitirá un mejor manejo del sistema judicial frente al volumen de casos.
El juicio masivo es una medida polémica que busca equilibrar la necesidad de justicia con los derechos legales de los acusados, generando debate sobre su eficacia y ética en el contexto legal salvadoreño.
Redaccion basada en reportes de BBC World. Ver fuente original.
