El SPLC ha sido un blanco recurrente para activistas conservadores debido a sus críticas hacia ciertos grupos de derecha. En esta ocasión, el Departamento de Justicia sostiene que la organización utilizó fondos donados para financiar actividades que supuestamente combatía, como infiltrar y pagar a informantes dentro del Ku Klux Klan y otros movimientos extremistas.
Según las acusaciones, entre 2014 y 2023 el SPLC habría pagado más de $3 millones a personas relacionadas con grupos extremistas. Bryan Fair, CEO del SPLC, declaró que la organización «defenderá vigorosamente su trabajo, sus empleados y su misión».
El programa de infiltración del SPLC, conocido internamente como “el F”, ha sido clave para recopilar información sobre actividades violentas. Sin embargo, el Departamento de Justicia sostiene que esta práctica fue utilizada para fomentar la ideología extremista en lugar de combatirla.
El SPLC argumenta que mantuvo este programa en secreto por razones de seguridad y para proteger a sus informantes. Según Fair, “lo aprendido a través de estos informantes ha salvado vidas” durante el período del movimiento de derechos civiles.
«The SPLC was not dismantling these groups. It was instead manufacturing the extremism it purports to oppose by paying sources to stoke racial hatred,» dijo Todd Blanche, subprocurador general interino.
El caso ha generado preocupación entre los críticos del gobierno de Donald Trump, quienes temen que se esté utilizando a la Justicia para perjudicar a opositores políticos. Kash Patel, designado por Trump como jefe del FBI, terminó la relación de su agencia con el SPLC al considerarlo una “máquina de difamación partidista”.
El SPLC ha sido objeto de controversia debido a sus reportes anuales sobre grupos extremistas y su posición crítica hacia las políticas del expresidente Donald Trump. La organización sostiene que su trabajo es crucial para la seguridad nacional y continúa compartiendo información con autoridades locales y federales.
La acusación contra el SPLC podría tener implicaciones significativas en el debate sobre libertades civiles y el papel de organizaciones no gubernamentales en la lucha contra el extremismo. El caso se está llevando a cabo en Alabama, donde tiene sede la organización.
Redaccion basada en reportes de Al Jazeera. Ver fuente original.
