La investigación, coordinada por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), identificó que los defensores Sergio Oceransky y Wilberth Nahuat fueron blanco de campañas digitales específicas. Estas acciones ocurrieron en momentos clave de sus labores de defensa territorial frente a la degradación del ecosistema.
A pesar de la presión legal y digital, las comunidades locales mantienen su organización para preservar el territorio. El conflicto subraya la vulnerabilidad de los activistas que denuncian daños ambientales y la pérdida sistemática de selva en la región.
Resistencia ante la criminalización
En otros escenarios regionales, diversos actores enfrentan retos similares por la protección de recursos naturales. En Bolivia, crece el rechazo a un acuerdo entre el gobierno de Rodrigo Paz y cooperativistas mineros que podría habilitar actividades extractivas en áreas protegidas.
Organizaciones indígenas y científicos advierten que este pacto pone en riesgo fuentes de agua y ecosistemas estratégicos debido a la contaminación por mercurio asociada a la extracción de oro. Estos grupos exigen la anulación inmediata del acuerdo para proteger la salud humana y la biodiversidad.
En Ecuador, el pueblo indígena siekopai lidera una iniciativa en el río Aguarico para rescatar a las tortugas charapa, especie catalogada como vulnerable. Durante la temporada 2025-2026, las mujeres del grupo «Tari Nomiowa’i» lograron que 208 crías regresaran al cauce mediante conocimientos ancestrales y ciencia comunitaria.
Finalmente, una reciente sentencia judicial en Ecuador revocó 17 concesiones mineras en la cuenca del río Ortega. El fallo determinó que la actividad minera vulneró el derecho al agua y a un ambiente sano, reconociendo a la Comunidad Intercultural Ortega Alto como guardiana del río.
Redaccion basada en reportes de Mongabay Perú. Ver fuente original.
