La CPI anunció que Rodrigo Duterte, quien gobernó Filipinas desde 2016 hasta 2022, será juzgado por presuntas violaciones a los derechos humanos durante su mandato. Los fiscales acusan al expresidente de haber participado en al menos 76 asesinatos relacionados con la lucha contra el narcotráfico.
Según las investigaciones, estos casos representan una «fracción emblemática» del número total de muertes atribuidas a la campaña anticrimen del gobierno filipino. Organizaciones de derechos humanos estiman que el número real de víctimas podría alcanzar varios miles.
La decisión de la CPI marca un hito significativo en las investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos durante el mandato de Duterte. Sin embargo, es poco probable que Duterte comparezca ante la corte debido a su estatus como jefe de Estado retirado y las limitaciones legales de la CPI.
Los fiscales de la CPI presentaron cargos contra Duterte en octubre del año pasado, afirmando que sus acciones durante el gobierno filipino constituyen crímenes de lesa humanidad. Estas acusaciones se basan en evidencia recopilada durante años por investigadores internacionales y organizaciones no gubernamentales.
La CPI confirmó la remisión del caso a juicio tras una evaluación exhaustiva que duró varios meses. Los jueces de instrucción encontraron suficientes pruebas para proceder con el proceso judicial contra Duterte.
«Los cargos presentados por los fiscales de la CPI son un recordatorio del costo humano de las políticas anticrimen brutales», declaró una organización internacional de derechos humanos.
Aunque la decisión es histórica, su implementación práctica enfrenta obstáculos legales y diplomáticos significativos. Filipinas no ha ratificado el Estatuto de Roma que funda la CPI, lo que complica aún más cualquier intento de juicio.
Redaccion basada en reportes de DW Español. Ver fuente original.
