Perú
PJ concede apelación y abre camino para que Delia Espinoza retome cargo como fiscal
El Poder Judicial concedió la apelación presentada por Delia Espinoza Valenzuela contra la inhabilitación para ejercer funciones públicas impuesta por el Congreso. La decisión judicial permite que la actual decana del Colegio de Abogados de Lima (CAL) busque retomar su cargo como Fiscal de la Nación.
La resolución judicial se produce tras la declaración de inaplicabilidad de las resoluciones legislativas N.º 007-2025-2026-CR y 008-2025-2026-CR, emitidas el 5 de diciembre de 2025. La Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima fundamentó su decisión en que el informe del Congreso no justificaba cómo un reglamento interno podía constituir delitos o infracciones constitucionales.
El fallo también detectó una «grave incongruencia» en el proceso parlamentario, ya que Espinoza Valenzuela fue la única fiscal suprema sancionada. En contraste, otros magistrados como Juan Carlos Villena, Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos se encontraban en la misma situación jurídica pero no recibieron ninguna sanción por parte del Legislativo.
Impugnación de las medidas del Congreso
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Desde el Congreso, a través de su Procuraduría Pública, han apelado la Resolución N.º 6 de la Tercera Sala Constitucional para reafirmar las causales de suspensión. El proceso inició con la Denuncia Constitucional 528, presentada por los congresistas Fernando Rospigliosi Capurro, José Cueto Aservi y Alfredo Azurín Loayza contra la ex titular del Ministerio Público.
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El Legislativo sostiene que la abogada incurrió en delitos como abuso de autoridad, falsedad genérica y prevaricato tras la emisión de la Resolución 2246-2024. Dicho documento se vincula a la elaboración del reglamento de la Ley 32130, el cual busca fortalecer las facultades de investigación de la Policía Nacional del Perú y agilizar los procesos penales.
La defensa de Espinoza Valenzuela presentó un informe de la Secretaría de la Junta de Fiscales Supremos que la deslinda de cualquier acuerdo o redacción del documento cuestionado. El caso ahora queda en manos de la Corte Suprema, instancia que decidirá si la inhabilitación se mantiene o si la abogada recupera su cargo como fiscal suprema titular.
En el marco de este conflicto jurídico, el presidente (e) del Congreso, Fernando Rospigliosi, fue condenado a nueve meses de prisión suspendida por el delito de difamación tras haber calificado a la letrada como «desquiciada».
Redaccion basada en reportes de Exitosa Noticias. Ver fuente original.