El gobierno zimbabwense ha implementado políticas de beneficiación al restringir la exportación de minerales estratégicos sin procesar, como el litio. Esta medida busca que el país capture un mayor valor económico de su riqueza mineral en lugar de permitir que otras naciones obtengan ganancias mediante el refinamiento y la manufactura. Los funcionarios argumentan que es crucial desarrollar industrias locales para fortalecer la economía nacional.

Esta estrategia ha atraído inversiones significativas, superando los 1 mil millones de dólares estadounidenses (USD) a la cadena de valor del litio. De acuerdo con representantes de la industria, Prospect Lithium Zimbabwe (PLZ), propiedad de Zhejiang Huayou Cobalt de China, su planta de carbonato de litio está casi completa, reportando que ha generado más de $1.1 mil millones USD en divisas extranjeras para el país.

El reto de la participación inclusiva

Los defensores de las restricciones a la exportación sostienen que es imposible seguir siendo solo un proveedor de materias primas mientras otros países se benefician del procesamiento avanzado. Por su parte, expertos en políticas públicas señalan que el sector del litio demuestra por qué el gobierno priorizó esta beneficiación, ya que podría generar empleos especializados y permitir que Zimbabwe retenga una mayor cuota del ingreso generado.

«Las inversiones de Huayou han generado más de $1.1 mil millones en divisas extranjeras para Zimbabue, expandiendo la cadena de valor del litio del país»

No obstante, los pequeños productores alertan sobre las dificultades estructurales que enfrentan. Shelton Lucas, director de desarrollo de negocios de Naivo Mining, señaló que el acceso a opciones de procesamiento asequibles es un desafío constante para ellos, especialmente en el sector del cromo. Argumentó que sin mecanismos de apoyo, podrían quedar excluidos.

La economista Chenayi Mutambasere, especialista zimbabwense con sede en Reino Unido, advirtió que la política debe ser una «estrategia práctica industrial», y no solo un eslogan político. Señaló obstáculos persistentes como la escasez de energía eléctrica, el financiamiento costoso y las limitaciones en infraestructura de transporte.

Para asegurar la participación equitativa, Lucas propuso implementar un sistema de fundición por derechos de uso (toll-smelting), donde instituciones públicas o gremios industriales inviertan en instalaciones compartidas. Esto permitiría a los mineros acceder a capacidad de procesamiento bajo términos transparentes.

El gobierno ha reafirmado que la política busca asegurar que Zimbabwe obtenga más valor de sus recursos minerales finitos, aplicando esta beneficiación no solo al litio, sino también a otros metales estratégicos como el paladio, rodio, rutenio, iridio y osmio. La clave, sin embargo, será si este proceso genera una participación amplia o simplemente concentra las oportunidades en los actores más grandes.

La pérdida de bosques no solo afecta el entorno natural, sino que impacta directamente en la regulación hídrica y los «ríos voladores» que sostienen la producción agrícola. Según David Lesmes, experto en Finanzas y gerente senior del proyecto Reservas Vitales de Conservación Internacional (CI), cinco de las diez economías con mayor riesgo por deforestación se encuentran en Sudamérica, incluyendo a Brasil, Argentina, Colombia y Bolivia.

El impacto financiero es cuantificable: un estudio publicado en la revista Environmental Research Letters estima que el país podría acumular una pérdida de US$ 8,200 millones en su PBI hasta el año 2050 bajo un escenario de degradación continua. No obstante, mediante políticas de agricultura sostenible y mejor gestión de incendios, esta cifra podría reducirse a US$ 5,100 millones.

Impacto en la deuda soberana

La degradación ambiental correlaciona directamente con el costo del crédito; los inversionistas perciben una mayor inestabilidad y exigen tasas de interés más altas. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ya ha integrado esta variable al emitir su primer bono sostenible en 2021 y publicar un nuevo marco de deuda soberana temática alineado con estándares internacionales en mayo de este año.

En el ámbito local, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) advirtió que la minería ilegal, los cultivos ilícitos y los incendios amenazan las 77 áreas protegidas del país. Estas zonas generaron S/ 34 millones en turismo durante 2025, a pesar de que las comunidades locales que custodian gran parte del bioma amazónico reciben menos del 1% del financiamiento climático global.

«La viceministra señaló que conservar la naturaleza no representa un costo, sino una inversión, y que el Perú aspira a ser un referente regional en esta agenda. Una trayectoria proyectada a 30 años es precisamente el tipo de horizonte que respalda el mensaje central del evento: la conservación no se financia con desembolsos puntuales, más bien con mecanismos que sostengan flujos de recursos de manera predecible durante años o décadas»

La Hoja de Ruta de Finanzas Verdes del Minam estima las necesidades de financiamiento para adaptación climática en el país en S/ 66,275 millones. Estas cifras subrayan la urgencia de transitar hacia modelos que protejan los servicios ecosistémicos como garantía de estabilidad económica a largo plazo.

El sector privado también ha comenzado a adoptar marcos de transparencia sobre riesgos naturales para evitar comprometer sus modelos de negocio ante las exigencias del mercado global.

Los nuevos gravámenes impactarán una amplia gama de artículos, incluyendo vino, palos de hockey y cemento. Según la Casa Blanca, los aranceles también afectarán productos que previamente contaban con protección bajo el acuerdo comercial Estados Unidos-México-Canadá (USMCA). Sin embargo, se han establecido exclusiones para ciertos bienes esenciales como los productos energéticos, pescados, minerales críticos y potasa, además de aquellos ya sujetos a impuestos por seguridad nacional, como acero y aluminio.

El argumento central del gobierno estadounidense es que Canadá ha discriminado contra automóviles, alcohol y lácteos en comparación con otros países. Trump sostiene que esta acción se basa principalmente en las respuestas de represalia canadienses tras la imposición inicial de aranceles estadounidenses bajo el pretexto de que Canadá debía hacer más para detener el contrabando de fentanilo hacia EE. UU.

Reacciones y posturas diplomáticas ante los aranceles

«Esta disputa comercial ha elevado costos para las familias, particularmente en EE. UU.»

El primer ministro canadiense, Mark Carney, declaró que su gobierno ha elaborado propuestas exhaustivas para resolver disputas comerciales con Washington. En un comunicado, el líder canadiense afirmó que los aranceles previos de Trump violaron un pacto comercial bilateral y aseguró que Canadá está listo para participar intensivamente en la búsqueda de soluciones mutuas.

Por otra parte, Doug Ford, gobernador de Ontario, instó a una respuesta recíproca: «Si estos aranceles proceden, Canadá debe responder con arancel por arancel, dólar por dólar», publicó el político en redes sociales. Candace Laing, CEO de la Cámara de Comercio canadiense, calificó los movimientos como «desafortunados», pero enfatizó la necesidad de aprovechar la ventana de 30 días para avanzar en negociaciones formales.

Los aranceles entrarían en vigor dentro de un mes, periodo que permite posibles negociaciones entre ambas naciones. Trump fundamentó su acción legal mediante tres proclamaciones bajo la Sección 338 del Acta Comercial de 1930. Estos nuevos impuestos podrían generar serios riesgos políticos y económicos para el mandatario estadounidense, especialmente ante las elecciones intermedias de noviembre.

El conflicto se enmarca también en un debate más amplio sobre la calidad ambiental; Trump había amenazado previamente con imponer aranceles debido a que el humo de devastadores incendios forestales canadienses cruzaba grandes porciones del territorio estadounidense, lo cual fue reportado por la Associated Press.