Tubino, quien fue designado por el Gobierno de Keiko Fujimori, justificó su elección en su trayectoria profesional. El exlegislador recordó que ha sido presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso y que además cuenta con experiencia previa en el país vecino, habiendo servido como agregado naval en Argentina por dos años. En declaraciones a RPP, el político enfatizó su compromiso con el Estado y con la mejora de las relaciones bilaterales.

«No he tenido ninguna participación en esta decisión que ha tomado el Gobierno, agradezco a Keiko Fujimori darme esa confianza, pero no he tenido ningún tipo de injerencia en la decisión. (…) Soy una persona profesional, que sabe cumplir disposiciones y vela por los santos intereses del Perú»

La designación Carlos Tubino y otros nombramientos diplomáticos

El proceso de nombramiento se extendió a otros representantes peruanos ante organismos internacionales. Aurelio Pastor Valdivieso, exministro de Justicia y antiguo dirigente del Partido Aprista Peruano, fue designado como el nuevo representante permanente del Perú ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuya sede se ubica en Washington D. C. Por su parte, Carlos Pareja Ríos, embajador en retiro y quien ya ocupó el cargo de canciller durante el gobierno de José María Balcázar, fue nombrado para la ONU en Nueva York.

Asimismo, el Gobierno oficializó la designación de José Francisco Recoba, quien anteriormente formó parte del equipo técnico de Fuerza Popular, como el representante permanente del Perú ante la Confederación Suiza, sede de los organismos internacionales en Ginebra. La decisión de nombrar a estos profesionales busca fortalecer la presencia diplomática del país en los principales foros mundiales.

En el ámbito político, otros eventos marcaron la agenda. La Fiscalía ha solicitado 10 años de prisión para Alberto Beingolea por presunta colusión agravada en el Gobierno Regional de Callao. En paralelo, el político Josué Gutiérrez se disculpó tras haber asegurado que el Congreso aumentaría la popularidad de Fujimori, lo que generó incomodidad en el entorno político.

El proceso de nombramientos diplomáticos se enmarca en un contexto de actividad política constante. Además de los cambios en las embajadas, el Ejecutivo también ha estado realizando otros nombramientos, manteniendo una activa gestión de las relaciones internacionales del país.

La salida de Arriola se produce en un contexto de alta criminalidad, luego de que se registraran 169 homicidios en el mes de agosto. Con este nombramiento, López Mendoza asume la responsabilidad de la Policía Nacional, una institución clave para la seguridad ciudadana del país.

López Mendoza, quien es magíster en Gobierno y Políticas Públicas por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), ha construido una extensa carrera policial. Su experiencia incluye haber ocupado cargos en la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor), la Dirección Nacional de Investigación Criminal, la Dirección de Aviación Policial y la Secretaría Ejecutiva de la PNP. Además, tuvo funciones en la Embajada del Perú en España y en Madre de Dios.

Trayectoria y postura sobre la institucionalidad

En sus primeras declaraciones tras ser anunciado como el relevo de Arriola, el general López Mendoza enfatizó la autonomía de la fuerza policial. Subrayó que, si bien la PNP tiene una dependencia estructural del Poder Ejecutivo, su trabajo debe estar aislado de cualquier injerencia política.

«La PNP es una institución que pertenece al Poder Ejecutivo, pero realiza un poder muy especial. El trabajo que realiza es aislado de la parte política. Nosotros tenemos una dependencia estructural del Poder Ejecutivo, eso siempre va a existir. Pero cuando tenga que desarrollarse el trabajo netamente institucional, no podría haber injerencia política»

La designación ha sido vista con optimismo por expertos en seguridad. Josué Gutiérrez, diputado de Ahora Nación, valoró su perfil, señalando que es un representante honesto y metódico. Gutiérrez recordó que López Mendoza fue jefe de la Policía contra la corrupción y que realizó varios operativos impecables, lo que lo posiciona como una opción sólida para liderar la institución.

El general López Mendoza, además de su experiencia operativa, cuenta con una formación académica que incluye una investigación de posgrado enfocada en el uso de agentes encubiertos para combatir el crimen organizado, lo que refuerza su perfil técnico en materia de seguridad.

La carrera de López Mendoza lo ha llevado a asumir el cargo de jefe del Estado Mayor General desde enero de este año, consolidando su rol en la estructura de mando de la PNP.

Según los hallazgos de la Contraloría, se detectó un supuesto incumplimiento reiterado de los requisitos profesionales exigidos para diversos puestos. Los registros oficiales sugieren que profesionales que acudían al despacho del Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, terminaban incorporándose a la institución poco tiempo después de dichas reuniones.

Entre los casos documentados, se destaca el de Lucía Yalán Cano. Ella se reunió con el titular de la Defensoría por más de dos horas el 12 de junio de 2024. Semanas después, la ciudadana obtuvo su Registro Nacional de Proveedores (RNP), recibió cinco órdenes de servicio consecutivas y, finalmente, fue contratada bajo el régimen CAS, a pesar de no haber trabajado previamente para el Estado.

Un caso similar ocurrió con Nicole Mingos Medrano, quien visitó el despacho de Gutiérrez en dos ocasiones el 30 de julio de 2024. Tres días después de su visita, tramitó su RNP, obtuvo cuatro órdenes de servicio y posteriormente fue contratada bajo el mismo régimen CAS.

Irregularidades en puestos de alta jerarquía

Las observaciones de control no se limitaron a los casos de ingreso. La Contraloría también detectó fallas en puestos de mayor jerarquía. Por ejemplo, Betbiary Díaz Coral fue designada en julio de 2024 como jefa del Programa del Derecho a la Salud, un cargo que exigía cuatro años de experiencia específica.

Sin embargo, el informe de control señaló que, si bien se consignó tres años y dos meses de experiencia, el documento presentado por la ciudadana acreditaba únicamente siete días de trabajo. A pesar de estas observaciones, Gutiérrez la designó posteriormente como asesora I y más tarde la ascendió al puesto de adjunta.

Otro caso que afecta la transparencia institucional es el de Margarita Yahuana Correa, excolaboradora parlamentaria vinculada al entorno de Gutiérrez. Mientras ocupaba una plaza CAS, postuló a un concurso interno para ingresar al régimen laboral 728. De acuerdo con la Contraloría, Yahuana intervino en la recopilación y consolidación de información administrativa del mismo concurso en el que participaba, lo cual habría afectado la transparencia del proceso.

Las involucradas, tanto Lucía Yalán Cano como Nicole Mingos Medrano, se contactaron con Cuarto Poder y negaron que sus nombramientos estuvieran vinculados a las reuniones con el titular de la Defensoría del Pueblo.