El proceso de selección incluyó a 25 candidatos por cada mesa de sufragio, priorizando a personas con mayor grado de instrucción y a quienes no habían ejercido funciones previas. Tras esta depuración basada en criterios objetivos y filtros informáticos, se realizará el sorteo público del viernes 24 de julio para definir a los titulares y suplentes.

En total, se sortearán 809,793 miembros de mesa para las 88,977 mesas que estarán instaladas el domingo 4 de octubre. El sistema de consulta de la ONPE es la única vía válida para conocer el resultado, ya que muestra en un solo reporte si el ciudadano fue seleccionado, su local de votación, número de mesa y rol exacto.

Cada mesa de sufragio estará conformada por tres miembros titulares y seis suplentes para garantizar que la instalación inicie a las 6:00 a.m. y la votación comience puntualmente a las 7:00 a.m. Los suplentes asumirán funciones en caso de que un titular no asista o no cumpla con sus deberes durante la jornada.

Beneficios y sanciones por incumplimiento

Los miembros de mesa que desempeñen sus funciones durante toda la jornada recibirán una compensación económica de 165 soles y un día de descanso no compensable en el sector público y privado. Por el contrario, quienes sean designados pero no asistan a cumplir su deber enfrentarán una sanción económica significativa.

La multa por no ejercer el cargo como miembro de mesa en estas elecciones equivale al 5% de la UIT, lo que representa un monto de 275 soles. En casos específicos donde el ciudadano sea miembro de mesa y no asista, podría acumular tanto la sanción por omitir la función como la multa por no votar, según su condición socioeconómica.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) es el organismo encargado de gestionar el registro y el cobro de estas multas a través de su sistema correspondiente. La ONPE utiliza el padrón electoral aprobado para realizar la depuración previa del listado antes de publicar la lista definitiva en la web y en locales físicos.

Se recomienda a los ciudadanos que realicen la consulta mediante el portal oficial tomar una captura de pantalla o imprimir la constancia. Este paso permite contar con la información del local, aula y cargo asignado de manera inmediata durante la jornada electoral.

El científico compareció tras ser citado por el senador Rand Paul, quien esperaba exponer al experto a acusaciones de perjurio. Fauci se negó a responder cuestionamientos debido a lo que calificó como una «evidente obsesión» del republicano líder de la comisión por intentar procesarlo.

A pesar de su negativa, los senadores republicanos continuaron con la audiencia, interpelando al experto sobre investigaciones financiadas por los Institutos Nacionales de Salud (NIH) y el origen del COVID-19. Durante las dos primeras horas, Fauci invocó repetidamente su derecho de la Quinta Enmienda, manifestando en un momento tenso que se negaba a responder preguntas.

El conflicto legal sobre el origen del virus

«Que conste en actas que el testigo se negó a responder si hay una carpeta frente a él amparándose en su derecho de la Quinta Enmienda»

Paul y otros legisladores señalaron que esperaban que Fauci incurriera en perjurio al testificar sobre los orígenes del virus, las medidas de confinamiento o las investigaciones científicas. El senador Paul fue categórico al señalar: «Un indulto que protege a una persona de un proceso penal no reescribe la historia… y no impide que el Congreso establezca qué ocurrió».

La negativa a testificar privó a sus críticos republicanos de los intercambios sustanciales que buscaban debatir supuestas malas prácticas del científico durante la respuesta sanitaria. Por su parte, Fauci declaró que la única razón por la que lo citaban era para incitarlo a decir algo que respaldara las promesas públicas de criminalizarlo.

Los demócratas presentes en la comisión expresaron frustración ante el enfoque del senador Paul, señalando que la audiencia parecía diseñada para tenderle una trampa. El Dr. Anthony Fauci Quinta ha comparecido más de 250 veces ante el Congreso desde la crisis del VIH/sida.

Históricamente, la presión política llevó al presidente Joe Biden a conceder un indulto preventivo a Fauci en sus últimos días en el cargo para protegerlo de posibles cargos. Sin embargo, Paul y otros funcionarios mantuvieron que las revisiones federales sobre el brote no han llegado a una conclusión definitiva sobre su origen, aunque sí se ha generado un intenso escrutinio sobre si los NIH financiaron investigaciones de ganancia de función.

El llamado de Simon hace referencia directa al informe remitido por el fiscal Edward Casaverde al Ministerio Público el pasado 10 de julio. Dicho documento solicitó autorización para ejercer la acción penal contra Gorriti por presunto delito de cohecho. El periodista, a quien se acusa, ha sido objeto de este proceso que, según Simon, no tiene sustento legal ni periodístico.

«Iniciar un proceso acusatorio a Gustavo Gorriti en represalia por su trabajo periodístico representaría una clara violación a la libertad de prensa»

Simon, quien previamente fue director ejecutivo del Comité para la Protección de Periodistas entre 2006 y 2021, señaló que el informe de Casaverde no solo es conceptualmente débil, sino que también contradice radicalmente lo que este fiscal había ordenado archivar sobre el mismo caso hace menos de un año. Esta inconsistencia ha generado cuestionamientos sobre la motivación detrás del cambio de postura.

Contradicciones y acusaciones en el Ministerio Público

El periodista sugirió que todo indica una irracionalidad peligrosa, entendiendo el proceso actual como una venganza contra los investigadores vinculados al caso Lava Jato. Según su análisis, se está utilizando la desinformación para presentar investigaciones de corrupción público-privada, transformándolas en lo que él denomina un «vulgar trueque de influencias e informaciones».

En el ámbito político, las acusaciones apuntan a fuerzas políticas como protagonistas. Se menciona que los principales actores detrás de la ofensiva desinformadora contra la investigación Lava Jato fueron los investigados de Fuerza Popular, apoyados por una maquinaria aprista. Además, se señala que Keiko Fujimori aplaudió los «testimonios» de Jaime Villanueva e inició una contraofensiva fiscal a través de una denuncia penal.

El análisis periodístico concluye señalando un retorno al control del Ministerio Público por parte de sectores considerados corruptos, reviviendo la situación previa al desencadenamiento de las investigaciones Lava Juez o Cuellos Blancos. El Fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, y otros altos funcionarios han sido mencionados en contextos de destitución y restitución institucional.

La contradicción más palpable se centra en el fiscal Edward Casaverde: hace menos de un año examinó el mismo caso y resolvió declarar que los cargos eran insuficientes, mandando el proceso al archivo. Sin embargo, su informe actual presenta acusaciones sin ningún factor inductivo o evaluación deductiva que respalde el cambio.

El texto fuente también detalla que la fuente de Casaverde para esta nueva acusación depende casi enteramente de los testimonios de Jaime Villanueva. Este mismo testimonio fue la base central de la investigación fiscal previa, material que en su momento fue desestimado y mandado al archivo por el propio fiscal.

A pesar de las críticas, se subraya que el núcleo de la disposición del fiscal Gálvez sigue refiriéndose a la llamada “Operación Valkiria” y a las confesiones de Jaime Villanueva.