Perú
JNJ acusa a jueces y fiscales en Perú por decisiones jurisdiccionales
La Junta Nacional de Justicia (JNJ), presidida por María Teresa Cabrera, ha sido acusada de utilizar procesos disciplinarios como un mecanismo para desestabilizar al Poder Judicial. Esta estrategia busca controlar a jueces y fiscales cuya independencia judicial incomoda al poder político.
El organismo se ha convertido en un foco de tensión legal, pues cualquier decisión administrativa o jurisdiccional es denunciada ante la JNJ. Recientemente, la Junta inició procesos disciplinarios contra cinco integrantes de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema: Víctor Prado Saldarriaga, Araceli Baca Cabrera, Dante Terrel Crispín, María Vásquez Vargas y Ángela Magalli Bascones Gómez Velásquez. Estos jueces son figuras de reconocida trayectoria que participaron en casos complejos del sistema judicial.
La JNJ sanciona decisiones jurisdiccionales
Los procesos se iniciaron tras una denuncia ciudadana, y la razón es la decisión de inaplicar la Ley 32107 a un caso que involucra violación de derechos humanos. La ley y la jurisprudencia establecen que los temas jurisdiccionales no deben formar parte de un proceso disciplinario; en su lugar, existen mecanismos de apelación para cuestionar las resoluciones.
La presión se ha extendido a otros magistrados, como Richard Concepción Carhuancho y Jorge Luis Chávez Tamariz, quienes también enfrentan procesos disciplinarios. Este clima de amenaza obligó a los nuevos jueces titulares de la Corte Nacional de Justicia Penal Especializada —incluyendo a Marco Angulo Morales, Javier Sologuren Anchante, Víctor Enríquez Sumerinde, Luis López Pinto, Nahyhon González Aguirre, Jony Peña Suasnabar y Wilfredo Ayala Valentín— a asumir una «responsabilidad patriótica».
Esta presión fue tan intensa que el presidente de la Corte, Jhonny Contreras, se vio obligado a renunciar y rechazar la resolución del CEPJ que había ampliado su mandato hasta diciembre.
Amenaza de descabezar al Poder Judicial
La tensión alcanzó un punto crítico cuando el congresista Alejandro Muñante presentó ante la JNJ una denuncia. Esta acción se dirige contra los integrantes del Consejo Ejecutivo (CEPJ), máxima instancia administrativa del Poder Judicial, incluyendo a Víctor Prado Saldarriaga y Elvia Barrios Alvarado.
Según la acusación de Muñante, el CEPJ incurrió en falta grave al haber prolongado el mandato del juez Jhonny Contreras hasta diciembre de 2026. La denuncia fue presentada tras las reuniones preparatorias para la autoconvocatoria a Sala Plena, señalando que las decisiones tomadas tres días antes ya constituían una irregularidad.
Si esta denuncia prospera, podría llevar al descabezamiento del Poder Judicial, dado que el Consejo Ejecutivo es su órgano de gobierno administrativo más alto. La situación evidencia actos concertados para desestabilizar el sistema judicial y someter a los jueces al miedo, un libreto ya vivido durante la dictadura de Fujimori-Montesinos.
Para cerrar este contexto, se espera que el pleno de la JNJ debata una propuesta para iniciar investigación contra todos los integrantes del Consejo Ejecutivo. La medida responde directamente a la denuncia presentada por el congresista Muñante y podría tener repercusiones inmediatas en las autoridades judiciales.
Redacción basada en reportes de La República. Ver fuente original.
Perú
ONPE extiende plazo para reporte de gastos de campaña hasta el 18 de setiembre
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) extendió el plazo para que los candidatos a las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026 presenten su información financiera. El nuevo plazo para el reporte de gastos de campaña ONPE se fijó hasta el viernes 18 de setiembre.
La decisión fue formalizada mediante la Resolución Gerencial N.° 000012-2026-GSFP/ONPE, la cual otorga siete días adicionales a los actores políticos que participaban en el proceso. Esta prórroga permite que las organizaciones políticas y candidatos ajusten sus registros antes de la fecha límite establecida por el organismo electoral.
La primera entrega de información financiera debe cubrir los aportes, ingresos y gastos registrados entre el 7 de enero y el 5 de setiembre. Este periodo comprende los 30 días previos a la jornada electoral, tiempo en el cual se contabilizan las actividades de campaña y la captación de recursos.
Los actores pueden presentar la documentación de manera digital a través del portal de financiamiento CLARIDAD de la ONPE. También está permitida la entrega física en la sede central, en las Oficinas Regionales de Coordinación (ORC) o en las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE).
Requisitos y formatos de reporte
Los partidos políticos, movimientos regionales y alianzas electorales deben utilizar el formato 5 para declarar aportes e ingresos, mientras que el formato 6 se emplea para informar los gastos. Por su parte, los candidatos individuales deben emplear el formato 7 para sus ingresos y el formato 8 para sus gastos de campaña.
En el caso de los candidatos que cuenten con un responsable de campaña, la designación de este debe ser comunicada formalmente a través del formato 14. Una misma persona puede asumir esta responsabilidad para varios candidatos, facilitando la gestión de los reportes ante la autoridad electoral.
La información puede ser presentada directamente por el candidato o por su responsable de campaña designado. El cumplimiento de estos requisitos es fundamental para garantizar la transparencia en el financiamiento de las próximas elecciones regionales y municipales.
Redacción basada en reportes de Gestión. Ver fuente original.
Perú
Oposición peruana exige modificar facultades legislativas del Ejecutivo
Las bancadas de oposición solicitaron al presidente del Gabinete Ministerial, Luis Galarreta, la modificación del pedido de facultades legislativas para concentrarlo exclusivamente en seguridad ciudadana, gestión de riesgos de desastres y atención ante el Fenómeno El Niño.
Los voceros de Juntos por el Perú, Obras y Ahora Nación enviaron un oficio formal exigiendo que el Ejecutivo retire del proyecto original aquellos temas que generan mayor controversia. El objetivo es priorizar materias que cuentan con un mayor consenso ciudadano y responden a necesidades urgentes del país.
La oposición manifestó su preocupación por las declaraciones de los senadores oficialistas Martha Chávez y Carlos Mesía sobre la posible reincorporación de temas descartados por la Cámara de Diputados. Los parlamentarios advirtieron que dicha acción podría contravinir las reglas que regulan el procedimiento legislativo bicameral.
De acuerdo con el oficio, las iniciativas del Ejecutivo para solicitar facultades son competencia de la Cámara de Diputados. Si bien el Senado puede modificar las propuestas aprobadas por esta cámara, los voceros sostienen que no puede incorporar materias distintas de aquellas enviadas originalmente por la cámara de origen.
Exigencia de respeto a las reglas bicamerales
Foto: commons.wikimedia.org
El documento técnico cita el artículo 104 de la Constitución, referido a la delegación de facultades legislativas sobre materias específicas, además de las disposiciones del Reglamento del Congreso y del Reglamento del Senado. Los parlamentarios enfatizaron que el Ejecutivo debe formular un nuevo texto que respete los fueros de ambas cámaras para garantizar la validez de la norma.
En el marco de su bloque de oposición democrática, los parlamentarios expresaron su intención de que el Gobierno salga del entrampamiento actual. El objetivo es asegurar que el proceso legislativo se ajuste estrictamente a la normativa vigente antes de proceder con la votación.
Redacción basada en reportes de Gestión. Ver fuente original.
Perú
APCI articula US$ 1.8 millones de cooperación de Corea para fortalecer resiliencia climática en zonas rurales
La APCI articuló US$ 1.8 millones en cooperación de Corea del Sur para fortalecer la gestión de riesgos en zonas rurales. Esta iniciativa busca mejorar los servicios nacionales de información climática, vital para la resiliencia de las comunidades ante fenómenos meteorológicos extremos.
El convenio se enmarca en el proyecto denominado “Mejora de los Servicios Nacionales de Información Climática para Fortalecer la Resiliencia de las Comunidades Rurales en el Perú”. Este esfuerzo busca proporcionar información climática de alta calidad directamente a poblaciones rurales que son particularmente vulnerables a los efectos del cambio climático.
Para la ejecución del proyecto participaron la directora ejecutiva de la APCI, María Soledad Garagorri; la jefa (e) del Senamhi, Grinia Ávalos; y el director País de la Oficina de KOICA en el Perú, Jeongwook Lee. Los actores se coordinarán para establecer mecanismos de colaboración y comunicación que permitan fortalecer la respuesta de las comunidades locales.
Fortaleciendo la resiliencia con cooperación climática APCI
La meta principal de la cooperación es reducir los impactos generados por fenómenos meteorológicos extremos. Además de la información, la iniciativa contempla el desarrollo de capacidades técnicas específicas para el Senamhi, fortaleciendo su capacidad operativa a nivel nacional.
La ejecución de este ambicioso plan de mejora de servicios se ha programado para extenderse hasta el 31 de diciembre de 2027. Con estos fondos, se espera que el país pueda contar con herramientas más robustas para la toma de decisiones en materia de gestión de riesgos.
Cabe recordar que la cooperación de KOICA con el Perú no es un esfuerzo nuevo. Esta colaboración se remonta al año 2000 y ha evolucionado significativamente. Inicialmente, el apoyo se centró en el envío de voluntarios y el respaldo a la infraestructura pública, para luego orientarse hacia proyectos más integrales de fortalecimiento institucional y mejora de servicios públicos.
Redacción basada en reportes de El Peruano. Ver fuente original.
