El llamado de Simon hace referencia directa al informe remitido por el fiscal Edward Casaverde al Ministerio Público el pasado 10 de julio. Dicho documento solicitó autorización para ejercer la acción penal contra Gorriti por presunto delito de cohecho. El periodista, a quien se acusa, ha sido objeto de este proceso que, según Simon, no tiene sustento legal ni periodístico.

«Iniciar un proceso acusatorio a Gustavo Gorriti en represalia por su trabajo periodístico representaría una clara violación a la libertad de prensa»

Simon, quien previamente fue director ejecutivo del Comité para la Protección de Periodistas entre 2006 y 2021, señaló que el informe de Casaverde no solo es conceptualmente débil, sino que también contradice radicalmente lo que este fiscal había ordenado archivar sobre el mismo caso hace menos de un año. Esta inconsistencia ha generado cuestionamientos sobre la motivación detrás del cambio de postura.

Contradicciones y acusaciones en el Ministerio Público

El periodista sugirió que todo indica una irracionalidad peligrosa, entendiendo el proceso actual como una venganza contra los investigadores vinculados al caso Lava Jato. Según su análisis, se está utilizando la desinformación para presentar investigaciones de corrupción público-privada, transformándolas en lo que él denomina un «vulgar trueque de influencias e informaciones».

En el ámbito político, las acusaciones apuntan a fuerzas políticas como protagonistas. Se menciona que los principales actores detrás de la ofensiva desinformadora contra la investigación Lava Jato fueron los investigados de Fuerza Popular, apoyados por una maquinaria aprista. Además, se señala que Keiko Fujimori aplaudió los «testimonios» de Jaime Villanueva e inició una contraofensiva fiscal a través de una denuncia penal.

El análisis periodístico concluye señalando un retorno al control del Ministerio Público por parte de sectores considerados corruptos, reviviendo la situación previa al desencadenamiento de las investigaciones Lava Juez o Cuellos Blancos. El Fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, y otros altos funcionarios han sido mencionados en contextos de destitución y restitución institucional.

La contradicción más palpable se centra en el fiscal Edward Casaverde: hace menos de un año examinó el mismo caso y resolvió declarar que los cargos eran insuficientes, mandando el proceso al archivo. Sin embargo, su informe actual presenta acusaciones sin ningún factor inductivo o evaluación deductiva que respalde el cambio.

El texto fuente también detalla que la fuente de Casaverde para esta nueva acusación depende casi enteramente de los testimonios de Jaime Villanueva. Este mismo testimonio fue la base central de la investigación fiscal previa, material que en su momento fue desestimado y mandado al archivo por el propio fiscal.

A pesar de las críticas, se subraya que el núcleo de la disposición del fiscal Gálvez sigue refiriéndose a la llamada “Operación Valkiria” y a las confesiones de Jaime Villanueva.

El magistrado Leodan Cristóbal Ayala determinó que no es posible ejecutar la sentencia del máximo intérprete de la Constitución debido a que existen mandatos judiciales actuales. Estas resoluciones impiden, en los términos establecidos por el Tribunal Constitucional, levantar la medida cautelar contra el dirigente político.

La investigación contra Cerrón se centra en el presunto financiamiento ilegal de las campañas electorales de su partido entre los años 2008 y 2021. El líder del partido enfrenta actualmente una situación jurídica compleja debido a que, aunque fue absuelto en el caso Aeródromo Wanka, persiste la orden por la investigación de financiamiento ilícito.

El juez precisó que las resoluciones del 4 de diciembre de 2025 y del 7 de enero de 2026 cuentan con autoridad de cosa juzgada. Por este motivo, el Poder Judicial no puede dejarlas sin efecto de manera unilateral debido a las limitaciones establecidas en la Constitución y en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Consulta ante el Tribunal Constitucional

Ante la falta de claridad sobre si la sentencia del TC alcanza por conexión a las resoluciones posteriores, el magistrado ordenó elevar una consulta al órgano constitucional. Solo tras recibir dicha aclaración podrá ejecutarse plenamente lo dispuesto por la justicia constitucional respecto a la situación de Vladimir Cerrón.

El líder de Perú Libre permanece en condición de no habido desde el 6 de octubre de 2023, fecha en la que se emitió una orden de captura. A pesar de la revocación de su condena por tres años y seis meses de prisión en marzo pasado, continúa siendo requerido por la justicia debido a la medida cautelar vigente.

La investigación se remonta a las protestas que estallaron entre diciembre de 2022 y enero de 2023, tras el golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo. César Tito Rojas, actual diputado por Puno y exdirigente del Conare – Movadef (hoy Fenatep), es señalado como parte del núcleo dirigente que coordinó los sucesos más graves.

Según el expediente fiscal, Tito Rojas habría ejercido control y dirección sobre la organización criminal denominada Los Azuzadores del Sur. Las autoridades cuentan con un testigo protegido que ha entregado pruebas contundentes: videos, fotos y audios de reuniones donde se planificaron cada uno de los hechos violentos.

Planificación detrás de ataques en Puno

La fiscalía sostiene que el peaje de Ilave fue incendiado el 4 de enero de 2023 mediante acciones «organizadas, planificadas y dirigidas» por Tito Rojas y otros líderes como Lucio Ccallo Ccallata. Las asambleas previas a esta acción se llevaron a cabo los días 27, 29 y 31 de diciembre.

Posteriormente, el 9 de enero, más de mil manifestantes atacaron la sede de la Región Policial Puno con piedras. El mismo día también hubo ataques contra el Ministerio Público de Puno y el Poder Judicial de Juliaca, generando daños a infraestructura y lesiones a policías.

Los incidentes continuaron en las instalaciones clave del sur: entre el 6 y el 19 de enero, cientos de manifestantes atacaron el aeropuerto de Juliaca. La investigación señala que Tito formó parte del núcleo dirigente que coordinó estas protestas. Además, los días 9 y 20 de enero se registraron ataques contra las comisarías de Zepita e Ilave, con incendios y daños graves.

Un testigo protegido ha vinculado a Tito directamente con reuniones donde se discutían acciones específicas contra estas sedes policiales. En esos días, además del ataque al aeropuerto Puno, se quemaron expedientes y destruyeron equipos de las fiscalías provinciales.

En su defensa, el diputado no aparece realizando actos como lanzar piedras o incendiar locales; sin embargo, los registros audiovisuales lo ubican en encuentros clave en Puno, Arequipa, Juliaca, Ayaviri y Lima, donde se definieron bloqueos y paros. La Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) ejecutó seguimientos que documentan su participación en estas reuniones de coordinación.

Finalmente, César Tito Rojas juró con el puño en alto al llegar al Parlamento en 2021, un gesto similar al realizado por Guillermo Bermejo. Este excongresista fue sentenciado por terrorismo tras una investigación que culminó en octubre de 2025.