Tribunal Supremo de EE.UU. autoriza a Trump eliminar protección migratoria para haitianos

La resolución judicial, obtenida mediante una votación de seis contra tres por la mayoría conservadora, despeja el camino para que el Gobierno republicano retire la protección a ciudadanos de Haití y Siria. Muchos de estos beneficiarios residen en territorio estadounidense desde hace más de una década, habiendo establecido hogares, negocios y familias durante este periodo.

La comunidad haitiana en zonas como el Pequeño Haití y North Miami reporta un estado de shock ante la posible vulnerabilidad a la deportación. El pastor Reginald Joseph, de la Iglesia Evangélica Bautista Haitiana de Homestead, calificó la medida como un «golpe devastador para la esperanza» de quienes han construido sus vidas en el país sin tener una residencia permanente.

La situación es crítica debido a la crisis socioeconómica y la violencia de pandillas que asola a Haití desde 2010. Según Guerline Jozef, directora de Haitian Bridge Alliance, las condiciones actuales del país hacen que el retorno de estos migrantes sea no solo peligroso, sino imposible, dado que más del 80% de Puerto Príncipe está bajo control de grupos armados.

Impacto en la fuerza laboral y servicios

La eliminación del estatus también genera preocupación en sectores económicos estratégicos fuera de la comunidad haitiana. Marie Etienne, profesora de enfermería y expresidenta de la Asociación de Enfermeras de Florida, advirtió que estos trabajadores son piezas clave en el sistema de salud para cuidar a adultos mayores y mantener la continuidad en la atención hospitalaria.

Expertos alertan sobre un precedente legal que podría facilitar la cancelación del TPS para otros países beneficiarios. En total, existen 17 naciones bajo este esquema, lo que significa que aproximadamente 1.3 millones de personas podrían enfrentar procesos de deportación o separación familiar en el corto plazo.

La decisión judicial ignora, según defensores de los derechos migratorios, un historial de retórica hostil hacia la población haitiana por parte del Ejecutivo actual. El fallo podría afectar a sectores enteros de la economía que dependen de estos trabajadores para su funcionamiento diario en diversos estados.

«Las familias están reaccionando con miedo, dolor, confusión y una sensación de traición. Esta decisión no se está viviendo como una resolución jurídica abstracta. Se está sintiendo en las mesas de las cocinas, en las iglesias, en los lugares de trabajo y en las conversaciones entre padres que ahora se plantean preguntas imposibles de responder»

Desde su creación tras el terremoto de 2010, el TPS para haitianos había sido extendido cada 18 meses por administraciones previas hasta agosto de 2024. El Departamento de Estado de Estados Unidos mantiene actualmente una advertencia de no viajar a Haití debido a los riesgos de seguridad.