Perú
TC limita capacidad del Congreso para aprobar leyes con gastos sin financiamiento claro
La bancada de Fuerza Popular respaldó la aprobación de al menos 36 leyes que generan un gasto público estimado en más de S/110.594 millones durante el quinquenio. Este respaldo legislativo ha generado controversia, pues expertos señalan que estas normas comprometen las cuentas del Estado sin contar con un financiamiento claro.
El volumen total de gastos observados por OjoPúblico supera en gran medida lo asignado anualmente a sectores vitales. De hecho, la cifra triplica el presupuesto que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) destinó este año conjuntamente a educación y salud. Entre las normas más costosas se encuentran el incremento de pensiones para personal militar y policial, con un costo proyectado de S/14.851 millones, y la bonificación especial por preparación de clases para maestros, que exige S/40.561 millones.
El Tribunal Constitucional redefine el gasto legislativo
En un giro normativo significativo, el Tribunal Constitucional (TC) limitó la capacidad del Congreso para aprobar leyes que generen gastos públicos sin una coordinación previa con el MEF. Esta decisión revierte el criterio establecido por el propio tribunal en 2022, momento en que se había abierto la puerta a los parlamentarios para aprobar este tipo de iniciativas.
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«El fallo mejora las condiciones para un manejo prudente de las finanzas públicas y que, de ahora en adelante, el Parlamento no podrá actuar de manera autónoma en materia de gasto»
El presidente del Consejo Fiscal, Alonso Segura, celebró la resolución judicial. Según sus declaraciones a *La República*, el fallo asegura que el Congreso ya no puede operar con autonomía financiera. Este cambio implica que cualquier proyecto de ley que implique un costo adicional para el Estado debe coordinarse expresamente con el MEF y determinar su fuente de financiamiento.
El debate sobre la sostenibilidad fiscal se ha intensificado, pues incluso en plena campaña electoral, los congresistas fujimoristas votaron ocho leyes adicionales entre marzo y el 19 de este año. Estas normas suman un costo superior a S/18.000 millones, incluyendo pensiones militares, CTS para trabajadores CAS y bonificaciones para veteranos, según reportó el Consejo Fiscal.
El fallo del TC nació tras una demanda de inconstitucionalidad presentada por el Poder Ejecutivo en 2023 contra la Ley 31232. Dicha norma declaraba en emergencia a pobladores de Loreto y obligaba al Ministerio de Vivienda a ejecutar obras sin que existiera presupuesto asignado para ello, lo cual quedó pendiente hasta el pasado 10 de julio.
Este cambio de criterio constitucional aplica hacia adelante, afectando al próximo Congreso bicameral. Los magistrados Domínguez Haro, Morales Saravia, Gutiérrez Ticse, Ochoa Cardich y Hernández Chávez respaldaron la modificación, mientras que Luz Pacheco Zerga y Manuel Monteagudo Valdez votaron en contra.
El economista Armando Mendoza ya había advertido sobre el riesgo de estas normas antes del fallo del TC. Él señalaba que el equilibrio fiscal del país quedaba comprometido por las leyes que generan gasto recurrente, como sueldos y pensiones, elementos difíciles de recortar sin generar conflictos políticos o legales.
Redacción basada en reportes de La República. Ver fuente original.