SUNAT exige pruebas detalladas sobre destino de bienes adquiridos por empresas

La controversia surgió durante una fiscalización del IGV, en la que se revisó el crédito fiscal utilizado por una constructora en la compra de bolsas de cemento para una obra. La Administración Tributaria consideró que no se había demostrado suficientemente que todos los materiales hubieran sido utilizados en el proyecto, exigiendo acreditar el lugar de entrega, la descarga, el traslado de los bienes y el responsable del almacén.

Tras analizar el caso, el Tribunal Fiscal determinó que el reparo fiscal no se ajustaba a ley. La razón fue que SUNAT había aplicado el principio de causalidad, herramienta diseñada para determinar gastos, a adquisiciones que, por su naturaleza, debían ser calificadas como costos de construcción. Esta distinción jurídica fue clave para anular el reparo y las multas asociadas.

Límites de la carga probatoria ante SUNAT

Los expertos consultados señalan que el punto de partida es que la Administración no puede analizar de la misma manera todas las adquisiciones. Giorgio Balza, asociado senior de Cuatrecasas, explica que el principio de causalidad solo aplica a gastos y no puede utilizarse para cuestionar adquisiciones que constituyen costos. Por ello, la Administración debe determinar primero la naturaleza de la erogación.

“Mientras el costo está directamente vinculado con la adquisición, producción o construcción de un bien, en los gastos se analiza si las erogaciones fueron necesarias para generar rentas o mantener la fuente.”

En ese sentido, Enrique Pintado, socio de Rebaza, Alcázar & De Las Casas, coincidió en que la diferencia en la calificación tributaria es fundamental. Sin embargo, el abogado aclaró que la resolución no reduce la carga probatoria en términos generales. Las compras deben seguir siendo acreditadas, pero bajo las reglas específicas aplicables a los costos.

Los especialistas establecen un límite claro respecto a la trazabilidad. Balza considera que intentar una trazabilidad unidad por unidad de materiales fungibles, como el cemento, puede resultar desproporcionado frente a la realidad operativa de una obra, donde existen mermas y excedentes de stock. Pintado complementa que, si bien no todo requerimiento detallado es excesivo, pretender una trazabilidad individual de cada material es, en muchos casos, «irracional».

Para las empresas, el criterio es porque puede servir como argumento de defensa cuando SUNAT haya aplicado erróneamente el principio de causalidad a adquisiciones que en realidad son costos. En general, se recomienda conservar documentación como órdenes de compra, guías de remisión y registros de almacén, elementos que son útiles si la Administración cuestiona la operación.