Perú
Sada Goray: Poder Judicial amplía investigación por 12 meses por caso Fondo Mi Vivienda
El Poder Judicial amplió por doce meses el plazo de la investigación preparatoria contra Sada Gora y Mauricio Fernandini por el caso Fondo Mi Vivienda. La jueza Lorena Sandoval fijó la nueva fecha límite para el 15 de julio de 2027, tras la solicitud de ampliación del Ministerio Público.
La decisión judicial se dio el pasado 25 de agosto y afecta a los investigados por presuntos delitos de colusión agravada y negociación incompatible. El caso se centra en la gestión de un convenio institucional entre la empresaria Sada Gora, en calidad de gerente general de Markagroup, y el Fondo Mi Vivienda (FMV).
Según la tesis fiscal, la investigación se inició porque Sada Gora habría gestionado dicho convenio con el propósito de obtener supuestas ventajas indebidas mediante la concertación con altos funcionarios públicos. El Ministerio Público sostiene que se coordinaron acciones para establecer contacto con personas allegadas al entonces presidente Pedro Castillo Terrones.
Para ello, se habría encomendado la gestión a coimputados como Julieta Tijero Martino y Jorge Fernandini, quienes contactaron a Geiner Alvarado López, Ministro de Vivienda en aquel momento. La investigación preparatoria fue iniciada por el entonces Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder.
Discrepancia sobre el plazo de la investigación
El Ministerio Público había solicitado una prórroga de 36 meses, argumentando la especial complejidad del caso, el volumen extraordinario de información documental y las demoras en las pericias financieras. Sin embargo, la magistrada Lorena Sandoval consideró que un plazo de doce meses es suficiente y prudencial para culminar las diligencias fiscales.
«Precisar al Ministerio Público que el plazo concedido tiene carácter excepcional y suficiente, debiendo administrarse con la máxima diligencia y priorizando el derecho que tiene el investigado a que se resuelva su situación jurídica dentro de un plazo razonable»
La defensa de Goray, por su parte, advirtió que los 36 meses requeridos eran excesivos y desproporcionados, señalando además la existencia de «tiempos muertos» por la inactividad fiscal desde la formalización de la investigación en julio de 2023. Por su parte, la defensa de Mauricio Fernandini se opuso directamente a la solicitud fiscal.
Como parte de la evidencia central, el Ministerio Público sostiene que Sada Gora reconoció haber entregado en efectivo más de cuatro millones de soles a Salatiel Marrufo, quien en ese momento se desempeñaba como jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Vivienda. Estos pagos habrían tenido como finalidad que la empresa Markagroup SAC obtuviera contratos y beneficios en dicho sector durante el gobierno de Castillo.
La jueza Sandoval aclaró que la única diligencia que justifica una prórroga es la realización de las pericias. En este sentido, el Poder Judicial recordó que es deber de la Fiscalía hacer los apercibimientos correspondientes «a efectos de no frustrar las mencionadas diligencias».
La decisión judicial enfatizó que el plazo concedido tiene carácter excepcional, por lo que debe administrarse con la máxima diligencia, priorizando el derecho de los investigados a que se resuelva su situación jurídica en un plazo razonable.
Redacción basada en reportes de La República. Ver fuente original.