RSF insta a Fujimori a proteger la libertad de prensa en Perú tras violencia y amenazas

La organización denunció que durante el año 2026 se han registrado violaciones a la libertad de prensa, amenazas, ataques violentos y presiones ejercidas por actores estatales. RSF presenta siete recomendaciones dirigidas al nuevo gobierno para proteger a los periodistas y a los medios de comunicación, y exhorta a las nuevas autoridades a establecer garantías concretas para que la prensa pueda investigar libre y seguramente a quienes ejercen el poder.

Uno de los casos más preocupantes es el del periodista Julio Aquise, quien recibió un artefacto explosivo en su vivienda después de informar sobre presuntos casos de corrupción policial en el medio En Directo JA. Además, el periodista Kevin Rodríguez encontró en su domicilio un sobre con dos balas y un mensaje amenazante tras investigar el uso de recursos públicos municipales.

La impunidad en los asesinatos de periodistas en 2025 también es un tema preocupante. Los periodistas Gastón Medina Sotomayor, Raúl Celis López, Juan Fernando Núñez Guevara y Mitzar Castillejos Tenazoa fueron asesinados durante ese año, y las investigaciones aún no han permitido identificar a todos los responsables ni esclarecer plenamente los móviles de los crímenes.

Artur Romeu, director de RSF América Latina, afirmó que «Keiko Fujimori hereda un país donde la impunidad y las presiones contra el periodismo se han normalizado. Desde el primer día, su gobierno debe demostrar que las instituciones del Estado no serán utilizadas para proteger a quienes ejercen el poder ni para castigar el escrutinio periodístico. Garantizar justicia para los periodistas asesinados, proteger la confidencialidad de las fuentes y salvaguardar los archivos periodísticos son algunas de las primeras pruebas que enfrentará el nuevo gobierno para demostrar su compromiso con el derecho de la ciudadanía peruana a estar informada».

Además de la violencia contra periodistas, las instituciones del Estado han sido utilizadas de forma recurrente contra la prensa. Durante los últimos seis meses se han sucedido decisiones legislativas y judiciales preocupantes que amenazan la libertad de información.

El 24 de febrero, periodistas fueron impedidos de ingresar al Palacio de Gobierno durante la ceremonia de juramentación del nuevo gabinete ministerial. Posteriormente, el 26 de julio, también se les negó el acceso al hemiciclo del Senado durante la elección de su primera Mesa Directiva, obligándolos a seguir la sesión únicamente a través de la transmisión oficial del Congreso.

El acceso directo es indispensable para que la prensa pueda observar, formular preguntas y cubrir de manera independiente las decisiones de interés público.

En marzo de 2026, el general retirado del Ejército y excandidato a la alcaldía de Lima, Daniel Urresti, recuperó su libertad luego de que el Tribunal Constitucional anulara la condena de doce años de prisión que había recibido por el asesinato, en 1988, del periodista Hugo Bustíos. La condena de Urresti había representado un avance excepcional en la lucha contra la impunidad por los crímenes contra periodistas. Para RSF, la decisión del Tribunal Constitucional