Abogado peruano propone reforma laboral urgente para formalizar empleo

Rodríguez García recordó que el Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, pilar de la regulación del contrato de trabajo en el régimen privado, lleva cerca de tres décadas sin una reforma integral. El experto señaló que este vacío legal ha generado un ecosistema normativo fragmentado y difícil de navegar tanto para empleadores como para trabajadores.

“Las modalidades previstas en nuestra normativa no solo han sido superadas por las interpretaciones jurisprudenciales, sino que no contemplan las nuevas formas de trabajo, como el trabajo remoto, el trabajo en plataformas digitales y la economía gig”, remarcó Rodríguez García.

El especialista del Área Laboral de Pérez-Llorca, Miranda & Amado identificó tres ejes prioritarios para cualquier reforma. Primero, es crucial revisar el régimen de contratación temporal para incluir las nuevas formas laborales. Segundo, debe actualizarse la estabilidad laboral y el sistema de despido, buscando reglas claras que protejan sin generar un vínculo rígido e inamovible. Finalmente, requiere una regulación precisa sobre la subcontratación o tercerización.

Desafíos estructurales: combatir la informalidad

Sin embargo, para Rodríguez García, el desafío más urgente y determinante es reducir drásticamente la alta tasa de informalidad laboral. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), esta problemática afecta al 70% de la población económicamente activa ocupada.

Este fenómeno se asocia a factores como la excesiva rigidez normativa y los altos costos de la contratación formal, que en el país superan el 60%. Esta brecha impacta directamente a las micro y pequeñas empresas (mypes), las cuales concentran la mayor parte de la informalidad. Para mitigarla, se requiere reforzar la regulación del régimen mype e implementar incentivos administrativos, tributarios y laborales.

Además, el empleo juvenil representa un punto crítico en el mercado laboral. Los jóvenes enfrentan una triple barrera: falta de experiencia exigida por los empleadores, desconexión entre la oferta educativa y la demanda del mercado, y condiciones precarias al acceder a puestos de trabajo.

El desajuste es evidente en las cifras: en 2025, la población juvenil que no estudia ni trabaja (los llamados ‘ninis’) superó los 1.3 millones de personas, cifra que representa el 15% de la población joven. Este problema se agrava porque el desempleo es significativamente más alto entre quienes poseen educación universitaria (7.6%) en comparación con aquellos que solo tienen primaria (1.7%).

Finalmente, para abordar estos retos, Rodríguez García enfatizó la necesidad de fortalecer la función institucional de fiscalización laboral. La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) debe evolucionar su rol más allá de la sanción; debe combinar la inspección con la orientación y el acompañamiento a las empresas en procesos de formalización.

El experto concluyó que la estrategia nacional contra la informalidad exige una coordinación intersectorial donde el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) lidere el diseño de políticas, genere información estadística confiable y conduzca un diálogo social tripartito efectivo.